Siguiendo las ideas de Robert Dahl, uno de los principales teóricos de la Democracia, la democratización es un proceso en que el gobierno posee una continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos sin hacer diferencias políticas de ningún tipo. Cuanto mayor sea la apertura al debate público y a la participación, mayor será la democracia.

Sin embargo, cuando el presidente Correa o sus obsecuentes hablan de democratizar, es para espeluznarse, porque en lugar de ser un proceso que lleve al país a tener mayor democracia, parece que la interpretación que hace el régimen es al contrario. Veamos unos pocos casos.

Se habló, por ejemplo, de “democratizar los medios de comunicación” a través de una Ley supuestamente diseñada para lograr “el desarrollo y la promoción de derechos en materia de comunicación y defender la libertad de expresión”, pero que en realidad es un mamotreto muy mal hecho que restringe derechos, en especial la libertad de expresión (y por ende el debate público), y que ha servido a funcionarios poco aptos, pero prestos a servir al jefe incondicionalmente, para sostener una batalla virulenta contra los medios privados, a través de incesantes multas y de supuestas rectificaciones que, aparte de ser grotescas y mal redactadas, no son más que propaganda de las supuestas bondades del régimen.

Son hasta tal punto violatorias de derechos estas sanciones, que a los medios no les ha quedado otra alternativa que buscar amparo en el derecho a la resistencia consagrado en la Constitución.

Por su parte, los medios incautados, que ya deberían haber sido vendidos, son meras cajas de resonancia del discurso oficial. Y ni se diga de los supuestos medios públicos que no son otra cosa que productores de pasquines al servicio de la verdad correísta.

Mientras tanto, a través de cadenas nacionales y sabatinas, el régimen y el presidente hacen escarnio público de medios y periodistas independientes y de cualquier persona que ose criticar o disentir de la verdad oficial sin que tengan el menor espacio para contestar o defenderse.  ¿Será eso democratizar la comunicación?

Ahora último el régimen nos habla de “la democratización de la riqueza”, a través de dos proyectos de ley que, esencialmente, castigan el éxito y merman las ganas de progresar. Los que además, no fueron consultados ni discutidos con ningún sector, ni siquiera con los empresarios, con los que supuestamente se había abierto un diálogo.

Estos proyectos, de nombres rimbombantes -como es costumbre del oficialismo- elevan a niveles confiscatorios los impuestos a la plusvalía y a la herencia, constituyendo en la práctica una nueva reforma tributaria, que viene a sumarse a las otras 11 que ha habido durante estos 8 años de correato, desincentivando más aun la inversión nacional e internacional. Parecería que lo que se pretende es una redistribución de la pobreza.

El malestar social, macerado en estos 8 años de continuos abusos e imposiciones, estalló frente a esta nueva arbitrariedad y se volcó a las calles, frente a lo cual el correísmo ha debido retroceder (por primera vez en estos 8 años), a fin de rever ambas leyes y supuestamente socializarlas a través de un diálogo que no se sabe bien con quien se mantendrá, puesto que del mismo están excluidos todos aquellos que se oponen, no sólo a la implementación de dos nuevas leyes confiscatorias y restrictivas de derechos, sino a todo el aparataje diseñado por el régimen para evadir el control y la fiscalización y perennizarse en el poder, entre otras cosas (algo que el régimen se niega a entender).

El discurso para no abrir el debate a estos sectores es que son golpistas y conspiradores y que lo que pretenden es una caída del régimen, es decir, la excusa habitual de los gobiernos autoritarios para, por un lado reprimir y por otro, evitar el debate y el consenso, y así dividir al país para seguir reinando, con lo que evidentemente no se está democratizando nada.

Aunque lo dudo, hago votos para que en los difíciles días que se avecinan el presidente y sus adeptos entiendan que la intención de quienes protestan no es terminar con su mandato, si no pedirle urgentes rectificaciones a fin de lograr una verdadera democratización, en la que no se excluya a nadie por sus ideas o inclinaciones políticas.