El reciente fallo de la Corte de La Haya a favor de la petrolera Chevron exige un análisis que vaya más allá de las polémicas coyunturales. La clave del conflicto está en la relación que se ha impuesto entre la sociedad y el Estado moderno.

El juicio iniciado hace 25 años por las comunidades amazónicas ecuatorianas constituye un referente de acción colectiva en contra de una empresa privada. En este proceso, la intervención del Estado ecuatoriano debía limitarse a garantizar una administración de justicia independiente y proba. Una vez que el litigio pasó al ámbito internacional, el Estado ecuatoriano tenía la obligación de apoyar la demanda, por el simple hecho de que se trataba de compatriotas afectados en sus derechos por la acción de una empresa extranjera.

Estas condiciones ideales implican, no obstante, que existan políticas de Estado estratégicas que trasciendan las vicisitudes de los gobiernos de turno. Un ejemplo de esto podría ser la defensa irrestricta de los derechos ambientales en cualquier situación.
El problema es que los Estados modernos no son ni neutros ni imparciales. Con frecuencia defienden intereses particulares. La propia apelación a la “defensa de los intereses superiores del Estado” puede ser relativizada desde múltiples interpretaciones. ¿Se refiere a la nación ecuatoriana o a las nacionalidades indígenas? ¿Defiende la producción monopólica o la producción comunitaria? ¿Protege a la naturaleza o a la extracción de recursos naturales para el desarrollo?

Esta ambigüedad se agrava cuando son los gobiernos los que intervienen a nombre del Estado. En ese momento lo estratégico se vuelve transitorio y lo sustancial se banaliza. Carentes de una visión que actúe más allá de lo ciclos electorales, los gobiernos intervienen desde el utilitarismo más pedestre. Si un Estado como el nuestro jamás ha tenido políticas de largo plazo, pero aún las tienen los gobiernos.

El peor error de las comunidades amazónicas que demandaron a la Chevron fue permitir que el gobierno de Correa-Moreno manipulara mediática y electoralmente el caso. Hoy, la disputa entre la transnacional, la corte internacional y el Estado ecuatoriano amenaza con dejar en segundo plano al principal protagonista. Es decir, a las comunidades. Además, abre las puertas para que el actual gobierno también maneje el caso desde la utilidad política.

La iniciativa de las comunidades amazónicas afectadas por la Texaco generó adhesiones y simpatías a nivel mundial por la simple razón de que es una causa justa. Es una reivindicación desde el derecho fundamental a la vida. Es una lucha de los más desfavorecidos. Por ello, el principal apoyo tiene que venir desde las sociedades globalizadas, desde los movimientos de resistencia a nivel mundial. Ahí radica la fuerza no solo para sancionar social y moralmente a Chevron, sino para obligar a cada Estado a proteger a la gente.