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9 de Mayo del 2021
Ideas
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9 de Mayo del 2021
Rubén Darío Buitrón
Democracia amordazada
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Estos legisladores, vinculados con la corrupción o temerosos de que más temprano o más tarde se descubran sus delitos contra el Estado, cometieron gravísimas irregularidades al establecer nuevas proporcionalidades en las penas y al proponer cambios en los textos para facilitar interpretaciones subjetivas de los diferentes artículos aprobados.

¿Cuántos hechos político-delictivos no hubieran salido a la luz si hubiera estado en vigencia la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que acaban de aprobar los desprestigiados legisladores a quienes les falta pocos días para salir de la Asamblea Nacional?

¿Por qué los asambleístas torcieron la idea de convertir en un arma de la lucha anticorrupción la prevención y el combate al Fortalecimiento contra los Delitos Informáticos?

Como si algo faltara en el Ecuador para que el poder legislativo saliente, presidido por un oscuro personaje como César Litardo, se viera en la obligación de salir agachado, por la puerta de atrás, con un vergonzoso dos por ciento de credibilidad (quizás el más bajo de la historia legislativa), una mayoría absoluta aprobó este jueves 6 de mayo, fecha que deberá ser declarada nefasta para el país, la Ley de Violencia Digital.

Y, como no podía ser de otra manera, como suelen actuar entre las sombras, lo hicieron con trampa, sin ninguna vergüenza, pensando solamente en sus intereses personales y no en los del país: el proyecto fue presentado, inicialmente, con la finalidad de proteger a las víctimas de violencia sexual en el entorno digital y contra quienes cometan ciberacoso sexual.

Pero, he ahí la astucia y la oscura manera de manejar los asuntos públicos, a lo largo del debate y del tratamiento del proyecto de ciertos legisladores —quizás como producto del miedo a ser cogidos en falta en irregularidades, negociados e intentos de peculado—, fueron incluyendo y retorciendo artículos que nada tenían que ver con el espíritu de dichas reformas y decidieron, sin ninguna vergüenza y con un descaro que el país nunca debe perdonarles, elementos que, como afirma la organización Fundamedios, implica espantosas vulneraciones a las libertades y a los derechos en el ciberespacio.

Estos legisladores, vinculados con la corrupción o temerosos de que más temprano o más tarde se descubran sus delitos contra el Estado, cometieron gravísimas irregularidades al establecer nuevas proporcionalidades en las penas y al proponer cambios en los textos para facilitar interpretaciones subjetivas de los diferentes artículos aprobados.

El destino de esta trasnochada ley está ahora en manos del presidente Moreno. Todo depende de su sensibilidad frente a una ley mordaza que resta derechos a ciudadanos y medios

La Fiscalía General del Estado (FGE) fue la primera en hacer sonar las alarmas sobre lo que se aprobó. En un comunicado aparecido en redes sociales, la FGE expresó su preocupación “debido a que, al contener disposiciones reformatorias al COIP, mermarían las acciones penales que impulsa esta institución y afecta, de forma directa, la lucha contra el crimen”.

Según explica el documento de la FGE, “dicha ley reforma el artículo 178 y elimina la excepción de la comisión del delito a la violación de la intimidad cuando un individuo divulga grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente  y cuando se trata de información pública, de acuerdo a lo previsto en la Ley”.

La Fiscalía es muy clara en su cuestionamiento: “Esto, de forma evidente, causa un efecto negativo en las investigaciones penales que dirige la FGE, tomando en cuenta que muchas de las evidencias importantes que permiten develar grandes tramas de corrupción, delincuencia organizada y otros tipos penales, se producen y obtienen mediante esta clase de excepciones, contempladas actualmente en la norma penal ecuatoriana”.

En consecuencia, dice la FGE, esta ley elevaría el índice de impunidad, pues dichas actuaciones se consideran ilegales y, por ende, no podrían ser utilizadas como pruebas en los juicios penales.

Se trata, por tanto, de un descaro legislativo que no tiene límites: lo que aprobó la mayoría legislativa saliente es, ni más ni menos, una extrema vulneración de los derechos de los ciudadanos y de las garantías constitucionales.

Tanto fue ese descaro que en el proyecto de ley aprobaron, inclusive, cambios a los artículos que se relacionan con el manejo e incautación de contenido digital que, de ninguna manera, responde a la finalidad original del proyecto.

Lo que indigna, además, es que hayan votado por esos cambios los mismos grupos políticos que durante años se quejaron de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) y la calificaban de “ley mordaza”.

¿Cómo van a llamar ahora lo que acaban de aprobar? ¿Qué pretextos argumentarán para justificar la manera en que han convertido la inmunidad en impunidad? ¿Cómo ocultarán la verdadera esencia de lo que aprobaron, que no es más que protegerse de sus complicidades y delitos presentes o futuros?

Organizaciones de derechos humanos y observatorios de la Asamblea Nacional han advertido que entre los artículos más preocupantes y cuestionados está la pena privativa de libertad de uno a tres años en casos de violación de la intimidad o cuando el contenido de carácter personal que sea divulgado sea extraído de alguna plataforma digital. Una indecorosa manera de decirle al país que ellos son intocables y que ningún indicio que dejen en el cibespacio pueda ser investigado.

La reforma al artículo 396 añade a esa tipificación que toda persona que por cualquier medio, inclusive a través de tecnologías de la información y comunicación, profiriera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, tendrá pena privativa de libertad.

Sin embargo, no es el único artículo cuestionado. Fundamedios ha encontrado gravísimas restricciones a derechos y libertades fundamentales en los artículos 18, 497, 499.

Estos contenidos vulneran la libertad de expresión (con más severidad, artificios y vileza que la LOC), “que es un derecho fundamental en una sociedad democrática que sirve de instrumento invaluable de protección y garantía de los Derechos Humanos, y que tiene impacto no solamente a nivel individual sino también colectivo.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que el derecho a la libertad de expresión puede ser sometido a ciertas restricciones que –para ser legítimas— deben cumplir requisitos desarrollados por los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.

Pero cuando se trata de contenido digital, dice Fundamedios, resulta imprescindible evaluar todas las condiciones de legitimidad de las limitaciones del derecho a la libertad de expresión, a la luz de estas características propias y especiales.

Al momento de establecer la eventual proporcionalidad de una determinada restricción, es imprescindible evaluar el impacto de dicha restricción no solamente desde el punto de vista de los directamente afectados con la medida, sino desde la perspectiva de su impacto en el funcionamiento de la red.

“Una determinada medida restrictiva puede parecer leve si se la estudia solamente desde la perspectiva de la persona afectada. Sin embargo, la misma medida puede tener un efecto devastador en el funcionamiento general de internet y, en consecuencia, en el derecho a la libertad de expresión del conjunto de los usuarios”.

Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en internet -dice Fundamedios- se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la capacidad digital para garantizar y promover la libertad de expresión respecto a los beneficios que la restricción reportaría para la protección de otros intereses.

El destino de esta trasnochada ley está ahora en manos del presidente Lenín Moreno. Todo depende de su sensibilidad frente a una ley mordaza que resta derechos a ciudadanos y medios (es decir, a la sociedad) y trata de poner obstáculos a los instrumentos de investigación de Fiscalía.

Moreno haría olvidar tantos errores y omisiones cometidos en sus cuatro años en el poder y atenuaría su bajísima credibilidad si, al menos, veta esta ley y rinde homenaje a quienes buscan una patria donde la transparencia y la ética sean las columnas que soporten una democracia en construcción, no un Estado represivo y cómplice.

[PANAL DE IDEAS]

Andrés Quishpe
Mario Pazmiño Silva
Rodrigo Tenorio Ambrossi
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Rubén Darío Buitrón
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Alexis Oviedo
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