Quiero exponer mi sentir y el de DIVERSIDAD, Red LGBTI Ecuador, conglomerado de activistas del cual soy vocera y que está a la cabeza de la campaña por el Matrimonio Civil Igualitario en Ecuador, con ocasión del almuerzo sostenido entre el Presidente Rafael Correa y algunos/as activistas LGBTI.

Las deudas que el Estado tiene en materia de derechos hacia las poblaciones LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) no son de ahora, son de siempre. Los avances en derechos LGBTI que se han dado a lo largo de los años, aunque han sido importantes, aún son escuetos en comparación con el acelerado ritmo y alto nivel con el que otros países, como México, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay, los han reconocido, generando así leyes, políticas públicas y jurisprudencia que han incidido en generar condiciones dignas para el desenvolvimiento de las personas LGBTI en su diario devenir.

El proceso de la “Revolución Ciudadana” generó muchas expectativas en quienes hacemos activismo LGBTI, pues vimos con esperanzas los compromisos y declaraciones del Presidente Correa para superar las estructuras sociales machistas y erradicar la discriminación; inclusive, pidiendo disculpas a las poblaciones LGBTI por haber utilizado en una sabatina, términos de contenido peyorativo, que hacían alusión al menoscabo de nuestra orientación sexual.

También vimos con total entusiasmo, la voluntad de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional del período 2009-2013, presidida por Virgilio Hernández, para que organizaciones y activistas LGBTI presentemos propuestas de reforma a la Ley del Registro Civil. De ahí que, luego de un proceso de diálogo sostenido, dicha Comisión aprobó en octubre de 2012 un informe para primer debate, que incluía la propuesta de nuestras/as compañeras/os de visibilizar su género en la cédula; y la obligatoriedad del Registro Civil de registrar las uniones de hecho.

Lamentablemente, toda expectativa que tuvimos en su momento no ha sido aterrizada en acciones concretas que favorezcan nuestros derechos. Así, el proyecto de reforma del Registro Civil no pasó del informe de la Comisión de Gobiernos Autónomos de aquel entonces y la electa Asamblea Nacional lo dejó en la congeladora. De igual forma, el discurso del Presidente Correa pasó de defender la no discriminación hacia desconocer nuestras realidades y derechos.

La situación de las poblaciones LGBTI de antes del proceso de la “Revolución Ciudadana” a la actualidad sigue siendo la misma. La diferencia es que ahora contamos con mayor presencia en la opinión pública, pero no por mérito de este Gobierno, sino por el trabajo incansable de activistas LGBTI y del apoyo de los medios de comunicación.

La “Revolución Ciudadana” está en deuda con las poblaciones LGBTI, partiendo del hecho de que no ha cumplido con la Constitución y lo propuesto en su Plan de Gobierno 2013-2017, cuya propuesta 16 en su línea de acción correspondiente a derechos LGBTI manifestaba: “Avanzar en las políticas antidiscriminatorias hacia el colectivo de Lesbianas, Gais, Transgéneros y Bisexuales (LGBT). Llevar adelante campañas de sensibilización, facilitar los trámites de consolidación formal de parejas de hecho y establecer protocolos de prevención y atención frente a violencias contra este colectivo”.

La “Revolución Ciudadana” está en deuda frente al reconocimiento de la unión de hecho como estado civil, a pesar de que el artículo 68 de la Constitución la eleva a la misma categoría del matrimonio, al establecer que la unión de hecho “generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio”. Sin embargo, como bien lo demuestra el caso de Diana Maldonado y Maribel Serrano, el Registro Civil se niega a inscribir la unión de hecho de la pareja en sus cédulas, a pesar de que existen dos fallos favorables de juezas que lo obligan a hacerlo.

Que la unión de hecho no sea reconocida como lo que es, un estado civil, no solo perjudica a las parejas homosexuales unidas de hecho, sino a todas las parejas heterosexuales que optan por esta figura para “legalizar” su vínculo, diluyendo la efectividad de los derechos que derivan de su reconocimiento como son las prestaciones sociales, desde lo más básico como la extensión de cobertura de salud, hasta el cobro del montepío al fallecimiento de la pareja; cruzando por los derechos a la copropiedad de bienes comprados entre ambas/os, a heredar, a autorizar tratamientos e intervenciones quirúrgicas si el otro/a sufre un accidente, a la visita conyugal si está preso, y un largo etc. Además, al no constar la unión de hecho en la cédula, los notarios y otros funcionarios no podrán corroborar el estado civil de quien se presenta a celebrar contratos y declaraciones que pongan en riesgo a su pareja y su familia, como por ejemplo, otra unión de hecho o la venta de los bienes de su patrimonio familiar.

La “Revolución Ciudadana” está en deuda ante el reconocimiento e inscripción de hijos/as de parejas del mismo sexo unidas de hecho, como es el caso de Satya. Esta niña no es hija de madre soltera, es hija de una pareja de mujeres unidas de hecho, que decidió concebirla por mutuo acuerdo a través de un proceso de maternidad asistida; ciertamente, Nicola es la madre biológica de Satya; pero Helen también es su madre por ser quien convive y comparte con Nicole las mismas responsabilidades frente al cuidado y desarrollo de Satya. La voluntad procreacional reconocida en otros países suple el vínculo biológico en materia de paternidad y maternidad, y convierte a Nicola, Helen y Satya en una familia diversa, reconocida por la Constitución, en su artículo 67, pero negada por servidores públicos que no aplican la Carta Magna sino que anteponen sus dogmas y prejuicios.

La “Revolución Ciudadana” está en deuda frente a la existencia de centros clandestinos en los que se encierra a personas con orientación sexual diversa, sobre todo mujeres, para ser torturadas con el pretexto de ser “curadas”. Seguimos conociendo de estos trágicos casos, a pesar del compromiso del Ministerio de Salud de erradicar esta situación.

La “Revolución Ciudadana” está en deuda frente al reconocimiento de la identidad trans. Recordemos que las personas transgénero y transexuales, a pesar de que su identidad está reconocida y sus derechos garantizados en la Constitución, siguen teniendo en sus cédulas el sexo biológico con el que nacieron y no su identidad de género. Nos tomamos las palabras escritas sobre este tema en el informe para primer debate de la Comisión de Gobiernos Autónomos, congelado desde finales del 2012: “garantizar el derecho que tienen los grupos GLBTI a reivindicar su auto identificación eliminando aquellas barreras legales que establece la vigente ley”. Además, las personas trans son altamente discriminadas en los espacios laborales como se evidenció en el caso Sweet & Coffee, y sufren los riesgos de la inseguridad y violencia, pues a pesar de que existe el tipo penal para sancionar discriminación, agresiones y asesinatos a la población trans, aún no ha sido efectivizado por la justicia ecuatoriana. Son producto de esta falta de garantías que las compañeras trans sean obligadas a votar en la fila de hombres en los comicios electorales y que las mujeres trans privadas de la libertad sean recluidas en cárceles de hombres.

La “Revolución Ciudadana” está en deuda con nosotras y nosotros cuando solo existe la unión de hecho para legalizar nuestras uniones estables y significativas. Con eso nos está diciendo que NO somos suficientemente buenos/as para acceder al matrimonio y al reconocimiento social y jurídico que deviene de esta figura. Y que no nos saquen a relucir al artículo 67 de la Constitución que establece que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer como pretexto, porque hemos visto cómo se plantean enmiendas constitucionales a temas del gusto del Ejecutivo y no de temas que significan la ampliación de derechos.

La “Revolución Ciudadana” está en deuda ante el establecimiento de políticas públicas que garanticen condiciones de vida dignas de las poblaciones LGBTI en lo que respecta a acceso a vivienda, trabajo, educación y salud.

El que las personas pertenecientes a la diversidad sexo-genérica estemos condenadas a ser ciudadanos y ciudadanas de segunda evidencia del fracaso de este Gobierno y su ideal izquierdo-revolucionario, pues no se puede hablar de izquierda y de revolución si son más fuertes los dogmas religiosos y los prejuicios sociales al momento de garantizar derechos para una parte de la población ecuatoriana que ha sido tradicionalmente discriminada y marginada. Vemos con pesar que el eslogan de “Avanzamos Patria” no nos incluye a nosotras y nosotros.

Saludo, sin embargo, la iniciativa del Presidente Correa de reunirse nuevamente con algunos/as activistas LGBTI. El auténtico activismo persigue metas concretas, no protagonismos personales. Por eso, independientemente de las organizaciones y activistas que han sido invitados/as a esta reunión, hago un llamado público para que estas reuniones tengan como finalidad el compromiso auténtico del Gobierno para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones LGBTI y el reconocimiento de nuestros derechos, de TODOS nuestros derechos, pues preponderar unos sobre otros evidencia una penosa miopía y una intencionalidad de dividir a las organizaciones LGBTI. Lamentablemente, hay activistas que se prestan a este juego que finalmente nos perjudica a todos y todas. Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pues todas las luchas por nuestros derechos llevan a conseguir la tan añorada igualdad.