En los distintos períodos históricos, los océanos han sido uno de los ejes fundamentales para el desarrollo de las sociedades y las naciones, no únicamente como un medio de acceso a mercados y recursos sino, en varios casos, también como un elemento de expansión de soberanía nacional.

El Ecuador, a pesar de ser un país marítimo por excelencia —su territorio marítimo podría llegar a ser cinco veces más extenso que su territorio continental— ha descuidado por décadas el desarrollo de su poder marítimo y naval. Los problemas limítrofes con el vecino país del Sur hicieron que los esfuerzos nacionales sean direccionados a la parte oriental del país. Esto, adicionado a una frágil economía, una limitada producción nacional y la falta de interés y desconocimiento de la élite política sobre el potencial que los mares representan en tiempos de globalización, son las principales limitantes que han impedido el progreso y desarrollo de lo marítimo en nuestro país.

De acuerdo con el inglés Halford J. Mackinder, se podría decir que el Oriente ecuatoriano fue el heartland o núcleo vital que direccionó la política exterior y de defensa del Estado durante el tiempo que duró el conflicto limítrofe. El Ecuador se había visto a sí mismo como un país amazónico cuya utópica pretensión de proyectarse al Atlántico derivó en el descuido de su privilegiada posición geográfica como país ribereño en el Pacífico, alejándose por sí mismo de la capacidad de proyección hacia la cuenca del Pacífico, incluyendo Asia y Norteamérica.

Ahora bien, distintas amenazas asimétricas como son el narcotráfico, la piratería y la pesca ilegal, entre otras actividades ilícitas, han aprovechado el potencial que brinda el mar como un medio eficiente para el cumplimiento de sus objetivos ilegítimos. Estos grupos ilegales se sirven de la falta de control del territorio, a causa de una capacidad operativa sumamente limitada, para el cometimiento de los ilícitos. En tal sentido, el Ecuador ha buscado ciertos mecanismos para preservar sus intereses nacionales y acortar el diferencial de control existente, para lo cual ha implementado una serie de acciones unilaterales y bilaterales de cooperación que procuran la protección de este espacio vital.

En ese marco el Gobierno ha concebido una Estrategia de Seguridad Marítima denominada Triángulo de Seguridad, tesis semejante a la propuesta por el almirante chileno, Martínez Busch, referente al mar presencial, de la cual aún no se conocen públicamente todos sus elementos, pero que desde ya se podrían prever ciertas dificultades en cuanto a la consecución de objetivos verdaderamente importantes.

Alfred T. Mahan, uno de los estudiosos clásicos del mar, sostenía que la naturaleza del poder marítimo está conformada por dos componentes fundamentales que otorgan al mar una real dimensión política, económica, social y estratégica, siendo estos: a) los intereses marítimos; y, b) el poder naval. Para alcanzar dicha dimensión estos dos componentes deberían complementarse y armonizarse mediante una adecuada conducción política por parte del Gobierno.

Desafíos sustantivos

Partiendo de este postulado, los principales desafíos que tendría por delante nuestro país para el efectivo desarrollo del poder marítimo son tres: una acertada definición de los intereses marítimos; la concepción de una estrategia que observe los retos a corto plazo con la destreza de prever las consecuencias a largo plazo; y por último pero el reto más crítico de sobrepasar, la recuperación del poder naval. Únicamente la superación de estos retos permitiría alcanzar un real poder marítimo que contribuya con la consecución de los objetivos de seguridad nacional y a la vez brinde las condiciones necesarias para expandir las fronteras comerciales y explotar la potencialidad de los mercados mundiales.

En cuanto a la definición de los intereses marítimos, estos son los atributos del mar que el Estado los consideraría esenciales para su prosperidad y conseguirlos aporta al aseguramiento de los intereses nacionales dentro de un escenario global cada vez más complejo e interdependiente. A pesar de que en el Libro Blanco de la Defensa 2018 se exponen los intereses nacionales de defensa y seguridad nacional, hace falta la declaración específica de los intereses marítimos, los cuales deberían estar relacionados con el comando del mar, es decir, el control de las comunicaciones marítimas con fines militares o comerciales.

Asimismo, de acuerdo con el ambiente estratégico internacional, la estrategia que se conciba debería respaldar a los objetivos de defensa y seguridad nacional, los intereses económicos y comerciales del país, así como con la protección de los recursos naturales. Para lograr esto es mandatorio el análisis e integración eficiente de fines y medios, así como la combinación casi perfecta de las distintas variables que hacen parte del planeamiento estratégico. Una estrategia coherente permitiría diseñar, organizar y emplear el poder marítimo de acuerdo con las necesidades dominantes actuales, pero con una clara proyección hacia el futuro.

Sobre el poder naval, éste es el componente militar encargado de la defensa de los intereses marítimos y que a su vez está constituido por la fuerza y la posición estratégica. El Ecuador posee una ventaja estratégica natural. La zona insular, el conjunto de bahías, puertos y accidentes geográficos brindarían a los estrategas la oportunidad de construir una superioridad relativa sobre el control de las comunicaciones marítimas, así como el predominio del teatro de operaciones en caso de necesitarse.

Sin embargo, esta ventaja no haría ningún sentido si no se concentran los esfuerzos en fortalecer la fuerza y así recuperar el poder naval. Las Fuerzas Armadas, incluyendo la Armada del Ecuador, han optado como método de planeamiento estratégico el llamado planeamiento por capacidades. Desde la visión económica, este método proporciona un fundamento sólido para la toma de decisiones sobre adquisiciones de sistemas e infraestructuras, generando la necesidad de combinar la incertidumbre estratégica con el presupuesto real que un país puede asignar a la defensa, para lo cual se enfoca en la selección de escenarios y en la definición de las capacidades operacionales necesarias ante una potencial amenaza.

El resultado esperado sería la optimización y racionalización de recursos para adquisiciones, procesos de modernización de medios, mantenimiento y empleo. No obstante, en contraposición a lo mencionado, el restringido porcentaje ejecutado en inversiones con respecto al total del gasto militar (alrededor del 5%) hace imposible cumplir con el objetivo esperado. Por tanto, si continúa la estructura del gasto como hasta el momento, la recuperación del poder naval (lo propio para el poder terrestre y aéreo) no pasará de ser más que un apetecido anhelo.

Ante las condiciones de anarquía, autoayuda y balance de poder que aún caracterizan al sistema internacional —las actuales tensiones en Oriente Medio revelan estas condiciones—, prolongar del desarrollo del poder marítimo ecuatoriano significaría poner en alto riesgo los intereses nacionales, auto imponiéndose una desventaja ante potenciales disputas del territorio marítimo que cada vez aumenta en frecuencia e intensidad a escala global.