Desde siempre, los países de la región han aportado para el funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Pero, desde hace unos años, cuando los presidentes del socialismo del siglo XXI se convencieron de que tenían que reinventar todo porque lo que existía se había apolillado, entonces se propusieron no aportar más a esta agencia de la OEA. De alguna manera se propusieron que la Comisión fallezca de inanición económica. Porque era un estorbo para las ideas prepotentes según las cuales un Estado debe gobernarse a sí mismo y con su propia justicia. 

Tener instancias externas implica aceptar que exista una conciencia moral, jurídica, ética más allá del mismo Estado. Lo cual, para un pensamiento absolutista, es como permitir que el ratón cuide el queso. Un absurdo ideológico y político. Ya no más una vieja y raquítica OEA que posee pensamiento trasnochados y apolillados sobre la libertad, los derechos inalienables de todos y cada uno de los ciudadanos, sobre la ética de la política. Sobre la ética de los debidos procesos.

¿Cómo imaginar que un proyecto prepotente y exclusivante acepte que haya una conciencia moral más allá del poder fáctico? ¿Cómo aceptar que haya una institución cuyo criterio y sentencia deban imponerse sobre el individualismo de un gobernante?

Todo comenzó con el juicio sumarísimo al diario El Universo. Jamás el país había visto la velocidad con la que se juzgó y sentenció en todas las instancias de apelación previstas, incluida la sentencia final de un juez que necesitó un par de horas para leer minuciosamente miles de páginas jurídicas y dictar sentencia condenatoria. ¿Se habrá olvidado el país de esos avatares de la justicia? Ese juicio fue el primer ejemplo de lo que serían capaces las nuevas cortes y los nuevos jueces constituidas y nombrados mediante procesos cuya falacia fue denunciada oportunamente. El mismo presidente lo dijo sin tapujos: voy a meter la mano en la justicia. A confesión de parte relevo de prueba.

Por eso se ha minimizado el valor ético y político de la OEA. Y se ha pretendido remplazarla, aunque solo sea parcialmente, con otra instancia, UNASUR, que ni suena ni truena y que se halla presidida por alguien de cuya ética se dudó sobradamente hace décadas. Historias que van y vienen, hechos que aparecen y desaparecen pero que dejan grandes huellas en la memoria social. Memorias a las que se sobreponen otras memorias para producir la impresión de que el mundo se reinventa cada día. Todavía se oye decir que la justicia, la verdad, la honradez y otras maravillas se inventaron con el socialismo del siglo XXI.

La Comisión Interamericana de Justicia se halla gravemente enferma porque ciertos miembros de la OEA propositivamente han dejado de alimentarla. Hay gobiernos muy interesados en que desaparezcan los órganos de control externos, esas instancias que juzgan sin las pasiones internas, que vigilan el cabal cumplimiento de aquellas normas que aseguran el respeto a los derechos. Porque hay Estados en los que sus gobernantes se consideran los portadores de todos los poderes, de toda la verdad, de toda la justicia. Gobiernos que poseen Congresos o Asambleas cuya mayoría no hace otra cosa que bajar la cabeza y repetir a coro los deseos del presidente de la República.

Correa detesta a la OEA porque ella, de alguna manera, constituye esa parte, demasiado pequeña por ciento, de la conciencia regional que vigila su gobierno en el que la democracia, como estilo de vida política, se ha reducido a la mínima expresión. Para esta clase de políticos, su voluntad constituye el alma y el sentido de la democracia. Bastaría con recordar el caso de El Universo y de los autores de El gran hermano para saber qué rutas recorren los principios que constituyen la democracia cuando un gobierno se ha apoderado de todos los poderes incluida, por supuesto, la justicia.

También está enferma porque ciertos gobiernos, como el de Quito, no la respetan pues no asisten a las sesiones previamente organizadas para atender reclamos de ciudadanos que aseguran ser perjudicados por su gobierno. Gobiernos que hacen tabula rasa de sus recomendaciones y sentencias.

“La Comisión lamenta profundamente tener que informar que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% del personal y no se cuenta en estos momentos con los fondos, ni con la expectativa de recibir fondos, para poder renovarlos. Asimismo, la Comisión informa con profundo pesar que se ha visto obligada a suspender la realización de las visitas previstas para este año, así como de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre”.

El Secretario General de la OEA pide a los países salvar a la Comisión. Mientras tanto, tal vez estén de plácemes quienes han buscado afanosamente su desaparición. A Venezuela, por ejemplo, la OEA y sus comisiones solo le han servido para convertirlas en objeto de oprobio. Maduro, que casi no entiende nada de nada, ha colocado en la OEA el origen de buena parte de los infinitos males que vive su país. Todos son culpables, menos él que tomó a Venezuela como una realidad material, física cuando le dijeron que era el heredero de Chávez. Manera perversa de materializar los sentidos simbólicos de un país.

No puede desaparecer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA pues su presencia sigue siendo un referente necesario e indispensable frente al pensamiento único y los poderes absolutos de quienes se creen dueños del bien y del mal, de la justicia y de las personas en los países que gobiernan. No se puede olvidar cómo fueron amenazados con la cárcel los miembros de aquella comisión que, al fin de su trabajo, concluyó que el presidente sí estaba al tanto de los contratos con el Estado que tenía su hermano. Esa conclusión supo a delito. ¿Quién defiende a los débiles sino instituciones internaciones y neutrales? ¿Quién defiende a los ciudadanos en países en los que su presidente se cree con el poder de ordenar detenciones y encarcelamientos como si fuese fiscal o, juez? Y todos le obedecen.

El pensamiento único en el poder jamás aceptará la presencia de instituciones que representen la voz y los derechos de los perseguidos, oprimidos, silenciados bajo amenaza. El tema de los derechos no puede quedar atrapado en el campo de discursos y proclamas. El derecho es una realidad fáctica no discursiva. De esto se preocupa, precisamente, la CIDH que para algunos gobernantes constituye una piedra en el zapato. “Ecuador rechaza la utilización de este foro interamericano para exponer insistentemente supuestos reclamos sobre casos particulares, ya que este mecanismo atenta no solo contra el procedimiento reglamentario de la CIDH, sino también contra los derechos de defensa del Estado Ecuatoriano”. El Estado no es el gobierno, como entendía el entonces Viceministro de la Cancillería. El estado somos todos.

El respeto a los derechos humanos, cuando han llegado a formar parte consustancial de los Estados y de los gobiernos, no necesita ningún tipo de abanderamiento político para su cumplimiento. Por ende, es lógico que todos los Estados democráticos apuesten a instituciones como estas para asegurar la presencia de la justicia y de la paz de los pueblos.