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18 de Julio del 2016
Ideas
Lectura: 7 minutos
18 de Julio del 2016
Gabriel Hidalgo Andrade

Politólogo y abogado. Docente universitario.

El correísmo es fascismo
El correísmo es hoy un capitalismo de Estado. Su modelo empresarial público busca convertir a la economía ecuatoriana en un sistema donde se estatiza los aportes del Estado a entidades públicas no estatales y se confisca lo privado. Representa lo más agrio del capitalismo de Estado porque se considera dueño de las asignaciones constitucionales a los municipios y a los demás gobiernos locales, a las universidades públicas y cofinanciadas, a los jubilados en forma de pensión y, próximamente, de los sueldos del funcionariado público.

El socialismo del siglo XXI no es socialista ni es del siglo XXI. Es rebautizar al capitalismo de Estado. El correísmo no es, por tanto, socialista.

Según el marxismo, el capitalismo de Estado es el sistema asalariado de producción y apropiación de la plusvalía bajo un modelo cuyo único actor con injerencia sobre la administración de los medios de producción es el propio Estado.   

En este paradigma, la propiedad estatal totalitaria de los medios de producción no elimina las relaciones sociales de explotación moderna. Al contrario, las profundiza. La nueva burguesía capitalista se integra por una clase social emergente compuesta por un grupo de nuevos ricos protegidos por el Estado.
El correísmo es hoy un capitalismo de Estado. Su modelo empresarial público busca convertir a la economía ecuatoriana en un sistema donde se estatiza los aportes del Estado a entidades públicas no estatales y se confisca lo privado. Por eso se entiende que las asignaciones constitucionales a las universidades, como los aportes también constitucionales al sistema de seguridad social, sean calificadas como propiedad del Estado.

Mientras los recursos permanecen en las arcas públicas, se considera que están bajo la responsabilidad del Estado y que son administrados por los gobiernos con pleno derecho. Pero, desde que la Constitución establece cuánto, cuándo y cómo asignar esos recursos, los gobiernos tienen la obligación de distribuirlos. En eso consiste la redistribución de la riqueza.

Los gobiernos alimentan sus arcas con las rentas petroleras, con la recaudación de impuestos, con endeudamiento público y con otros ingresos. Cuando los gobiernos destinan sus ingresos al pago de sus obligaciones crediticias, a la construcción de obras, al financiamiento de servicios, al pago de sueldos o a cubrir las asignaciones que establece la constitución a las entidades públicas no estatales, estos recursos se convierten en ajenos y ya no pueden ser considerados bajo la administración de los gobiernos. 
Estos recursos, de los que ya no puede disponer el gobierno, son controlados y supervisados por otras instituciones públicas como las contralorías estatales, con presencia en cada circunscripción territorial.  Tampoco puede decirse que son recursos privados, porque se someten a un régimen público de administración, gestión y transparencia establecido en la ley.  

Esto es lo que se conoce como redistribución de la riqueza porque consiste en una vía idónea para ofrecer a la sociedad el disfrute de las rentas del Estado, ahora convertidas en derechos, bienes o servicios. El derecho a la educación pública, a la jubilación, a la salud, al medio ambiente sano, al desarrollo local, a la seguridad ciudadana, entre otros, son derechos garantizados por el Estado a través de las asignaciones establecidas por la Constitución. 

El correísmo representa lo más agrio del capitalismo de Estado porque se considera dueño de las asignaciones constitucionales a los municipios y a los demás gobiernos locales, a las universidades públicas y cofinanciadas, a los jubilados en forma de pensión y, próximamente, de los sueldos del funcionariado público de carrera o de libre remoción.

Bajo esta concepción, el correísmo –léase, su partido político y operadores clientelares–, se siente en la autoridad de disponer sobre los recursos y vidas de los ecuatorianos. Por eso insisten los correístas más apasionados en que la política de becas en las universidades internacionales y cofinanciadas debe ser establecida por el gobierno, aunque esos recursos ya no estén bajo la responsabilidad del gobierno; por eso estatizaron las pensiones jubilares y convirtieron los aportes al seguro social como recursos de libre disponibilidad del gobierno; por eso quieren volcar a todo el funcionariado público a las calles cuando hay manifestaciones espontáneas de rechazo a alguna política pública del gobierno.

Sucede esto porque el correísmo se cree dueño del gobierno, dueño de la sociedad y dueño de sus recursos. Se cree dueño de todo porque el origen de esos recursos es público y porque ellos son el gobierno, ya no sus administradores temporales.

Así el capitalismo de Estado correísta es una forma de privatizar la política, la democracia y lo público porque necesita de una nueva burocracia emergente enriquecida por los recursos de todos y un aparato burocrático clientelar obeso y obediente. El correísmo odia a los ciudadanos con vocación crítica, odia a la empresa privada, odia a los medios independientes, odia a las organizaciones autónomas. El correísmo es sinónimo de odio a la libertad. 

El capitalismo de Estado le permite al correísmo su siguiente paso: estatizar a la sociedad y confirmarse en un modelo fascista.

El correísmo es un fascismo temprano porque se funda en un corporativismo estatal totalitario y una economía intervencionista. Es corporativista porque un solo cuerpo de contados clientes del gobierno se beneficia de los sobreprecios en la contratación pública. Es intervencionista porque busca eliminar la autonomía en todos los órganos públicos –estatales o no– y centralizar su funcionamiento en una camarilla de altos funcionarios dominada por el presidente de la República o por otra persona.   

El proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior que deroga la autonomía de las universidades públicas, de las universidades internacionales públicas y de las universidades cofinanciadas pasa por esta interpretación fascista de capitalismo de Estado.

La perversa matriz de opinión ideológica que busca imponer el correísmo pasa por esto. El presidente Correa, sus ministros y fanáticos insisten en un falso debate. Dicen: “las universidades no son autónomas del Estado si reciben aportes públicos”, por tanto “si reciben aportes del Estado debe ser el gobierno el que decida sobre la administración de estos recursos”, “educarse bajo estas condiciones es educarse con dinero ajeno”.

Esto equivale a creer que el correísmo, su partido y principales actores son dueños de lo público. Es estatizar la sociedad y desaparecer las diversidades. Es derogar el pluralismo y la democracia. Es darle la bienvenida al fascismo.

El correísmo es fascismo.   

@ghidalgoandrade

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