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29 de Julio del 2019
Ideas
Lectura: 6 minutos
29 de Julio del 2019
Carlos Rivera

Economista, catedrático de la Universidad de Cuenca. 

Dos mujeres, un camino
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Primero reduzcamos el gasto público drásticamente, antes siquiera de pensar qué impuestos nos conviene modificar, luego con un tamaño del gasto público óptimo y eficiente, pensemos en una reforma tributaria pro crecimiento y no recaudatoria, que además resulta una aberración frente a la corrupción y el despilfarro de los últimos años.

La situación del Presidente Lenin Moreno me recuerda a esa telenovela mexicana de los noventa Dos mujeres, un camino, en la cual Erick Estrada tenía que elegir entre Laura León y Biby Gaytán. Claro está, acá no se trata de escoger quién es la mejor, sino la menos mala: entre aumentar los impuestos o reducir el gasto público; frente a un solo camino, que es la necesidad impostergable de equilibrar las cuentas fiscales, luego del aumento del gasto totalmente descontrolado e irracional durante el correato.

En esta elección no tan placentera como la de Estrada, el gobierno se equivoca y busca ajustar los ingresos al actual desproporcionado tamaño del gasto público, cuando lo lógico y racional es primero ajustar el gasto público al único nivel que una sociedad moderna requiere; esto es, exclusivamente justicia, seguridad, institucionalidad financiera, marco regulatorio de los mercados, cumplimiento de los contratos, defensa, la ley y el orden y el acceso de los más pobres a servicios básicos y la institucionalidad pública, y luego de eso preguntarse cómo debo financiarlo.

De todas maneras e independiente de este craso error en el orden de las políticas a implantarse, resulta conveniente preguntarnos qué sistema tributario nos conviene en términos de generar las menores distorsiones posibles en la toma de decisiones de los agentes económicos, satisfaciendo los principios centrales de equidad horizontal y progresividad.

Para ello debemos tener claro que la estructura tributaria afecta la conducta de las personas y empresas en sus decisiones de trabajo, ahorro e inversión, y por esa vía se termina afectando el crecimiento y bienestar de la población. Además, su implantación implica costos administrativos tanto para el gobierno en la recaudación y fiscalización del cumplimiento del sistema, así como para los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

el gobierno se equivoca y busca ajustar los ingresos al actual desproporcionado tamaño del gasto público, cuando lo lógico y racional es primero ajustar el gasto público al único nivel que una sociedad moderna requiere

En un contexto teórico, lo ideal es tener una carga tributaria en función de la capacidad de cada persona de generar ingresos a lo largo de toda su vida. Pero dado que esto no es observable, el mejor sustituto es un impuesto al valor agregado parejo a todas las actividades, dado que el consumo está correlacionado con el ingreso permanente, además que tiene la ventaja de no desincentivar el ahorro y el trabajo. Pueden aceptarse impuestos especiales al consumo de cigarrillos, alcoholes y las actividades que dañan el medio ambiente, así como subsidios explícitos o rebajas impositivas para el ahorro previsional, contribuciones a planes de salud y algunas otras actividades donde el beneficio social de su consumo o ejecución es mayor que su beneficio privado (ej. investigación y desarrollo, las artes y la cultura).

Con base a estos elementos puede decirse que una propuesta de elevar el IVA es menos dañina que tocar el impuesto a la renta, por ejemplo. Naturalmente la primera opción es bajar el gasto público y no tocar ningún impuesto. Igual se puede decir que la eliminación del impuesto verde, si bien fue bien vista políticamente, desde un punto de vista económico, va contra corriente; por lo que no hay lugar a dudas, hay un solo camino y una sola opción.  

En cuanto al impuesto a la renta, el estancamiento económico y la búsqueda de la tan ansiada competitividad y atracción de inversión extranjera no da espacio para más y más bien se debe ajustar a la baja la progresividad para no alterar el ranking de ingresos de las personas antes y después de impuestos, así como extender este análisis bajo la totalidad del sistema tributario, las transferencias y los subsidios del Estado.

En esta materia ya dejemos esas taras marxistas de la distribución de la riqueza como justificación de la progresividad y los tributos, y es “qué tanto me debe importar a mí, cuánto más ganan los umbrales más altos de ingresos que yo, como cuántas familias  salen de la pobreza y cuantas familias van superando un determinado umbral de ingresos”. Si hasta el propio Aristóteles definió la justicia distributiva en la Ética a Nicómaco: “Lo justo es, pues, esto: lo proporcional, y lo injusto, lo que va contra lo proporcional”.  Y es que la mejor manera de atacar la mala redistribución de riqueza es que el gobierno gaste bien y lo recomendable es mediante un sistema de educación pública de clase mundial, del tipo de la India.

En conclusión, primero reduzcamos el gasto público drásticamente, antes siquiera de pensar qué impuestos nos conviene modificar, luego con un tamaño del gasto público óptimo y eficiente, pensemos en una reforma tributaria pro crecimiento y no recaudatoria, que además resulta una aberración frente a la corrupción y el despilfarro de los últimos años.

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