Analista Senior de Inteligencia Estratégica, IE
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La evidencia es constante: donde hay mayor libertad económica hay mayor desarrollo de la población, tanto al comparar países ricos como al contrastar entre las naciones con los menores ingresos. Y desde 1995 hasta hoy, la libertad económica en Ecuador ha retrocedido.  Así lo señala, al menos, el Ranking de Libertad Económica Mundial, estudio que realizan anualmente los institutos Fraser (Canadá),  Cato (EE.UU.), y una red de instituciones académicas en más de 90 países. Para el 2013, Ecuador se ubica en la posición 107 de entre 153 países. Dos puestos arriba que en el 2011, pero 42 más abajo que en 1995.

El ranking se nutre de bases de datos de los principales organismos internacionales para construir 5 factores principales que determinan la libertad económica en un país: el tamaño del Estado, la estabilidad monetaria, la libertad para comerciar internacionalmente, el entorno regulatorio, y el sistema legal y de derechos de propiedad. En el último punto es en el que Ecuador tiene serios problemas.

La calificación del sistema de justicia casi no ha variado desde 1995, manteniéndose por debajo de los 4 puntos sobre 10.  Pese a los esfuerzos del Gobierno por reformar el sistema judicial, esta área aún se considera una de las principales debilidades de Ecuador. Ello impide que sus ciudadanos y empresas ejerzan plenamente el comercio y dificulta atraer inversionistas. Después de todo, ¿cómo sacar adelante un negocio si no se puede lograr que los jueces hagan cumplir los contratos?

Si la Justicia es el área más débil, el tamaño del Estado es la que más se ha deteriorado. Ecuador pasó de una calificación de 8,22, en 1995, a una de 5,57 en la última edición. Los principales motivos: el alza de impuestos y el peso que ha tomado la inversión pública. Aquí la reducción de libertad es menos perceptible a simple vista, pero no por eso menos seria. En casos como el ecuatoriano, donde más del 50% de la inversión nacional proviene del sector público, se reduce el espacio de maniobra de la empresa privada en la economía, en el mercado bursátil, en la selección de personal, etc.

Un Estado inflado se convierte fácilmente en el actor dominante –a veces único- de aspectos clave de la economía, con el potencial peligro de que no es un simple participante más en el mercado, sino quien formula y hace cumplir las reglas. Lo vemos ya en el acceso a  financiamiento, donde la banca pública desplaza a la privada en ciertos segmentos y donde el sector público es el mayor inversionista del mercado de valores.

Otro caso es el de las telefónicas móviles, donde el Estado (representado en esta ocasión por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado) planea alterar el mapa de juego valiéndose de su poderío económico. ¿Cómo? Estableciendo que los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano puedan usarlo como “crédito” para pagar planes celulares, de los cuales queda excluida la compañía con la mayor participación de mercado.

El presidente Correa ha descalificado como "completamente ideológicos" rankings como el presente. Así se ha referido, por ejemplo, al estudio Haciendo Negocios del Banco Mundial que calcula qué tan sencillo es abrir un negocio en distintos países. Pese a esto durante el Enlace Ciudadano del pasado 24 de agosto, el Presidente usó el análisis de Haciendo Negocios para justificar el proyecto de simplificación societaria que planea. ¿Estaremos ante un cambio de opinión?