La recomendación de la asambleísta de Pachakutik, Rosa Cerda, “si roben (sic), roben bien; justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas compañeros”, no es, como ya empieza a justificarse, un simple lapsus linguae de la asambleísta. Para ella, robar no es malo. Lo malo es que el ladrón sea descubierto, porque, se infiere, eso puede afectar la imagen del movimiento político al que representa.

Sin embargo, Pachakutik, en lugar de exigirle la renuncia, que es lo único que cabe, le pide explicaciones. ¿Conocían en esta organización las ideas “políticas” de la ahora asambleísta? ¿No las conocían? En ambos casos, de lo menos de lo que se les puede acusar es de irresponsabilidad y ligereza.

Para que el bien robar, es decir, robar y salir impunes, sea promovido públicamente por los políticos, es necesario que en una sociedad se hayan dado las siguientes condiciones: 1. Que se haya generalizado una idea de la política no como servicio público, sino como medio para obtener beneficios personales o de grupo. 2. Que la mayoría de partidos y movimientos políticos considere que los resultados políticos están sobre la ética pública. 3. Que la ética de las profesiones se haya convertido en una fórmula lingüística que los estudiantes repiten el momento de su graduación e inmediatamente olvidan. 4. Que la justicia haya sido tomada por delincuentes con títulos universitarios. 5. Que la impunidad sea el resultado socialmente esperado del funcionamiento del sistema de justicia.

En estas circunstancias, los políticos de alto rango suelen adoptar algunas estrategias eficaces para bien robar, entre las que destacan: 1. Delegar la toma de decisiones económicamente importantes a funcionarios venales. 2. Pactar con grupos políticos que subordinan la ética pública a sus objetivos de poder. 3. Intermediar, a través de amigos y familiares, la relación con posibles beneficiarios de la corrupción, 4. Justificar técnicamente, y con el apoyo de profesionales, decisiones éticamente cuestionables. 5. Utilizar la ley contra la ética.

En lo que respecta a los hechos de corrupción en los que están implicados el ex alcalde Jorge Yunda, su hijo y varios funcionarios municipales el uso de estas estrategias es muy claro.

Así, en el caso de la compra con sobreprecios de pruebas para la detección del Covid19, en el que Jorge Yunda está acusado de peculado, este ha intentado evadir su responsabilidad aduciendo que quien firmó el contrato con sobreprecio con la empresa Salumed fue Lenín Mantilla, entonces secretario de salud del Municipio de Quito y hoy prófugo, pese a que, como sostiene la Fiscalía, él creó las condiciones necesarias para que Mantilla pudiera firmar dicho contrato.

Estas pruebas, como se sabe, no solo se compraron con sobreprecio, sino que no eran como aseguró el alcalde pruebas PCR sino Isopollo RT LAMP. A fin de justificar su idoneidad en la detección del Covid19, cuya validez fue cuestionada por laboratorios independientes, Jorge Yunda se valió del criterio profesional de una técnica de prestigio, Linda Guamán, cuya presencia en medios de comunicación social defendiendo la posición del alcalde fue recomendada por su hijo: Sebastián Yunda. Sebastián, con la colaboración de su tío paterno, era el intermediario entre su padre, el político que no sabía nada ni firmaba nada, y ciertas empresas favorecidas de manera irregular con contratos municipales.

Se valió, además, de abogados a los que la ética profesional no les sirve de guía sino de estorbo, para hacer pasar un caso de naturaleza política por un caso de violencia intrafamiliar y para utilizar una serie de añagazas jurídicas a fin de retrasar su salida de la Alcaldía, por fin consumada.

Pese a las evidencias que se han presentado en su contra, Jorge Yunda logró sostenerse largo tiempo en su cargo con el apoyo irrestricto del bloque correísta en el Consejo Metropolitano de Quito. Algo nada extraño, pues los correístas se han destacado por defender y tratar de liberar de las penas impuestas por la justicia a políticos delincuentes que pertenecen a su organización o son afines a ella. El mismo expresidente Correa indultó a Antonio Buñay, ex gerente de Cofiec, sentenciado a ocho años de prisión por peculado.

Un servidor público con un mínimo de decencia y sentido ético, de estar involucrado en casos como aquellos en los que está implicado Jorge Yunda, hace tiempo que habría renunciado a su puesto —algunos se han suicidado por mucho menos—. Él, sin embargo, no lo hizo. Y, más bien, utilizó de manera dolosa todos los recursos jurídicos que pudo encontrar para, en contra de la ética pública, mantenerse en un cargo que no merecía y que debido a la presencia de Yunda está ahora muy desprestigiado. En el empeño de mantenerse en una posición que deshonraba lo apoyaron jueces y funcionarios judiciales que, utilizando fraudulentamente la ley y las instituciones públicas, le permitieron soslayar la ética.

“El pueblo unido jamás será vencido”, corean los asistentes a la reunión política en la que participa la asambleísta Cerda después de que esta pronuncia su recomendación para bien robar. ¿No escucharon lo que dijo? ¿No entendieron lo que dijo? ¿Estaban de acuerdo con lo que dijo? Quizá solo están acostumbrados a utilizar ese estribillo para aprobar cualquier cosa que digan sus dirigentes. Lo cual, de todas maneras, no deja de ser penoso.