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22 de Junio del 2020
Ideas
Lectura: 4 minutos
22 de Junio del 2020
Giovanni Carrión Cevallos

Economista y Magister en Estudios Latinoamericanos.
@giovannicarrion

Deterioro del mercado laboral
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En un escenario de contracción de la demanda agregada de la economía, es necesario estimular el consumo y, para ello, se deben reducir impuestos y asegurar, más bien, la capacidad de compra de las familias protegiendo precisamente los salarios.

La crisis que vive el país se ha visto exacerbada con la llegada de la pandemia del coronavirus como resultado de la paralización o ralentización de muchos sectores productivos y de servicios. Recordemos que los pronósticos respecto a la evolución de la economía doméstica, previo a la covid-19, fueron poco alentadores. Tanto es así que al cerrar el año 2019 se constató una variación del PIB de apenas el 0.1% lo que expresa estancamiento y, consecuentemente, deterioro del mercado laboral.

Según cifras oficiales, a diciembre de 2019, en el ámbito nacional, la población económicamente activa (PEA) en el Ecuador, llegó a 8.099.030 personas de las cuales, el 38,85% se etiquetaba como empleo adecuado, es decir, que al menos ganaban un salario mínimo (USD. 400) y laboraban igual o más de 40 horas a la semana. Lo restante, que agrupa al subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno, empleo no clasificado y desempleo, sumaba el 61.15% de la PEA, es decir, reunía a 4.952.734 de angustiadas almas que no tienen la certeza de obtener un ingreso que les permita al menos satisfacer sus necesidades más elementales. Es decir, de cada 10 personas que forman parte de la PEA apenas 4 tienen un empleo pleno, mientras las restantes 6 transitan en la informalidad, falta de empleo u otras formas de precarización del trabajo.

Y si esto lo analizamos desde la óptica de género, la estadística refleja, para el último año, que la tasa de desempleo es 1.3 puntos porcentuales mayor en las mujeres que en los hombres, al ubicarse en el un caso en 4.6% y en el otro en 3.3%.

En un escenario de contracción de la demanda agregada de la economía, es necesario estimular el consumo y, para ello, se deben reducir impuestos y asegurar, más bien, la capacidad de compra de las familias protegiendo precisamente los salarios.

De otro lado, si revisamos los guarismos en el sector rural, encontramos que el mercado laboral se muestra mucho más afectado. Así, el empleo adecuado llega apenas al 20.65% de su PEA en tanto la restante población, es decir, el 79,35% se halla inmerso en el subempleo, desempleo y otras formas de empleo no pleno o no remunerado. En resumen, en el campo, de cada 10 personas que forman parte de su PEA, 2 tienen empleo pleno y 8 sobreviven en condiciones de precariedad.

Como se advierte, en el mercado laboral se refleja con claridad la debacle económica. Ahora, dependiendo de la duración de la crisis sanitaria y, consecuentemente, del cierre total o parcial de la economía, se estiman diferentes escenarios con pérdidas del empleo pleno que van, según el BID, desde los 245.411 a 453.067 puestos de trabajo.

Dadas estas condiciones adversas, en las que se registran más de 180 mil casos de contratos terminados en lo que va de la emergencia sanitaria en el país, resulta fundamental que el Estado y empresa encaminen sus esfuerzos y acciones a la defensa de las plazas de trabajo y no recarguen, como lamentablemente está sucediendo al momento, el mayor peso de la crisis en la fuerza laboral, vía despidos y reducción de remuneraciones.

En un escenario de contracción de la demanda agregada de la economía, es necesario estimular el consumo y, para ello, se deben reducir impuestos y asegurar, más bien, la capacidad de compra de las familias protegiendo precisamente los salarios.

Una cuestión apenas de lógica que al parecer no es tan evidente en la esfera de poder gubernamental y menos en los grandes grupos económicos.

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