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20 de Mayo del 2024
Ideas
Lectura: 3 minutos
20 de Mayo del 2024
Juan Cuvi

Master en Desarrollo Local. Director de la Fundación Donum, Cuenca. Exdirigente de Alfaro Vive Carajo.

El conjuro de la persecución política
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Cualquier burócrata de quinta categoría se siente autorizado para ordenar al chofer del ministerio que recoja a su hijo de la escuela en un vehículo oficial. Y se ufana de ello.

Persecución política: este es el conjuro con el que los políticos corruptos pretenden desaparecer los hechos. Es decir, anular la realidad.

Es lo que acaba de suceder –por enésima ocasión– con el caso de la narcofiesta a la que asistió Jacobo Bucaram Pulley. Con un simple lenguazo, el expresidente Bucaram, padre del involucrado, quiere esfumar los antecedentes que los relacionan a ambos con un caso de corrupción ya judicializado, y por el cual Jacobito portaba un grillete electrónico. Ahora resulta que los negociados en la provisión de insumos en un hospital de Guayaquil son meras ficciones, puras y malévolas especulaciones de sus enemigos políticos.

Con los jerarcas del correísmo ocurre lo mismo. El esquema delincuencial que montaron durante diez años para asaltar el erario nacional, y cuyas revelaciones tienen una seguidilla de capítulos cada vez más vergonzosos, no es sino un invento de la fiscal Diana Salazar. En la práctica, la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair no tiene fisuras, la refinería de El Aromo procesa diariamente miles de galones de gasolina, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón provee de electricidad al país, y Yachay es una universidad de excelencia ranqueada entre las mejores del mundo.

Tanto Lenin Moreno como Guillermo Lasso repiten el guión. Y en los pocos meses que lleva en el gobierno, el presidente Noboa ya anunció que su visión del poder transita por el mismo sendero.

Las irregularidades cometidas alrededor del proyecto inmobiliario en Olón, que involucran directamente a una empresa de su esposa, pretenden ser desvirtuadas con el manido argumento de la manipulación políticas de sus adversarios. Todo sería una retaliación de los partidos que perdieron en la última consulta popular. Porque, en realidad, no existen atropellos a los procedimientos jurídicos, ni faltas a la ética pública, ni permisos ambientales emitidos entre gallos y media noche. Todo es humo.

La explicación para estas conductas es más sencilla de lo que se supondría. Detrás del ejercicio de la política subsiste esa vieja noción patrimonialista heredada de la colonia. Quien llega a ocupar un cargo en la burocracia del Estado, ya sea por nombramiento, concurso o elección popular, se asume como propietario de los recursos que debe administrar de manera transitoria. Cualquier burócrata de quinta categoría se siente autorizado para ordenar al chofer del ministerio que recoja a su hijo de la escuela en un vehículo oficial. Y se ufana de ello.

De ese modo, no solo se borra la tenue línea que separa lo estatal de lo público; también se lo hace con la espesa línea que separa lo público de lo privado. Que el gobierno central construya una carretera en un área protegida, patrimonio natural de un pueblo ancestral, es tan condenable como que el municipio privatice el Hotel Quito, patrimonio cultural de la ciudad y espacio vital que le pertenece a la ciudadanía. Ni el sector privado ni el Estado pueden estar por encima del bien público.

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