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27 de Agosto del 2018
Ideas
Lectura: 5 minutos
27 de Agosto del 2018
Hugo Cahueñas Muñoz

Abogado, catedrático de Derecho en la Universidad San Francisco de Quito. 

Ecuador es un desastre para la Alianza del Pacífico
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En el Ecuador se presentan graves retrocesos dado el reciente pronunciamiento presidencial de fusionar la Secretaría de Gestión de Riesgos con el Ministerio de Defensa. Esta desacertada idea se suma al lento proceso de implementación de las normas constitucionales en materia de gestión de riesgo y un aletargado proceso para contar con una ley de gestión de riesgos.

El Gobierno ecuatoriano ha manifestado su interés de ser parte de la Alianza del Pacífico, un tratado de integración comercial en el que Chile, Perú, Colombia y México, son Estados Parte. Por otro lado, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Singapur, han solicitado ser parte de este régimen de integración. Adicionalmente, un total de 55 países son observadores de este mecanismo. Esta última categoría la tendrá el Ecuador hasta que sea aceptado como miembro asociado. En este bloque regional se evidencian importantes avances en materia de desarrollo, uno de ellos es la gestión de riesgos de desastres. Específicamente, la Reducción del Riesgo de Desastres, en los términos del Marco de Sendai, son un elemento fundamental para alcanzar las metas que establecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, en el Ecuador se presentan graves retrocesos dado el reciente pronunciamiento presidencial de fusionar la Secretaría de Gestión de Riesgos con el Ministerio de Defensa. Esta desacertada idea se suma al lento proceso de implementación de las normas constitucionales en materia de gestión de riesgo y un aletargado proceso para contar con una ley de gestión de riesgos.

Por su parte, la Alianza del Pacífico ha promovido varias acciones enfocadas en la gestión de riesgos de desastres. Específicamente, el Consejo de Ministros de Finanzas, entre sus funciones, busca que este bloque comercial cuente con instrumentos para gestionar los riesgos de desastres naturales, con el objetivo de mitigar el impacto de las pérdidas sobre los presupuestos, fortaleciendo las finanzas públicas. Por ejemplo, en febrero de este año, el Banco Mundial realizó la emisión del primer bono catastrófico de carácter regional para gestionar los riesgos de desastres naturales en los países de la Alianza del Pacífico. El bono ofrece una cobertura de riesgo diferenciada por país: US$500 millones para Chile, US$400 millones para Colombia, US$200 millones para Perú y US$260 millones para México, con un vencimiento de 3 años para los primeros 3 países y 2 años para el último. Este bono permitirá mitigar el impacto de las pérdidas asociadas a estos desastres naturales sobre las finanzas públicas de los países miembros de la Alianza del Pacífico.

En esta acción concreta se evidencia que la gestión de riesgos de desastres debe ir más allá de una respuesta. Los riesgos se deben reducir, prevenir y mitigar, si se pretende alcanzar un verdadero desarrollo sostenible. El país, si quiere ser parte de la Alianza del Pacífico debe incorporar en sus políticas públicas y, ante todo, en su legislación la gestión de riesgo de desastres. México cuenta con la ley desde el año 2012. En el mismo año, en Colombia se aprobó la ley que adopta la política nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En 2014, el Congreso peruano aprobó la Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Finalmente, Chile cuenta con una Política Nacional para la Gestión de Riegos de Desastres vigente desde octubre de 2016. Los cuatro Estados Partes de la Alianza del Pacífico cuentan con marcos jurídicos e institucionales que contemplan un enfoque de gestión integral del riesgo. Además, estos marcos normativos promueven organismos técnicos e instrumentos financieros. Ecuador aún no cuenta con un organismo técnico de gestión de riesgos de desastres establecido por ley como lo exige la Constitución (artículo 389). En el terremoto de 2016, se evidenció esta falta de institucionalidad. El impacto del terremoto en la tasa de crecimiento del PIB en 2016 fue del -0,7 puntos porcentuales, el costo de afectación del terremoto al sector productivo fue de US$1 032 millones.

Al buscar ser parte del proceso de integración de la Alianza del Pacífico como un medio para alcanzar un mayor desarrollo, el gobierno ecuatoriano debe tener presente que este bloque regional promueve una gestión integral del riesgo. El Estado ecuatoriano debe implementar la gestión de riesgo en su legislación y en sus políticas públicas, como medidas idóneas para alcanzar un desarrollo sostenible. Una fusión de la Secretaría de Gestión de Riesgos con el Ministerio de Defensa representa un grave retroceso para ese objetivo. Bajo esas posturas reactivas ante los desastres, el Ecuador seguirá siendo un simple observador del desarrollo que alcanzan otros países de la costa del Pacífico.

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