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1 de Octubre del 2021
Ideas
Lectura: 6 minutos
1 de Octubre del 2021
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

El aterrizaje del Plan de Oportunidades
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¿Puede el Código de Trabajo actualmente vigente aportar en ese empeño? ¿Son incompatibles los derechos de los trabajadores formales con las expectativas de quienes carecen de trabajo formal? ¿En qué medida la alternativa propuesta por el gobierno implica una regresión de derechos?

Para evitar que el debate, en torno al proyecto del Gobierno, presentado a la Asamblea Nacional y devuelto por ella al Ejecutivo, se enrede en controversias ideológicas, es necesario desprender de dicha propuesta, aspectos más conectados con la realidad y los intereses específicos de los actores en ella involucrados.

El o los campos en los cuales el gobierno se propone intervenir están constituidos por actores y fuerzas sociales con distintas visiones e intereses. De ahí que hace falta examinar cuáles son los problemas que deben ser enfrentados para que el plan tenga mayor asidero.

Uno de los más acuciantes es la precarización laboral. No es un problema que tenga una sola explicación. Las causas de este problema son múltiples, y pueden ser abordadas desde distintos ángulos. Por eso, conviene acordar un método de análisis que acerque las distintas explicaciones planteadas por los actores sociales.

La existencia de la precarización laboral podría ser un punto de partida. En ello, al parecer, hay acuerdo. Conforme a la información del INEC, un 31 por ciento de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado o pleno. Esta realidad es más cruda en los sectores rurales: solo un 18,2 por ciento  tiene empleo.  Ha habido un incremento de la informalidad laboral, que significa trabajos sin contrato y sin afiliación a la seguridad social.            

Donde hay desacuerdos es en la definición de las causas de este problema. Es sobre este punto donde cabe el diálogo. Un diálogo amplio en el que se contrasten las distintas explicaciones para alcanzar acuerdos básicos. El gobierno ha expuesto la suya, las centrales sindicales han expuesto otras. Dejando de lado los aspectos ideológicos, de un lado y de otro, puede haber acercamientos en la identificación de las causas que han generado este problema, sin perjuicio de los matices.

El interés común es disminuir la precarización laboral. ¿Puede el Código de Trabajo actualmente vigente aportar en ese empeño? ¿Son incompatibles los derechos de los trabajadores formales con las expectativas de quienes carecen de trabajo formal?  ¿En qué medida la alternativa propuesta por el gobierno implica una regresión de derechos?

Estas parecerían ser algunas de las preocupaciones que ameritan ser discutidas y ventiladas en una mesa de diálogo. Así, junto a las metas cuantitativas de la propuesta gubernamental, se podrían establecer metas cualitativas.  Las primeras, se derivan de indicadores económicos; las segundas, de parámetros sociales. O sea, la disminución de la tasa de desempleo, no debe alcanzarse a costa de los derechos de los trabajadores que se incorporen al mercado laboral.  

¿Puede el Código de Trabajo actualmente vigente aportar en ese empeño? ¿Son incompatibles los derechos de los trabajadores formales con las expectativas de quienes carecen de trabajo formal?  ¿En qué medida la alternativa propuesta por el gobierno implica una regresión de derechos?

Es necesario conjugar la mirada económica con la perspectiva social. Esto, a su vez, implica conjugar la racionalidad técnica con la lógica política. Los trabajadores no son solo fuerza de trabajo. En el proyecto de ley tienen, frente al empleador, una relación inequitativa; esta condición no desaparece con el incremento de la oferta de trabajo. Bien se anota en la nueva normativa propuesta, que ese incremento debe precautelar la integridad del trabajador. Incentivar al empleador a contratar, no debe significar una merma de la equidad en la nueva relación laboral.

El debate en torno a los derechos de los trabajadores formales y la situación de los informales, que se incorporarían al mercado de trabajo, es sustantivo. El proyecto de ley, según se afirma, no vulnera los derechos de quienes tienen empleo. ¿Cuáles van a ser los derechos de los que no tienen empleo, al incorporarse al mercado laboral? ¿Van a tener los mismos derechos que los primeros? ¿O la generación de empleo presupone una merma de esos derechos?  ¿Se pretende que los trabajadores formales se desentiendan de la situación de los que consigan empleo gracias a la nueva ley?      

La clase trabajadora es una sola. Tiene como denominador común la desposesión de los medios de trabajo. En esa condición litigan con los dueños de los medios de producción. Crear un cisma al interior de la clase obrera es una acción política, que se sale del campo exclusivamente técnico.

Por eso el debate no es solamente técnico, sino político; y es indispensable una negociación, no una imposición. Esto también atañe a la democracia. No puede haber ciudadanos de primera ni de segunda. La ciudadanía implica la igualdad de todos frente a la ley. En el mercado laboral, tal igualdad no existe.

Este conflicto entre lo público y lo privado concierne a la democracia y a su práctica.

De ahí la necesidad de una profundización del diálogo sobre problemas que no responden a una sola causa. Los demás problemas de la propuesta de ley de oportunidades son igualmente multicausales. Caben algunos hilos conductores entre ellos. Mucho se ganaría si en este esfuerzo común aparecen algunas coincidencias que configuren una propuesta más equilibrada y ajustada a los intereses de los sectores más vulnerables. Tal propuesta debe comprender un conjunto de operaciones para atacar las causas identificadas. Por supuesto ninguna propuesta, aunque fuera consensuada, será perfecta o completa. Pero salir de la precarización laboral actual será un avance, siempre y cuando no conduzca a otras modalidades de precarización.

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