La consulta popular es un paso importante para desmontar el correísmo corrupto. Aún faltan muchos más. La organización, la movilización en las calles y la propuesta son claves para recuperar derechos.
La segunda pregunta de la consulta popular plantea si estamos de acuerdo en cesar inmediatamente a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y que sus nuevos miembros sean electos por votación popular; designando previamente un Consejo de Participación Transitorio.

Esta pregunta busca sacar del cargo a los siete consejeros correístas que han impuesto mediante la palancocracia al Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo, Superintendentes y que actualmente siguen realizando el concurso para designar el CNE. La presión en las calles hacia la Corte Constitucional hará efectiva la Consulta Popular y posteriormente la masiva respuesta ciudadana por el Sí.

Se plantea que el nuevo Consejo de Participación sea electo por votación popular en el 2019 cumpliendo requisitos de probidad y que las organizaciones políticas no puedan postular candidatos.

Sin embargo en el anexo 3 enviado por el Gobierno a la Corte Constitucional se plantea que habrá previamente un Consejo de Participación Transitorio que será designado mediante siete ternas enviadas por el Presidente Moreno a la Asamblea Nacional, para que esta a su vez designe a siete consejeros los cuales estarán alrededor de un año en el cargo y deberán evaluar en seis meses máximo a las autoridades designadas por el CPCCS correísta, incluso pueden dar por finalizado el período de estas autoridades (Ej. Baca, Jalkh, Ochoa, etc.) En cuyo caso deberán realizar un proceso de selección transparente para nombrar a nuevas autoridades.

Cuando fuimos miembros del CPCCS, junto a Andrea Rivera denunciamos con documentos la ¨palancocracia¨, método por el cual el correato secuestró las instituciones del Estado, también señalamos la gran deuda en el combate a la corrupción ya que una mayoría correísta archivó posibles actos irregulares, además alertamos sobre la restricción a los derechos de participación (850 perseguidos políticos, decreto 16  —ahora el 739—, juicios a veedores, etc.). En ese sentido para que la institucionalidad no pase de un dueño a otro, es necesario democratizar la designación del Consejo de Participación Transitorio planteado en el anexo de la Consulta Popular.

Rescatar el espíritu de la Constitución de Montecristi en el tema participación significa, que los ecuatorianos sean parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. Que la gente sea tomada en cuenta realmente en la elaboración de las políticas públicas, leyes, etc. Es decir, lo contrario a lo sucedido durante el correato.

Por ello propongo al Presidente que en las siete ternas que enviará a la Asamblea Nacional estén hombres y mujeres de las organizaciones sociales de: trabajadores, gremios profesionales, indígenas, estudiantiles, de derechos humanos, colectivos de la sociedad civil, asambleas locales, entre otros sectores populares que han resistido durante estos últimos años al autoritarismo y han ejercido en la práctica los derechos de participación mediante la movilización social, al amparo de lo establecido en los artículos: 95, 96, 98 y 204 de la Constitución.