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11 de Noviembre del 2020
Ideas
Lectura: 5 minutos
11 de Noviembre del 2020
Jean Cano

Periodista de investigación.

¿El correísta y candidato Rabascall debe ser juzgado por el caso Arroz Verde?
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En Ecuador hay una bandera de lucha del correísmo, que busca regresar al poder… y con no pocas posibilidades. La politización y mediatización de la Justicia es el arma principal para victimizarse y desacreditar cualquier acción anticorrupción, de cualquier tipo.

El correísmo está conectado con el Grupo de Puebla, que es la nueva organización que busca implantar en el continente y en España los postulados de lo que se conoce como el Socialismo del Siglo XXI, la nueva izquierda.

Esta idea fue ejecutada también en Ecuador por el expresidente Rafael Correa, quien se alió a líderes cuestionados de distintos países, señalados por ser populistas y por tener serios líos con la Justicia.
El plan del Grupo de Puebla es llegar al poder. En un principio para, supuestamente, mejorar la vida de los ciudadanos; sin embargo, una de las primeras acciones es meter las manos a la Justicia para desaparecer los procesos judiciales en contra de los líderes de la tendencia y sus acólitos. Específicamente, casos de corrupción.

Y el plan va viento en popa. En España, Podemos lucha para desvanecer los líos por el financiamiento ilegal que llegó desde Venezuela, Ecuador y Bolivia. En Argentina sacaron de un manotazo a jueces que investigaron la era Kirchner. En Bolivia los jueces desactivaron las ordenes de captura y procesos para Evo Morales y sus aliados. Lo último solo con el cambio de Gobierno…

Aquí en Ecuador hay una bandera de lucha del correísmo, que busca regresar al poder… y con no pocas posibilidades. La politización y mediatización de la Justicia es el arma principal para victimizarse y desacreditar cualquier acción anticorrupción, de cualquier tipo. 

Y la campaña del binomio correísta Andrés Arauz y Carlos Rabascall no está alejada de eso. Rafael Correa, el líder sentenciado a ocho años de cárcel y prófugo, no se cansa de repetir en cualquier espacio mediático la supuesta persecución, pese a que la Fiscalía y la Justicia contaron con pruebas contundentes de su participación en el delito de cohecho. Lo mismo hace el binomio. Y no es gratuito…

El caso Arroz Verde no ha terminado y esa puede ser una gran preocupación para el correísmo. Recordemos: La pandilla pedía dinero a cambio de contratos de obras estatales; y la plata estaba destinada al pago de asuntos del partido Alianza PAIS y otros gastos personales de los involucrados.

El caso Arroz Verde no ha terminado y esa puede ser una gran preocupación para el correísmo. Recordemos: La pandilla pedía dinero a cambio de contratos de obras estatales; y la plata estaba destinada al pago de asuntos del partido Alianza PAIS y otros gastos personales de los involucrados.

¿Y Rabascall?

La Fiscalía tiene abiertos otros procesos por el mismo caso. Las autoridades judiciales pidieron que se investigue a más personas. Es más, Luis Verdesoto y Enrique Pita, consejeros del CNE, entregaron pruebas a la Fiscalía General del Estado que comprobarían que otros actores estuvieron involucrados y que no han sido procesados. Y entre estas constan algunas personas y empresas beneficiarias de la plata que entregaban las empresas, beneficiarios de los sobornos.

De hecho, para algunos penalistas, las personas y empresas beneficiarias de la plata de los sobornos deben ser procesadas por el delito de asociación ilícita, con pena de tres a cinco años de cárcel. Esto porque cobraron dinero de empresas privadas y dieron sus servicios a políticos del correísmo. Y con pleno conocimiento de lo que sucedía.

Ese pudiera ser el caso del candidato a vicepresidente del correísmo, Carlos Rabascall. En el proceso de Arroz Verde, por el que fue sentenciado Correa y otros miembros del grupo delincuencial, Rabascall dio su versión. Y admitió que recibió dinero de una de las empresas involucradas, cuyo propietario sí fue sentenciado. 

En el proceso se señala lo siguiente:
“164. Fjs. 49687: versión de RABASCALL SALAZAR CARLOS XAVIER, quien en lo principal señala que: En el año 2013, entregó una factura a nombre de METCO por el valor de 7.000 dólares, el tipo de servicio que proporcionó fue el de asesoría en comunicación estratégica y media training. El servicio lo solicitó el señor Cristián Viteri y fue pagado por la empresa METCO MERCANTIL TÉCNICA CORDOVA.

571. Escrito presentado el 13 de agosto de 2019, por parte del señor Carlos Xavier Rabascall Salazar, quien remite copia notariada de la factura 1142, que registra como cliente a la empresa METCO CIA. LTDA. (Fjs. 47663) (SIC)”.

La Justicia debe decidir si esto es suficiente para procesarlo penalmente por ese delito. Hasta que la Fiscalía General del Estado reaccione, él sigue en plena campaña, busca llegar al poder de Carondelet, y, claro, denunciando la supuesta persecución política a través de la Justicia. De hecho, él prometió, de ganar las elecciones, impulsar una auditoría internacional para los casos judiciales como Arroz Verde…

[PANAL DE IDEAS]

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