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23 de Enero del 2020
Ideas
Lectura: 10 minutos
23 de Enero del 2020
Pablo Piedra Vivar

Abogado por la PUCE; LL.M. En American University, WCL. Docente universitario; defensor de derechos humanos y derechos de la naturaleza; Vocero del Colectivo Yasunidos.

Diana Atamaint a juicio político
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¿Cabrera y Acero también tienen responsabilidad? Sí. Pero este argumento no debería alcanzar para salvar a Diana Atamaint de su destitución. En Ecuador debemos acostumbrar a los funcionarios públicos a hacerse responsables de sus actos.

En estos días se está llevando a cabo el juicio político a Diana Atamaint. Ella no es solo una de las 5 consejeras del Consejo Nacional Electoral, también es su Presidenta, y como tal es la representante de la Función Electoral, función que tiene el mandato de ser la garante de los derechos de participación y del sufragio en el Ecuador, representa a la función del Estado responsable de asegurar elecciones transparentes y democráticas en el Ecuador.

En el transcurso de este juicio político se demostró, con abundantes pruebas por parte de sus interpelantes Jeannine Cruz y Fernando Flores, cómo, en los últimos 12 años, el CNE incumplió con su misión condenando al Ecuador a ser un Estado con una democracia  fallida. Nos hemos enterado como en el cantón Jama y en la Provincia de Los Ríos, al menos, se habrían negociado elecciones. Estas actuaciones no son nuevas y han ido empeorando con los años. En el 2014, por ejemplo, la administración de la Función Electoral de ese momento produjo, en el cantón Chaguarpamba, de la Provincia de Loja, una serie de acciones, que provocaron un presunto fraude en las elecciones de ese cantón, anulando urnas seleccionadas para lograr declarar vencedor al candidato oficialista (AP), en perjuicio del señor Darwin Diaz, que en ese momento era candidato del movimiento local APLA, quien habría ganado las elecciones sino se producían estos actos fraudulentos en contra de la voluntad popular (El caso fue llevado a la CIDH). Estas prácticas, cada vez más descaradas, han continuado hasta las últimas elecciones, bajo la actual administración del CNE, como han demostrado los interpelantes del juicio político, en las Provincias de Los Ríos y Manabí, bajo la administración del actual CNE ¿Qué confianza podemos tener que en el resto de provincias, cantones y parroquias no se hayan producido también este tipo de actos fraudulentos?

Por la incapacidad de garantizar elecciones libres y transparentes en el Ecuador el CPCCS – T, presidido por el Dr. Julio Cesar Trujillo destituyó a los Consejeros del CNE y del TCE. Con la finalidad de tener un organismo transparente, que garantice derechos y la democracia, se nombró un nuevo CNE. Sin embargo, gracias a la mayoría conformada por José Cabrera, cercano al PSC, Estela Acero auspiciada por el correismo y Diana Atamaint, ahora alineada al gobierno de Lenin, esto no se logró, llegaron al CNE para administrarlo en favor de sus intereses, no para cambiarlo.

¿Cabrera y Acero también tienen responsabilidad? Sí. Pero este argumento no  debería alcanzar para salvar a Diana Atamaint de su destitución. En Ecuador debemos acostumbrar a los funcionarios públicos a hacerse responsables de sus actos. La incapacidad y la corrupción, deben traer consigo responsabilidades de orden político, civil, penal y administrativo, según sea el caso. La corrupción y la incapacidad deben tener un costo muy alto para los políticos y autoridades, caso contrario seguiremos siendo víctimas de su torpe arbitrariedad y corrupción. Ante estos casos los cálculos politiqueros no deberían ser una razón para absolver a estos funcionarios, como ocurrió hace poco en los juicios políticos a las ex ministras Espinosas (Relaciones Exteriores y Salud).

¿Cabrera y Acero también tienen responsabilidad? Sí. Pero este argumento no  debería alcanzar para salvar a Diana Atamaint de su destitución. En Ecuador debemos acostumbrar a los funcionarios públicos a hacerse responsables de sus actos.

En este juicio político también se han ventilado las actuaciones de Atamaint frente a las violaciones del CNE de Domingo Paredes, Paul Mena y compañía, al derecho de participación de las más de 750 000 personas que firmaron a favor de la consulta propuesta por YASunidos. Las actuaciones de Atamaint en este caso constituyen, a su vez, más violaciones a estos derechos y buscan consolidar la impunidad en el caso YASunidos. Con esto Atamaint demostró que prefiere afianzar su puesto en el CNE, que proteger los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados y el Yasuní, derechos que antes decía defender.

El Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T), presidido por el Dr. Gustavo Vega, y del cual Atamaint ya era Consejera, resolvió crear una Comisión Auditora para que realice un informe independiente al proceso administrativo realizado para procesar la consulta popular que solicitaba YASunidos. La Comisión estuvo conformada por Diego Zambrano, delegado del Pleno del CNE; Claudia Storini, delegada de la Academia; y, Simón Espinosa Cordero, delegado de la Comisión Nacional Anticorrupción. En su informe, que fue presentado al pleno del CNE – T la Comisión incluyó en sus conclusiones las siguientes:  que la normativa reglamentaria expedida por el CNE, al proceso de la consulta de YASunidos debe ser tenida por ineficaz e ilegitima porque fue dictada para obstaculizar el ejercicio de este derecho de participación política; y, que recomienda al Consejo Nacional Electoral extender el correspondiente certificado relativo al cumplimiento del número de firmas necesarias para la realización de la consulta popular promovida desde el YASunidos.

El 15 de noviembre de 2018, el CNE-T, resuelve, en su Resolución PLE – CNE – 10 – 15 – 11 – 2018 – T, acoger el informe de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del CNE, que a su vez acoge ciertas conclusiones del informe de la Comisión independiente antes mencionado, y establece que el proceso aplicado para la verificación de firmas presentadas por el colectivo YASunidos no aplicó los principios constitucionales y que esto obstaculizó el ejercicio de los derechos de participación.

El CPCCS – T en su Resolución del 20 de marzo de 2019, PLE – CPCCS – T – E – 318 – 20 – 03 – 2019, sustentada en los informes arriba mencionados, resolvió que: El CNE violó los derechos de quienes firmaron en favor de la consulta solicitada por YASunidos; exhortó a los nuevos Consejeros del CNE que reparen las violaciones y se emita el informe favorable de legitimidad democrática para continuar con el proceso de consulta popular.

Frente a estas resoluciones ¿Qué hizo el CNE presidido por Diana Atamaint? En un inicio ignoró las mismas y las varias solicitudes de YASunidos para que se cumplan esas Resoluciones; posteriormente, obligados por sentencias emitidas por el TCE, el CNE, con el voto y liderazgo de Atamaint, decidió tratar de enterrar una vez más la consulta. Entre los argumentos presentados por Atamaint y su mayoría, para no dar paso a la Resolución del CPCCS – T, estaba el siguiente: que la persona que solicitó la consulta fue el Dr. Julio Cesar Trujillo y nadie más está legitimado para solicitarla. De esta manera, Atamaint utilizó el fallecimiento del Dr. Julio Cesar Trujillo para violar una vez más los derechos de los más de 750 000 firmantes, y de paso tratar de enterrar también una de las últimas luchas del Dr. Trujillo. Este argumento fue rechazado en la última sentencia sobre este caso dictada por el TCE, determinando que el CNE vulneró los derechos de YASunidos al negar la legitimidad activa de los demás miembros del colectivo (Sentencia TCE 888 – 2019 de 21 enero 2020).

El otro argumento utilizado por Atamaint y su mayoría, es que el CNE y el TCE ya resolvió negar la consulta en el 2014, y que el actual CNE ya no puede hacer nada al respecto. De esta manera la mayoría de Atamaint se escondió tras las faldas del CNE de Domingo Paredes, para continuar vulnerando los derechos de participación de quienes apoyaron la consulta en el Yasuní. Se olvidan de las resoluciones antes mencionadas, y se olvidan que la Constitución les obliga, a garantizar, sobre todas las cosas, los derechos constitucionales de las personas que habitan en el Ecuador.

Adicionalmente, y de manera insostenible, en su comparecencia a la Asamblea Atamaint mintió al decir que el caso de YASunidos está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por esa razón ya no podrían hacer nada. El caso aún no pasa el filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y todavía no está en la Corte. De todas formas, nada de eso es un obstáculo para que funcionarios responsables reparen estas vulneraciones antes de que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos declare la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano. Lo que ha hecho la mayoría dirigida por Atamaint en este caso, es profundizar las violaciones, y agravar la posible responsabilidad del Estado.

No sé, si en el 2014, Diana Atamaint se imaginó ser la defensora, junto a socialcristianos, correistas, Lenin Moreno y sus operadores políticos, del nefasto legado de Paredes, Mena, Pozo y otros en el CNE, pero, sin duda alguna, lo está haciendo muy bien.

En este juicio político veremos cuáles son los asambleístas y Partidos que están comprometidos con la defensa de la democracia, con la lucha contra la corrupción, y cuáles son los asambleístas y Partidos que prefieren sacrificar la democracia y aceptar la corrupción, con tal de acumular poder y congraciarse con las autoridades de turno.

[PANAL DE IDEAS]

Rodrigo Tenorio Ambrossi
Patricio Moncayo
Carlos Rivera
Carlos Arcos Cabrera
Ricardo Martner
Fernando López Milán
Mauricio Alarcón Salvador
Patricio Crespo Coello
Alfredo Espinosa Rodríguez
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