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9 de Febrero del 2020
Ideas
Lectura: 11 minutos
9 de Febrero del 2020
Juan Carlos Calderón

Director de Plan V, periodista de investigación, coautor del libro El Gran Hermano. 

¡Disparen, disparen, disparen!
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A los políticos y políticas del discurso de la mano dura les caen siempre de perlas la inseguridad y la violencia delincuencial. Pero el problema no se soluciona y continúa, se agrava, y es necesario para estos políticos y políticas mantenerlo en vigencia, y seguir generando el miedo en la población.

Para los que se hayan sorprendido de la orden de disparar que ha dado la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, debo decirles que lo único que ha hecho es ser coherente con su historia política y con la del partido al que representa. Esa orden la ha dado a la Policía delante (y por encima) de la ministra de Gobierno y jefa de la Policía, María Paula Romo y la alta funcionaria no la ha desmentido.Viteri ha actuado conforme a un contexto, a una percepción formada, sobre todo, por los medios de información y las redes sociales, y por ciertos hechos.

Los hechos no son poca cosa. Una mujer bondadosa y ejemplo de juventudes, Mariana Granja, fue asaltada y asesinada en la avenida Amazonas, al mediodía de un sábado y a pocos metros de la Comandancia de Policía. Hay otros hechos de sangre que, sobre todo por la televisión, nos son mostrados con insistencia y acuciosidad y, me parece, no sin cierto deleite. En fin, lo que tenemos es de nuevo una saturación de mensajes  en torno a la inseguridad y la violencia en las calles, y los análisis incluyen sobre todo a ex policias, ex militares, expertos en seguridad sobre todo de tendencia de derechas, y un ataque feroz a los derechos humanos como concepto judicial y moral. Todos, y todas, exigen mano dura, porte de armas, disparar a matar, expulsión de extranjeros indeseables, suspensión de los derechos de las personas. Disparen, disparen, disparen. El Ecuador de las cavernas siempre en vigencia.

Lo que digo no es nuevo. El país se vive repitiendo en este ciclo perverso, dependiendo del impacto de un hecho en la opinión pública. La inseguridad y la lucha contra de la delincuencia ha sido y es el gran negocio político de personajes como Viteri, los socialcristianos y otros y, no hay que olvidarlo, lo fue de Rafael Correa. Este negocio político consiste en aprovechar políticamente una situación de inseguridad y auge delincuencial en las calles (porque la delincuencia de cuello blanco está siempre a buen recuado) para presionar, controlar e intimidar a la justicia, para justificar una sociedad policíaca y temerosa, y por tanto, para mantener su vigencia política y mediática.

Cosas como la extrema pobreza, la desnutrición crónica infantil, el desempleo, no apasionan tanto a estos políticos como la inseguridad y la lucha contra la delincuencia. Han pasado décadas en esto. Y me pregunto, ¿si la solución es la mano dura, la orden de disparar a matar, la violación de derechos humanos, la pena de muerte, las ejecuciones extrajudiciales (no olvidemos la masacre en el caso Fybeca y otras masacres), por qué con casi 30 años de dominio y control socialcristiano en Guayaquil, la ciudad sigue siendo insegura? Algo debe fallar en este sistema para que así sea. 

Todos, y todas, exigen mano dura, porte de armas, disparar a matar, expulsión de extranjeros indeseables, suspensión de los derechos de las personas. Disparen, disparen, disparen. El Ecuador de las cavernas siempre en vigencia.

Decía que no es nuevo y que Viteri solo ha sido consecuente con sus actos anteriores. Mientras fue legisladora, impulsó con entusiasmo el endurecimiento de las leyes y evitar las rebajas de penas. Su discurso ha sido consistente en ese sentido, a no dudarlo. Con ello ha creado la imagen de una mujer de armas tomar (no es sarcasmo) y de línea dura, y con ese discurso ha sido la carta socialcristiana fija para las presidenciales y ahora, en ausencia obligada de Nebot, la sucesora del control del PSC en Guayaquil.

Y es bueno acudir a la historia no tan reciente para entender porqué ese negocio político ha sido exitoso. En el 2003, Nebot era alcalde de Guayaquil. Ya lo habían precedido los años virtuosos de León Febres Cordero en el rescate de la destrozada ciudad. Meses antes de la masacre en una farmacia, con un asalto en curso, ya la ciudad y el país habían sido saturados de hechos y mensajes que hablaban de una inseguridad insostenible e intolerable, tal como ahora 18 años después. Los mismos hechos, los mismos mensajes, los mismos llamados a la mano dura, el mismo discurso: "disparen, disparen, disparen". 

Hace cinco años, cuando reporteaba el juicio del Caso Las Dolores (o Caso Fybeca), en contra de los policías que dispararon, dispararon y dispararon —y que ahora están presos— , hice una crónica de los antecedentes que condujeron a justificar esta masacre y ejecución extrajudicial, según lo determinó la justicia ecuatoriana. Les pido que se den tiempo para leer esa crónica para entender el contexto de la época y la actual coyuntura.

Los titulares guayaquileños de ese tiempo hoy me suenan conocidos: “Guasmo tomado por pandilleros”, “Un muerto y tres heridos por ataque en barrio marginal”, “Floresta plagada de delincuentes”. Mi crónica relataba que en el 2003 "el día anterior se velaba a la pequeña Angy Solórzano de nueve años, víctima de un disparo durante el enfrentamiento entre bandas en la tarde del primer día del año. Wilson Endara y Jaime Murillo eran asesinados por distintas pandillas el día 19. Varias víctimas más fallecieron a manos de bandas ese mes. Claro que estos grupos no eran los únicos protagonistas; varios asesinatos más, múltiples atracos y robos a casas ocurrieron en enero. Durante ese mes ya se habían unido a la policía del Guayas 849 nuevos agentes". Un diario porteño alertaba que 60 mil jóvenes actuaban en pandillas... El 20 de octubre del 2003,  el alcalde Jaime Nebot hablaba sobre la inseguridad que se vivía y dijo: “La lucha contra la delincuencia es una lucha interminable". 

Y lo que es también interminable es el negocio político de la inseguridad. Fue un gran negocio para Rafael Correa y la instauración de su gobierno autoritario y corrupto. Había pasado el 30S con todas sus secuelas, y los mismos titulares aparecieron en la prensa de la época, entre octubre y diciembre del 2010. Según esas noticias, el país (de nuevo) naufragaba en la violencia generada por la delincuencia y estábamos enfrascados en misma lucha interminable. Recuerdo al entonces ministro del Interior, José Serrano, atacar a los jueces penales y advertirles públicamente sobre sus actuaciones (lo mismo que ha dicho Cynthia Viteri, la que ha hablado incluso de formar "veedurías ciudadanas" para presionar a los jueces) en torno a que sus decisiones, a ojos del Gobierno, favorecían a los delincuentes. El gobierno de Correa fue beneficiario de esa construcción de percepción sobre la inseguridad. A mediados de diciembre del 2010 se empezó ya a hablar de una reforma a la justicia para obligar a la justicia en general y a los jueces penales en particular, a sentenciar y sancionar con mano dura a los que cometían delitos. Entonces Rafael Correa y su asesor jurídico, Alexis Mera, hicieron aparecer el conejo de la chistera. Como los social cristianos, opositores en ese momento al gobierno (hoy grandes aliados del correísmo) habían tomado como caballo de batalla la reforma a la ley penal para endurecer las penas, el correísmo en un habitual acto de intuición y anticipación política, anunció a fines de ese año una consulta popular para meter las manos a la justicia. Si había que reformar la justicia, no serían los social cristianos sino el correísmo, faltaba más.

Correa razonaba así en sus cotidianas presentaciones: nosotros vamos a reformar la justicia, y como somos nosotros, entonces estará bien hecho. Incluso usó una razón en ese entonces imbatible: confíen en mí. El argumento central de meter la mano y reformar la justicia a su gusto y gana fue la lucha contra la delincuencia. Luego lo acomodarían con su aparato de propaganda y ejército de medios y periodistas mercenarios, pero ya estaba dado. Esa consulta, que la ganó con las justas, permitió al correísmo controlar la justicia a su antojo, desde el 2011 hasta la fecha: nueve años ya. Fue una operación exitosa que se consolidó con la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, COIP, un cuerpo de leyes tan represivo que incorporó más de 80 delitos para perseguir y criminalizar. Tan bueno es el negocio político de la "lucha interminable contra la delincuencia" que ahora tenemos sobre saturadas las cárceles, con más de 40 mil presos, el narcotráfico más vigente que nunca, la inseguridad a la orden del día. Es decir, lo mismo que hace 18 años, lo mismo que hace diez años, lo mismo... 

Hago este relato para reflexionar sobre la coyuntura. Sin obviar la gravedad de los hechos de la violencia delincuencial, y sus dolorosas e inhumanas consecuencias, debo hacer notar que el Ecuador y sus políticos repiten este ciclo perverso de acuerdo a sus intereses. Y que a los políticos y políticas del discurso de la mano dura les caen siempre de perlas estas situaciones. Pero el problema continúa, se agrava y es necesario para estos políticos y políticas mantenerlo en vigencia, y seguir generando el miedo en la población. Las soluciones no saldrán de un sistema político al cual le conviene siempre mantener esta "lucha interminable".  Así que: ¡disparen, disparen, disparen! Pero también asuman las consecuencias de sus órdenes y de sus actos. Y si desean soluciones, empezaría con una contraorden: ¡Prevengan, prevengan, prevengan!

 

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