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10 de Enero del 2019
Ideas
Lectura: 7 minutos
10 de Enero del 2019
Rodrigo Tenorio Ambrossi

Doctor en Psicología Clínica, licenciado en filosofía y escritor.

Drogas y derechos humanos
El desconocimiento de los Derechos Humanos ha determinado que la propuesta de un mundo libre de drogas haya sido y siga siendo un soberbio fiasco. Esta guerra ha servido para que se persiga ciegamente a millones de usadores cuyos derechos han sido permanente y hasta severamente violados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales.

Hace 70 años, se firmó la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y este es un buen momento para reflexionar sobre su aplicación, no precisamente en el mundo entero, sino en nuestro país. Porque desde los derechos, ciertas realidades del país no se verían tan bien como algunos creen sobre todo desde el poder. 

Por ejemplo, pasar por el tamiz de los derechos la política y todas las acciones desarrollas para hacer frente a las drogas y a sus usadores. Para no pocos del poder político, esta propuesta podría ser casi escandalosa. Sin embargo, es la que exige una visión signada por el reconocimiento y respeto a los derechos. 

De hecho, casi todos los gobiernos latinoamericanos, incluido Ecuador, se han resistido a mirar el tema desde la perspectiva de los derechos. En estos últimos cuarenta años, ha primado una visión policíaca y penal, dejando de lado casi todo aquello que tiene que ver con los derechos. Esta tergiversación de la posición oficial se debe, fundamentalmente, al hecho de que las drogas, todas sin excepción, fueron tratadas como si fuesen en sí mismas malas: desde la filosofía, diríamos, ónticamente malas. 

Por ende, todo lo que se haga para perseguirlas, aunque sea indiscriminadamente, es bueno y justo en sí mismo.

El desconocimiento de los Derechos Humanos ha determinado que la propuesta de un mundo libre de drogas haya sido y siga siendo un soberbio fiasco. Esta guerra ha servido para que se persiga ciegamente a millones de usadores cuyos derechos han sido permanente y hasta severamente violados por instituciones gubernamentales y no gubernamentales. ¿Se tuvo en cuenta en la propuesta gubernamental el tema de los derechos? ¿O acaso los usadores constituyen el menos uno que fortalece y prueba la regla? ¿Por qué el Ministerio de Salud guarda silencio?

El poder se ha resistido y sigue resistiéndose a claramente diferenciar la producción y tráfico del tema de los usos. Los productores y traficantes violentan los Derechos y las leyes. Los usadores lo hacen desde el Derecho, lo cual no quita los daños personales, familiares y sociales que podrían provocar ciertos usos. Pero unos y otros caminan andariveles absolutamente diferentes.

La maldad social de las sustancias no puede ser trasladada lineal y simplonamente ni a los usos ni a los usadores. Pensar que, porque las sustancias sean dañinas en sí mismas y constituyan un mal social, no puede conducir a que los dirigentes políticos y sociales y la sociedad en general midan con el mismo rasero a los usadores, a los productores y a los traficantes Si productores y traficantes son delincuentes, no lo son los usadores. 

En teoría, esto estaría muy claro para el poder. Pero en la práctica no es así. Hay que tomar en cuenta que el poder puede fácilmente camuflar sus posiciones persecutorias y criminalizantes. La persecución a los usadores en sí misma constituye una posición previa de carácter ético y político íntimamente ligada a la idea de un mal que deben perseguirse a toda costa. El hecho de que el Ministerio de Salud se haya hecho cargo del tema de los usadores de ninguna manera se hallaría exento de esta posición. Todo lo contrario, la confirma. ¿No se tratará acaso de una suerte de comisaría de salud? ¿Irán todos los usadores a Salud libre y voluntariamente? ¿Querrán y aceptarán libre y voluntariamente someterse a un tratamiento? ¿O todo será impuesto desde el poder?

 Kofi Annan tuvo la valentía de reconocer que la guerra a las drogas no estaba nada exenta de grandes violencias y atentados en contra de los derechos humanos.

A propósito de los 70 años de la ONU, es indispensable colocar los usos de drogas en el campo de los derechos. No solo hay que luchar en contra de las drogas sino también en contra de la violencia que se ha instalado en torno a los usadores que carecen de todo elemento de defensa pues socialmente ya se hallan signados con la marca del mal, con el signo de Caín. 

Se trata, pues, de la necesidad impostergable de asumir una nueva posición cognitiva y ética respecto a los usadores del orden que fuesen. Pero es necesario también reconocer que todas las políticas basadas en la lucha contra las drogas han fracasado rotundamente.

En investigaciones realizadas a su tiempo por el CONSEP, se comprobó que la casi totalidad de ingresados a los denominados centros de tratamiento para “ser curados” d su uso de drogas, estaba en contra de su voluntad. Todos se sentían existencialmente encarcelados. Y casi todos denunciaban que eran víctimas, no solo de la privación de su libertad, sino de reales y propositivos maltratos físicos y morales. Todos sentían que sus derechos estaban siendo severamente conculcados. 

No todos los usos de drogas constituyen necesariamente un problema de salud. Y esta verdad no ha sido clara y efectivamente tomada en serio por el poder político. Cuanto más que no existe una entidad oficial que se encargue de crear opinión adecuada sobre el tema de las drogas. Con frecuencia, ciertos Estados pretenden lavar sus manos ensuciadas con la corrupción mediante severas políticas en contra de los usadores de drogas.  

¿Serán, acaso, las drogas sustancialmente malas? Pero lo cierto es que, en la práctica, los usadores son tratados familiar, social y políticamente como delincuentes, primero, y luego como enfermos casi incurables. 

A propósito de un aniversario más de la declaración de los Derechos Humanos, hay que preguntar ¿qué está aconteciendo con los derechos de los usadores? ¿Cuán válidas y éticas son las estrategias implementadas por el gobierno para enfrentarlas?

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Drogas y derechos humanos
 
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