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31 de Diciembre del 2014
Ideas
Lectura: 9 minutos
31 de Diciembre del 2014
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.

Derecho a la resistencia contra la discrecionalidad
Si la Supercom y demás oficinas gubernamentales quieren castigar todo acto de censura previa, deberán referirse también a lo que señala la CIDH y la convención de la OEA: deberán enjuiciar y sancionar a funcionarios y dignatarios que rompen periódicos en actos oficiales; que cierran diarios privados críticos; todas estas prácticas configuran ejemplos de censura previa. Si ellas no son rechazadas se podría pensar que la condena a la censura previa es discrecional.

El artículo 98 de la Constitución vigente reconoce el derecho a la resistencia a los “individuos y los colectivos (…) frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales”. Este artículo forma parte del título sobre “Participación y organización del poder”.  Admite, sin ambages, que su ejercicio es una expresión de poder individual o colectivo.

El Alcalde de Quito se acogerá a este derecho frente a la imposición por la Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom) de una multa por 3.400 dólares, por considerarlo responsable de un hecho de “censura previa”, por la no trasmisión de un programa radial en dos emisoras municipales. El Alcalde consideró esta decisión una “inocentada”, la calificó de “ilegal, ilegítima y absurda”, “sin pies ni cabeza” y con “claras motivaciones políticas".

La Supercom sustenta la sanción en el artículo 18 de la Ley de Comunicación que prohíbe la censura previa “por parte de una autoridad, funcionario público, accionista, socio, anunciante o cualquier otra persona que en ejercicio de sus funciones o en su calidad revise, apruebe o desapruebe los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación, a fin de obtener de forma ilegítima un beneficio propio, favorecer a una tercera persona y/o perjudicar a un tercero”.

Ignoro las circunstancias en las cuales no fue difundido el programa radial aludido, por ello no me pronuncio respecto de si hubo o no una eventual censura previa. La rechazaría, de plano, si, efectivamente, tal presunción fuera probada.

Sí conozco el contenido del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se refiere a la censura previa, en los siguientes términos:
“Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión
“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
“2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.
“3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
“4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.
“5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.”

Conforme el indicado artículo y según la información proporcionada por Fundamedios, Ecuador habría sido testigo de una continua y constante censura previa el último año, vía diversas agresiones a la libertad de expresión. En su boletín difundido este lunes 29 de diciembre, la organización asegura que en 2014 hubo 113 casos de "decisiones fiscales, judiciales y administrativas arbitrarias" que afectaron la libertad de expresión en el Ecuador. Hubo 48 casos de “agresiones verbales” a periodistas: 9 constituyeron "amenazas" y 37 apuntan a "declaraciones de autoridades y figuras públicas", vía “sistemática estigmatización de periodistas, artistas y líderes sociales por parte de altas autoridades de Gobierno, encabezadas por el propio Presidente de la República” en los sabatinas semanales.

Hubo 35 casos que Fundamedios considera de "uso abusivo del poder estatal", estos se efectivizaron en “15 cadenas dedicadas para descalificar a periodistas o analistas; 15 detenciones ilegales ocurridas en el marco de protestas en contra de las políticas del actual gobierno; y cuatro casos de controles estatales abusivos”. Hubo otros 5 casos de censura previa y 17 de censura en Internet, “con la suspensión de cuentas en Twitter o bajas de contenido como fotografías o video en plataformas como Youtube, la mayoría de ellas propiciadas a través de las acciones de la empresa española Ares Rights, conocida por censurar contenido en Internet relacionado a temas que podrían resultar incómodos al poder”.

El informe de Fundamedios agrega otros 15 casos de “agresiones físicas contra periodistas; 13 hechos de uso abusivo del poder no estatal, es decir de particulares en contra de periodistas y medios; y finalmente se han reportado hasta 8 «Normas, proyectos o impedimentos que dificultan el acceso a la información pública y dificultan el trabajo periodístico»". Finalmente, la ONG menciona el cierre de cuatro diarios “durante julio y agosto: diario Hoy, diario La Hora en Manabí y El Oro y diario El Meridiano de Guayaquil. En el caso de La Hora Manabí, este anunció su cierre tras 16 años de difusión debido a «restricciones impuestas en la Ley de Comunicación y su Reglamento», así como la falta de libertad de prensa, la censura y los pocos anunciantes. Mientras que diario Hoy, liquidado de manera forzosa tras 32 años de vida, denunció que una de las causas para su debilitamiento como empresa fue la aplicación del mencionado cuerpo legal”.

La reseña de Fundamedios da cuenta de casos de censura previa, a la luz de la convención de la OEA, a la que se acoge la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Entonces, si la Supercom y demás oficinas gubernamentales quieren castigar todo acto de censura previa, deberán referirse también a lo que señala la CIDH y la convención de la OEA: deberán enjuiciar y sancionar a funcionarios y dignatarios que rompen periódicos en actos oficiales; que cierran diarios privados críticos; que no entregan publicidad estatal a ciertos medios; que tratan de descalificar con fondos públicos a muchos ecuatorianos por discrepar con las versiones oficiales; que prohíben a empleados del sector público, como ministros y otros, entregar información a través de los medios privados. Todas estas prácticas configuran ejemplos de censura previa. Si ellas no son rechazadas se podría pensar que la condena a la censura previa es discrecional. 

En diciembre de 2012 el Municipio de Quito resolvió trasladar el escenario del concurso de los años viejos, de la avenida Amazonas a la Tribuna del Sur. Al tenor de la Ley de Comunicación, ¿aquella decisión fue una censura previa, dado que privó a miles de moradores de Quito de disfrutar de una actividad, vigente por tres décadas, y que se había vuelto tradicional en Quito: participar en una celebración de la cultura popular? Hoy, el Municipio levantó esa prohibición y la Amazonas volverá a ser teatro de esta costumbre tan ecuatoriana. Además, no afectará los derechos de otros residentes en Quito: mantendrá el concurso de años viejos al sur.  ¡Excelente!

[PANAL DE IDEAS]

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