De acuerdo con el estudio Barómetro de la Corrupción Ecuador 2022, realizado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, el 93% de las personas consultadas creen que la corrupción es un problema grande o muy grande en el gobierno nacional, lo cual socava no sólo la institucionalidad del país (tan venida a menos en estos tormentosos tiempos), sino que debilita peligrosamente el tejido social, ese esencial recubrimiento que permite preservar la cohesión dentro de una comunidad que avanza en la medida que exista la debida confianza entre sus miembros y, por lo mismo, sus relaciones estén fuertemente determinadas por el respeto mutuo, solidaridad, compromiso y práctica de los valores cívicos y una cooperación efectiva en función del bien común.

Por tanto, el fenómeno extendido de la corrupción al impedir que la gente actúe con base a certidumbres tiene un impacto negativo en el área económica y social, no sólo explicado por la elevación de los costes de transacción, sino también por el desvío de los recursos públicos (siempre escasos), en perjuicio de los sectores más pobres y desprotegidos, que son además los grupos con una menor capacidad de respuesta y absorción frente al peso de la crisis y la desigual distribución de sus cargas.

En el caso de Ecuador, la percepción de la corrupción incluso resulta ser mayor a los promedios registrados en la región para varias instituciones o grupos de estudio, como es el caso de los partidos políticos que lideran los niveles de opacidad con un 65%, seguidos de una Asamblea Nacional que reporta el 63%; ejecutivo y justicia con el 58%; representantes de los gobiernos locales con el 55%, entre otros.

Sin duda, se trata de un problema que avanza, lamentablemente, a paso sostenido y para enfrentarlo se requiere de la participación no sólo del Estado y de sus instituciones, sino también del sector privado y de la sociedad civil. En esto último, resulta penoso leer en el estudio Barómetro de la Corrupción 2022, que ‘…El 97 por ciento de la población asegura que no ha participado en consultas o actos en materia anticorrupción organizados por el gobierno en los últimos 12 meses…’.

Consecuentemente, hay que resaltar la plausible iniciativa de la Fundación CAJE quien junto a Kradac y el apoyo de USAID y PADF, han desarrollado la primera aplicación –a nivel nacional- llamada ‘corruptómetro’, con el propósito de medir los niveles de corrupción que se generen tanto en el sector público como privado.

Esta importante propuesta que se origina en Loja, coincide con una recomendación que consta en el estudio desarrollado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en cuanto a disponer de ‘…canales ágiles, sencillos y anónimos de denuncia…’, aspecto que se recoge precisamente en esta herramienta, en la que se puede referir al menos 11 formas de corrupción.