Nosotros, que viviendo en democracia, la hemos desfigurado hasta volverla irreconocible; nosotros, que con la masa del caos que hemos creado vamos amasando la figura de la próxima dictadura; nosotros debemos aprender del último proceso electoral de Venezuela que los dictadores, una vez que se han enquistado en el poder, no se van de ahí si no los echan.

¿Realmente, la oposición venezolana creía que Maduro iba a aceptar su derrota y dejar el poder en las manos de quienes están obligados a pedirle cuentas? En un régimen dictatorial, las instituciones democráticas solo sirven para blanquear el poder de los dictadores, igual como se blanquea el dinero sucio. Pretender zafarse de una dictadura mafiosa recurriendo a las elecciones es seguirle el juego al dictador de turno.

No, no se puede cambiar la realidad solo con esperanza e ilusiones. Cuando actuamos así, obligamos a que el cordero, desoyendo sus instintos naturales, confíe en el lobo y termine en su estómago. La comunidad internacional, al alentar un proceso que sabía que iba a terminar en lo que ha terminado: la legitimación formal del tirano, ha conducido a los venezolanos directamente a la boca del lobo.

Consumado el fraude, nada se puede hacer. Y cualquier acción para revertir los hechos consumados valiéndose de las instituciones de la dictadura, disfrazadas de instituciones democráticas, tendrán el mismo efecto de las recientes elecciones.

En estos días, a propósito de las elecciones en Venezuela, se ha hablado de la posibilidad de aplicar al caso venezolano la Doctrina Roldós o Carta de Conducta de Riobamba (1980), en la que se afirma que “el respeto de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales constituyen una norma fundamental de la conducta interna de los Estados del Grupo Andino y que su defensa es una obligación internacional a la que están sujetos los Estados y que, por tanto, la acción conjunta ejercida en protección de esos derechos no viola el principio de no intervención”.

Si se acepta este principio, queda por definir la forma en la que la comunidad internacional debe intervenir en Venezuela. Insistir en la adopción de procesos democráticos —como la verificación de actas de votación— en una dictadura es una muestra de ingenuidad o complicidad con el dictador. 

Este solo obedece a la fuerza y acciones de fuerza son las que debe adoptar la comunidad internacional, apoyándose, eso sí, en la movilización masiva de la población en contra del fraude electoral cometido por el régimen de Maduro.

A los dictadores no los derrotan los procedimientos democráticos. A ellos hay que echarlos a patadas.