Desde la antigua Grecia, la estrategia nace como parte de la política encargada del cómo emplear la fuerza para lograr los fines políticos a través de la integración de objetivos y medios. Con el tiempo, ésta evoluciona y sale de la esfera netamente militar para insertarse en otros ámbitos de acción: político, económico y diplomático; adquiriendo así una nueva naturaleza integradora llamada “estrategia total” o “gran estrategia”, que se desarrolla desde lo político y direcciona a los demás ámbitos de poder del Estado, incluyendo a los instrumentos privados de la población, para conformar un dispositivo estratégico de defensa y seguridad.

La discusión sobre la definición, formulación y aplicación de la gran estrategia es actualmente el centro de atención en universidades, centros de pensamiento e instituciones políticas especializadas de países con características de superpotencia (Estados Unidos), países con un gran poder (China, Rusia) y también en países que tienen aspiraciones de proyección de poder (Reino Unido, Francia, Brasil, Israel, India, entre otros). No así en los países tercermundistas o, en vías de desarrollo, como los llamarían los sectores menos realistas.

De acuerdo con la escuela norteamericana, para las potencias mundiales la gran estrategia busca dar forma a la naturaleza y características del sistema global, y no, adaptarse a él. Por tanto, se entendería que únicamente los Estados con alta capacidad militar, con una eficiente administración burocrática y con instituciones políticas coherentes y de calidad podrían formular e implementar una estrategia de esas características.

No obstante, debido a la falta de consenso sobre en qué mismo consiste una gran estrategia, se abre la posibilidad para que cada Estado, dependiendo de sus capacidades y aspiraciones, formulen grandes estrategias que persigan los objetivos nacionales declarados, aunque con una limitación: los estrategas deberían ser conscientes del nivel de influencia real de sus países acorde a sus recursos materiales.

La gran estrategia que consiente la victoria en el Alto Cenepa

En esta lógica se inserta la acción político-militar ecuatoriana que permitió alcanzar la victoria militar en el Alto Cenepa.

El objetivo del Ecuador no fue influir en los asuntos regionales, ni mucho menos moldear las características del sistema global. Lo que se perseguía era lograr una paz duradera y la definición de sus líneas limítrofes, para lo cual las instituciones políticas formularon, aunque posiblemente de manera involuntaria, una gran estrategia que respondió eficientemente a las exigencias de la problemática fronteriza arrastrada desde los inicios de la república.

Así, la historia del Ecuador se traslada desde una débil institucionalidad en la cual el poder nacional carecía de un sistema de liderazgo que conectara los distintos ámbitos del poder, evidenciándose esto en los nulos efectos alcanzados en las campañas militares de 1941 y 1981, que fueron el resultado de un sistema de guerra sustentado únicamente en tácticas militares, sin la aplicación de una estrategia merecedora de ese nombre.

No es sino hasta los inicios de la década de los años 70 que se empiezan a concebir las primeras ideas de lo que a futuro significaría la implementación de una gran estrategia.

A pesar de los retrocesos democráticos que representaron los gobiernos dictatoriales de esa década, no se puede negar que para el poder militar significó el inicio de un proceso de consolidación estratégica basado en el permanente desafío bélico que culminaría en el Alto Cenepa. El auge económico del momento, debido a la explotación petrolera, permitió al gobierno de Rodríguez Lara comenzar procesos rigurosos de alistamiento de personal y de modernización de los sistemas de armas de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, orientando así los recursos económicos nacionales a favor del desarrollo del militar. Esta primera integración de los poderes político, económico y militar fue el marco que configuró un tipo de estrategia sin antecedentes en anteriores conflictos.

Con la llegada de la tercera ola democrática a la región, el Ecuador retorna a la democracia. Las relaciones civiles-militares son reestablecidas y sensatamente el control civil objetivo es puesto en marcha para llevar al máximo al profesionalismo militar, haciéndolos una herramienta efectiva del Estado. Este proceso gozó de la legitimación de la sociedad ecuatoriana como expresión de cohesión social, cumpliéndose así la trinidad clausewitziana sobre la superioridad de poder ante un conflicto potencial.

Ya en 1995, después de agotarse los canales diplomáticos, la calculada hipótesis de conflicto con el vecino país del sur se materializa y el presidente Durán-Ballén, con incuestionable firmeza, decide emplear la fuerza como último recurso de la política. El teatro de guerra se centró en una zona de operaciones compleja, en el cual las FF.AA. adecuaron su estrategia al escenario y mediante la ejecución de tácticas apropiadas lograron los efectos estratégicos deseados, mantener la soberanía nacional y la integridad territorial. Así, el poder militar asistió fehacientemente a la alta política para alcanzar la tan anhelada paz y la definición de sus límites políticos.

La integración de los distintos ámbitos del poder nacional afirmó la victoria en el Alto Cenepa. Sin la implementación de una gran estrategia racional y sistemática, este conflicto sería otro lamentable hito en la historia del país. Ahora, a pesar de la proliferación de nuevos actores, amenazas y formas de conflicto en el sistema global, en términos generales el ambiente estratégico se mantiene bastante estable, sin cambios considerables en sus características de anarquía, por lo que, la principal amenaza en el sistema internacional mantiene rasgos estatales.

En consecuencia, 25 años después de aquella gesta, es necesario provocar la reflexión de las autoridades estatales. El Ecuador precisa recuperar su capacidad de defensa y, por qué no, de proyección, consonante con su privilegiada posición geográfica y sus considerables recursos energéticos y naturales. Esta condición es la única forma, al menos por varios decenios más, para alcanzar mayor influencia en las decisiones políticas regionales en función sus intereses políticos, económicos y sociales.