Los planteamientos del presidente electo de Chile, Gabriel Boric, definen un nuevo concepto de radicalidad. No el que estamos acostumbrados en el Ecuador que se expresa en gritos destemplados ni en los improperios. La radicalidad, la entiende Boric, como “la capacidad de convocatoria, con grandes mayorías que den sentido a sus demandas en el tiempo, y que provea de legitimidad, a través de consensos, a las reformas que den como resultado una vida más justa”.

Alberto Vergara en El País, puntualiza los déficits de la derecha. Sus estrategias contra la izquierda en la región fracasaron en Honduras, en Perú y, últimamente, en Chile. Apeló al anticomunismo, de espaldas al futuro y a la inclusión social.  Otra derecha de carácter gerencial, según Vergara, está “empeñada en reanimar las reformas del Consenso de Washington”. Si bien esta derecha, agrega, “fue crucial para la institucionalización de las democracias en Europa y América latina (…) fracasó por su desconexión con la ciudadanía”.

Tanto la derecha como la izquierda, necesarias para la existencia de una democracia verdadera, están en deuda con la sociedad. Ni la una ni la otra han demostrado capacidad para resolver los problemas más acuciantes que aquejan a nuestros pueblos.

“En términos de resultados”, dice el autor del artículo citado, “no hay un solo tema sustantivo respecto del cual podamos señalar con certeza que la izquierda o la derecha haya sido más eficaz que la otra en la región”.

Este es el gran desafío para gobiernos como el de Boric y el de Lasso. Boric ha tomado distancia de posiciones extremistas y polares. Lasso, para la segunda vuelta electoral, amplió su propuesta de gobierno. En ambos casos está en juego su capacidad de producir resultados. Las banderas ideológicas deben venir acompañadas de realizaciones concretas. 

En Uruguay, afirma Vergara, funciona la alternancia democrática. El presidente Lacalle “no reniega de su liberalismo” pero coexiste con el Frente Amplio. Éste, a su vez, respeta a Lacalle y no le tilda de fascista.

John Stuart Mill, citado en el artículo, abogaba por una sana alternancia, entre un partido del progreso y otro, de estabilidad.  Ello fortalecería tanto a la derecha como a la izquierda, reestablecería la sensatez en ambos bandos, y desterraría las pretensiones recalcitrantes de grupos fundamentalistas que abominan de la democracia y que apuestan a una polarización desgastante, de la que los pueblos terminan siendo víctimas, como se ve en Venezuela, Nicaragua y Cuba. También en el Brasil gobernado por Bolsonaro y en los Estados Unidos de Trump.

El diario La Nación plantea los grandes retos de la izquierda, que ha alcanzado predominio en la región. “Si en las elecciones previstas en Brasil, Colombia y Costa Rica, se cumplen las previsiones de las encuestas, once países de la región estarán en manos de partidos que se consideran de izquierdas”.

La izquierda, por tanto, tiene una oportunidad histórica para demostrar que es capaz de aportar a la prosperidad económica y social de los ciudadanos. Es hora de demostrar que no produce solo agitación ni solamente está preparada para el activismo y la protesta.

¿En qué medida la apuesta electoral de la izquierda a la democracia es puramente táctica con vistas a una estrategia desestabilizadora? 

Las victorias electivas de la izquierda no obedecen a la adhesión de la población a sus postulados ideológicos, sino a la frustración social por la incapacidad de la derecha para impedir el deterioro de sus condiciones de vida, agravadas recientemente por la pandemia de la Covid. Frente a esto la aspiración de la izquierda para gobernar tendrá sentido si abandona la retórica y contribuye al progreso sostenido de la mayoría de la población. Ahí sí podrá denominarse progresista. 

Los gobiernos de América Latina, sean de derecha o de izquierda, requieren de realismo, estabilidad y prudencia, de honestidad y de eficacia. Con el discurso de la revolución o de la administración de la crisis esconden los grandes problemas que demandan soluciones. Las excusas y justificaciones, de lado y lado, rehúyen la asunción de responsabilidades que recaen fundamentalmente en los propios actores gubernamentales.

La contienda entre izquierda y derecha, más que en el terreno ideológico, se está desplazando al campo de las acciones concretas, debidamente coordinadas, en donde sobran las fantasías y los discursos.  La democracia implica una construcción social en la que gobernantes y gobernados asuman sus responsabilidades de manera transparente.  La acción de conciliar los derechos y el orden, el progreso y la estabilidad, el crecimiento económico y la justicia social, supone crear condiciones favorables para lograr grandes acuerdos que permitan avanzar en el corto, mediano y largo plazo.