Existe una delgada línea entre la indolencia y el cinismo. Y con el caso Manuela Picq, el gobierno acaba de traspasarla. No conforme con afectar la integridad emocional de la detenida, arma un tinglado de mentiras, falsedades y documentos forjados para perseguirla, hostigarla, acosarla y, eventualmente, deportarla. Y de paso golpear arteramente a su compañero, Carlos Pérez Guartambel.

En una vergonzosa complicidad entre los ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores, el régimen desata una ofensiva que, por fortuna, ha sido tan burda y tonta que se desplomó ni bien empezada. En un gobierno medianamente serio, los responsables de ambas carteras deberían estar en su casa.

Lo que no calcularon los geniales estrategas verde flex es que el descaro también tiene límites. Sobre todo cuando se adentra en los frágiles terrenos  de la diplomacia.

Hoy, ni el más abrupto de los frenazos, ni la improvisada reversa que se vieron obligados a meter, salvarán al correísmo de la vergüenza internacional.

No obstante, el caso Manuela Picq no refleja ni resume el meollo de la confrontación política actual. Por más escandaloso que sea; por más que desnude el talante autoritario, la desesperación, la ineptitud y la torpeza del gobierno. Es tan solo un episodio más en la inclemente guerra que ha desatado el capitalismo transnacional en contra de los pueblos indígenas.

El jueves 13 de agosto fueron golpeados y detenidos, además de decenas de manifestantes, Carlos Pérez Guartambel y Salvador Quishpe. Precisamente los dos líderes de la resistencia campesina e indígena en las principales zonas de explotación minera definidas por el gobierno correísta. ¿Pura coincidencia? Ninguna.

En su obra La globalización: consecuencias humanas (Fondo de Cultura Económica, 2010), Zygmunt Bauman sostiene que la globalización les ha asignado a los Estados nacionales una función meramente policial: tienen que asegurar a nivel local el correcto desempeño de la economía mundial. En este esquema, los ministerios de gobierno o del interior cumplen una tarea decisiva: tienen la responsabilidad de “limpiar” el camino para la irrupción de las mega-empresas transnacionales.

En el caso ecuatoriano, esto significa facilitar la ocupación y el control de territorios ricos en agua, biodiversidad y minerales; es decir, de los recursos estratégicos más importantes para el gran capital. Y esto, inevitablemente, implica el desplazamiento de las comunidades que los han ocupado ancestralmente. Especialmente de los pueblos indígenas.

El acucioso Ministro del Interior ha cumplido esta misión con sobra de méritos.

Antes ya fue Xavier Ramírez, en Íntag. Mañana podrán ser otros dirigentes. Sin embargo, reemplazar la nulidad política por la fuerza bruta es una apuesta temeraria, porque gobernar desde lógicas estrictamente policiales tensa la cuerda hasta límites insostenibles.  Como los que estamos presenciando hoy… A menos, por supuesto, que los compromisos con las empresas transnacionales sean tan sugestivos que el gobierno tenga que mantenerse firme e indeclinable ¡hasta la victolia seclet!