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16 de Diciembre del 2019
Ideas
Lectura: 6 minutos
16 de Diciembre del 2019
Rodrigo Tenorio Ambrossi

Doctor en Psicología Clínica, licenciado en filosofía y escritor.

Delincuencia política y justicia
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Solicitar que el Estado precautele los derechos personales y ciudadanos de la señora Pabón no quiere decir que se la deje en libertad y, menos todavía, que no se la sindique de crimen alguno, tanto como ella misma, sus abogados y partidarios parecerían entender.

La relación entre la política, la delincuencia y los derechos se ha puesto nuevamente sobre el tapete del discurso. Por una parte, las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno al caso de la señora Pabón, prefecta de Pichincha, encarcelada y acusada de algunos delitos cometidos durante las manifestaciones de octubre pasado han dado lugar a falsas interpretaciones de las mismas. Y, por otra la urgencia de que el país sea un Estado de Derecho al que todos los ciudadanos se hallan sometidos por igual. 

Solicitar que el Estado precautele los derechos personales y ciudadanos de la señora Pabón no quiere decir que se la deje en libertad y, menos todavía, que no se la sindique de crimen alguno, tanto como ella misma, sus abogados y partidarios parecerían entender. Es obvio reconocer que, en ciertos estratos políticos, el ejercicio de la justicia ha llegado a formar parte de un escalofriante cinismo. 

Durante el Correato, se descalificó totalmente la acción de ese mismo organismo porque “nadie estaba en la facultad de intervenir en las decisiones soberanas y jurídicas de un país”. Lo decían a coro los mismos que ahora, desde Bolivia a Caracas, pasando por Quito a la tierra de los Ortega, acudieron a esos organismos para defender a ciertos personajes del correato, como la prefecta de Pichincha. Antes, esos organismos no tenían derecho a intervenir en la soberanía del Estado. Ahora, se acude a ellos en pos de salvación. 

De pronto, alguien pretende que el mundo jurídico del país camine al revés., que enloquezcan sus engranajes lógicos. Un juez del último rincón del país contradice lo que sentencia la Corte Suprema. Un empleadillo de la más alejada loma propone contradecir al presidente de la república y enjuiciar a la Asamblea Nacional. 

¿Qué pasa con la conciencia jurídica del país que, casi de la noche a la mañana, cualquiera, incluidos ciertos jueces inferiores, puede creerse con el poder de desconocer y hacer caso omiso de sentencias sencillamente porque le desagradan o no favorecen a un cliente o a un amigo? Para ciertos líderes políticos aquello de la independencia de la justicia no es más que un mito. ¿Qué virus fatal aparentemente importado de Bélgica pretende invadirnos? 

No es posible que cerremos los ojos y la boca. No es dable que se deje pasar como si nada el hecho de que un juez anule una sentencia de un juez suprior y luego renuncie, curándose en sano, para que ya nadie se moleste en destituirle porque él mismo ya lo ha hecho libre y voluntariamente. 

Solicitar que el Estado precautele los derechos personales y ciudadanos de la señora Pabón no quiere decir que se la deje en libertad y, menos todavía, que no se la sindique de crimen alguno, tanto como ella misma, sus abogados y partidarios parecerían entender.

¿Tan solo deberíamos reírnos de que la defensa de Rosa Chalá amenace con enjuiciar a la Asamblea si no acata al pie de la letra el fallo judicial que ordenó la restitución de su cargo? ¡Qué importa que Tuárez haya sido detenido acusado de millonarias estafas y que mañana un juez lo juzgue y sentencie, si acto seguido no faltará otro juez de un tribunal perdido en la montaña, un juez de buen corazón y translúcida conciencia, que lo declare inocente!  

Lo cierto es que en el país hay un grupo claramente identificado que pretendería que el sistema judicial funcione de conformidad a sus deseos. Es el mismo que hace algunos años convirtió a la justicia en uno de sus grandes botines. En ese entonces, la culpa y el castigo, la verdad y la mentira, la honorabilidad y la falacia tan solo dependían de la subjetividad criterial de un líder y su grupo de jueces convertidos en sus subalternos. 

Es indispensable tener en cuenta que existe una mentalidad profundamente corrompida que se ha propuesto deshacer los ordenamientos simbólicos del país con el propósito de lanzarlo al despeñadero. Un grupo que funciona con las enseñanzas e imposiciones de lo más perverso del correato. 

Nuestra democracia aun es muy débil y en parte vive de la contradicción que el actual régimen no ha enfrentado abierta y sostenidamente. Por lo mismo, se halla en riesgo de ser seriamente afectada por ciertos acontecimientos que poseen un especial valor de significación. 

Si no se juzgase y castigase jurídicamente a la prefecta de Pichincha, entonces, no solo que se borraría con el codo lo que sobre la democracia se escribe y se predica sino que, además, se estarían legitimando nuevas acciones destinadas a desestabilizar la democracia para favorecer el advenimiento de un régimen totalitario y perverso como el de Correa. Vivimos un momento político en el que tan solo nos salvarán procesos sociales y jurídicos profundamente enraizados en la verdad, la justicia y la libertad.

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