Una democracia, a fin de considerarse tal, debe brindar a sus ciudadanos un alto grado de libertad, igualdad y también la posibilidad de controlar sin cortapisas las políticas públicas y a los hacedores de éstas, es decir a los políticos y funcionarios públicos, para lo cual ofrece una importante herramienta: la rendición de cuentas (accountability), que no es otra cosa que obligar a los políticos a responder sobre sus actos y actuaciones. Puede ser vertical, horizontal y social.

La rendición de cuentas vertical la ejercen los ciudadanos cuando utilizan el voto en procesos electorales periódicos, en los cuales el “castigo” al mal político será la no reelección. La rendición de cuentas horizontal se realiza mediante la dinámica propia de la división de poderes y de los pesos y contrapesos, es decir cuando Ejecutivo, Legislativo y Judicial se controlan mutuamente y además son controlados por organismos como Contraloría y Fiscalía General.

Finalmente, la rendición de cuentas social la practican directamente los ciudadanos por medio de procesos de revocatoria de mandato, por ejemplo, pero también a través de la opinión pública, que examina y sanciona la actuación de los políticos, afectando su reputación y popularidad. La efectúan asimismo organismos de evaluación independientes como por ejemplo Freedom House o Latinobarómetro y, sobre todo, la ejerce la prensa, que en una sociedad súper informada como en la que vivimos ha adquirido cada vez mayor relevancia en el control de los políticos y sus actividades, a más de constituirse en un reflejo de la opinión pública.

De esta forma, no sólo es derecho de los ciudadanos, es incluso su obligación, el exigir explicaciones a políticos como Alberto Acosta, María Paula Romo (y al resto de miembros de Ruptura), Katiuska King o Ramiro González, por, entre otras cosas, el papel clave que jugaron en la construcción de la estructura autoritaria de la que ahora hace uso el Presidente y su supuesta revolución. Por hacerse de la vista gorda cuando se violó la Constitución de 1998 para llamar a Consulta Popular. Por permitir sin inmutarse la destitución ilegal e inconstitucional de 57 diputados. Por avalar la persecución a la prensa, como el juicio de Correa a El Universo o la aprobación de la Ley de Comunicación. Por tardarse, algunos hasta 8 años, en “darse cuenta” de lo pernicioso del proyecto autoritario que constituye la revolución ciudadana. Por poner a la democracia de lado mientras fueron gobierno y que ahora, lejos del redil correísta, dicen defender. En definitiva, por subordinar su compromiso con la democracia y sus supuestos ideales a su interés más inmediato, el poder. Por no ser nada más que demócratas precarios.

Pero esa tarea no puede quedarse únicamente en pedir explicaciones, consiste también en recordarles y recordar a la sociedad, permanentemente, ese vergonzoso pero decisivo rol. Se debe tener siempre presente su endeble compromiso con la democracia, su oportunismo y su poca vergüenza, a fin de que jamás lleguen nuevamente al poder. Para esto, la labor de la prensa es fundamental.

Evidentemente, esos mismos políticos, ahora en entredicho, trataran de tergiversar la historia, de victimizarse, de hacernos creer que fueron engañados o que lo que se está cociendo es una suerte de cacería de brujas, que la prensa y la sociedad no tenemos derecho a poner en duda su reputación o sus supuestas rectas intenciones. Incluso algunos han ensayado una suerte de “mea culpa”, en la que, en lugar de disculparse y explicarse, lo único que hacen es justificarse.

No podemos caer en esa trampa, la ciudadanía y la prensa debemos exigir que rindan cuentas y recordar siempre la triste tarea que cumplieron. Es nuestro derecho y nuestra obligación. De esa forma no lo podrán hacer nuevamente. De esa forma tendremos una mejor democracia.