Aquellas palabras que denigran a las mujeres, aquellas imágenes donde las mujeres son tratadas como objetos, aquellos chistes que menosprecian a las  mujeres, y, ante todo, aquel silencio cómplice del machismo, son también responsables de la muerte de Diana y de la violación a Marta. Esa sociedad machista que culpa a las mujeres por su forma de vestir o por estar en un lugar, también es responsable del asesinato y de la violación, los cuales nos han consternado y nos enlutan como sociedad.

En relación al indignante crimen en Ibarra, la primera respuesta desde el Ejecutivo fue errada. El Ejecutivo sigue actuando reactivamente, la primera respuesta del Gobierno fue xenofóbica y desinstitucionalizada. Erradamente, se busca chivos expiatorios, se responsabiliza a los extranjeros por un crimen que es fruto del machismo. Señor presidente y personas xenofóbicas: la razón de los crímenes no es la nacionalidad; así como la violación no es culpa de “los ecuatorianos” por la nacionalidad de los tres violadores. Conformar brigadas y exigir documentos imposibles de obtener (pasado judicial apostillado) exacerban la xenofobia. El propio vicepresidente de Ecuador, en su mensaje a la Nación, reconoce que el Gobierno venezolano se niega a compartir información de “las bases de datos” sobre los antecedentes de los migrantes ¿cómo exigirles a ellos, que vienen huyendo de la violencia, un pasado judicial? ¡Las personas venezolanas que vienen requieren protección!  Pero el vicepresidente también dijo algo muy acertado “la violencia machista no tiene nacionalidad”.

La respuesta errada del Ejecutivo también afecta a la institucionalidad policial, principalmente a aquellos policías de servicio urbano que se convirtieron en los otros chivos expiatorios, y a quienes se los responsabiliza por el resultado de una falta de políticas públicas y un marco jurídico, adecuados a los riesgos que existen en materia de seguridad pública. En sus primeras declaraciones, el Director de Operaciones de la Policía Nacional, de forma apresurada, manifestó que asumen la “responsabilidad por el incumplimiento de algunos pasos en el protocolo de comando de incidente”. De igual manera, la Ministra del Interior habla de “una serie de errores”. La Ministra y el Director de Operaciones llegan a estas conclusiones sin que exista una debida investigación sobre los hechos ocurridos. ¿Cómo se pretende generar seguridad jurídica para los miembros de la Policía Nacional con estas desacertadas declaraciones? La Policía Nacional requiere un marco jurídico claro, una formación integral y equipamiento adecuado, para enfrentar este tipo de riesgos. El marco jurídico debe garantizar su derecho a emplear progresiva y proporcionalmente la fuerza, el Ecuador carece de una ley al respecto, tan solo existe un acuerdo ministerial cuando, insisto, el uso de la fuerza bajo parámetros de derechos humanos se lo debe regular por ley. Además, se debe analizar el equipamiento con el que contaban los miembros de la Policía, por ejemplo, ¿contaban con armamento no letal de energía conducida? En relación al armamento no letal para atender este tipo de eventos, la ministra María Paula Romo manifestó “esa es una compra en la que venimos trabajando hace algún tiempo”, es decir, aún no cuenta con este tipo de material que exige el propio Manual para Operaciones de la Policía Nacional (2014). El referido Manual también señala que cuando una persona no se desiste de su intención de causar la muerte o lesiones graves, la policía tendrá la necesidad de realizar un disparo, mismo que debe ser selectivo y específico a la persona que genera el riesgo. El Manual también señala que, en esos casos, “debe existir un equipo especial de respuesta”, el cual debe “tener un entrenamiento muy amplio en la realización de un disparo confinado”.

En las investigaciones se debe analizar si se contaba con referido equipo y se debe determinar las responsabilidades en caso de que no se lo haya implementado. Preliminarmente, se conoce que en Ibarra hay presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOE); sin embargo, ese día, los agentes operativos del GOE se encontraban en una intervención de búsqueda y rescate de personas extraviadas. Por lo que también se debe analizar las funciones que cumplen y cuáles deberían cumplir los miembros de la fuerza pública con formación especializada. También se conoce que los agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que cuentan con francotiradores, llegaron a Ibarra tras el lamentable asesinato. Aparentemente, tampoco se contó con equipos especializados en negociación, quienes cuentan con esa formación son los miembros de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase). En las investigaciones también se debe analizar la preparación psicóloga de los miembros de la Policía, específicamente se debe evaluar si contaban con la capacidad y capacitación para percibir de forma correcta las agresiones. Similar valoración se debe realizar sobre las técnicas de negociación con las que contaba el personal policial que participó.

Adicionalmente, es necesario un sistema judicial eficaz que realmente proteja a las víctimas. Poco se ha dicho sobre la responsabilidad del sistema judicial en este caso. La ministra Romo manifestó que “al parecer había algunas llamadas anteriores, un proceso en la Junta de Protección de Derechos de la Niñez en la ciudad de Ibarra”. Se debe investigar cuáles fueron las acciones y omisiones de quienes conocieron estos antecedentes de la violencia.

Finalmente, el crimen ocurrido en Ibarra ha develado varios problemas y el abandono por parte de las autoridades nacionales. En la declaración conjunta, varios alcaldes imbabureños destacaron la presencia de la Ministra dado que no habían tenido la oportunidad de reunirse con autoridades del gobierno central y reclamaban su falta de presencia en la provincia. Así, el alcalde de Urcuquí dijo: “cerca de 400 días que vivimos esa incertidumbre en Buenos Aires donde hay muchos muertos “, esto en referencia a una zona de alta conflictividad social producto de la minería ilegal. En respuesta, la Ministra manifestó que existieron varios detenidos en los operativos ejecutados en la zona; sin embargo, la propia Romo señaló que esas personas ya están libres por lo que también se había convocado al Consejo de la Judicatura para resolver esta problemática.

Estos indignantes hechos de violencia producto del machismo develan graves problemas sociales, frente a los cuales las autoridades deben tener la suficiente sabiduría y prudencia para investigar sus causas. Así, brindar soluciones reales y sostenibles, no meros arrebatos que pueden exacerbar la violencia y provocar más inseguridad.