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16 de Diciembre del 2017
Ideas
Lectura: 8 minutos
16 de Diciembre del 2017
El costo de los derechos
Ya que usted y yo pagamos el costo de nuestros derechos, es conveniente que examinemos cómo el Estado obtiene de nosotros esos recursos y también echar una mirada a las consecuencias de que el Gobierno modifique las cargas de este financiamiento.

A usted y a mí nos gusta tener derechos y que se apliquen plena y cotidianamente en nuestras vidas y las de las personas que amamos. Si esto sucede, sentimos bienestar tanto individual como socialmente por una razón simple y poderosa: contamos con las condiciones materiales para tener y desarrollar nuestro plan de vida. Por eso, los derechos humanos son la razón ser del Estado y su misión suprema. Es decir, que el Estado ecuatoriano y su Gobierno solo se justifican y tienen legitimidad en la medida que logran la aplicación de esos derechos en el día a día de todos sus habitantes.

Por tales razones, tendemos a creer que es el Estado el que paga los costos de los bienes y servicios que concretan los derechos fundamentales, pero esto no es verdad. Lo cierto es que los derechos los financiamos todos los ciudadanos de una u otra forma, pero el Estado, o mejor dicho el Gobierno y la Asamblea Nacional, tienen la autoridad de distribuir las cargas de su financiación, así como las formas y la calidad en que tales bienes y servicios nos llegan a los ciudadanos.

Y, ya que usted y yo pagamos el costo de nuestros derechos, es conveniente que examinemos cómo el Estado obtiene de nosotros esos recursos y también echar una mirada a las consecuencias de que el Gobierno modifique las cargas de este financiamiento. Lo primero a saber es que existen tres grandes fuentes de financiamiento de los derechos: nuestro patrimonio común, nuestro trabajo y nuestros impuestos.

En efecto, la explotación de los recursos naturales es la primera fuente de financiamiento. Ahí está el petróleo; la energía eléctrica; las concesiones de espectro radioeléctrico para telefonía celular, telecomunicaciones y medios de comunicación; las concesiones mineras, y un largo etcétera que abarca todo el patrimonio de los ecuatorianos. Por eso, es importante que esos recursos sean explotados a costos razonables y vendidos o concesionados a precios justos.

Si esto no sucede, los ciudadanos seremos doblemente perjudicados, primero porque nos roban la parte del patrimonio nacional que es mal vendida y segundo porque esa pérdida impactará en la cobertura y calidad de los bienes y servicios que concretan nuestros derechos. Dicho fácil y rápido, con menos plata habrá menos derechos para algunos de nosotros. Generalmente se perjudica más a los menos organizados, los menos educados, los más empobrecidos, los que posiblemente no reclamarán.

La segunda fuente de financiamiento es el trabajo, concretamente el salario que cada uno recibe por realizarlo, porque dependiendo de cuánto se gana, los bienes y servicios que concretan el ejercicio de los derechos fundamentales se cubren con dinero del propio salario.

En efecto, por ejemplo, un burócrata o un empleado privado desde el nivel medio hasta el más alto en la escala laboral, se puede permitir tener un seguro privado de salud, con lo cual no usa los servicios públicos de salud, salvo que se trate de un asunto grave o crónico para el cual no tiene cobertura privada. También puede permitirse educación privada para sus hijos y así no usa la escuela pública, tampoco usa el transporte público porque tiene vehículo propio y su vivienda se ha obtenido mediante una hipoteca que paga con su sueldo, por lo que no se apunta a los programas de vivienda social. En similar situación están los empresarios y los profesionales liberales con éxito.

Pero, lastimosamente, este grupo de personas es apenas un 15% del total de habitantes del país y, aún ellos necesitan de la policía y la administración de justicia pública para proteger sus derechos y su patrimonio, así como otros bienes y servicios que no pueden pagar por sí mismos o no pueden ser privatizados como la defensa y protección que proporcionan las Fuerzas Armadas, los bomberos o los servicios de emergencias y catástrofes.

Por otro lado, los demás habitantes que trabajan no pueden pagar de su salario el costo de los bienes y servicios que concretan los derechos por una simple la razón: los salarios son muy bajos para poder hacerlo. Consecuentemente, el Estado prevé para ellos –y para quienes no trabajan– servicios públicos gratuitos de educación, salud, vivienda, entre otros.

A primera vista, esta situación podría parecer injusta, pero no lo es por dos razones. La primera es que los trabajadores generan mucha más riqueza de la que reciben como salario y esa riqueza es la que sirve para financiar el bienestar de los burócratas y empleados privados de nivel medio y alto, de los profesionales liberales y de los empresarios. La segunda razón es que los empleados con salarios bajos y básicos, e incluso los que no tienen empleo, también pagan impuestos con cada objeto que compran. Al pagar el IVA contribuyen a la financiación de los derechos de todos, y lo hacen tanto o más que los mejor situados, porque las personas con salarios básicos o con ingresos menores a ese salario son muchos más.

Esto nos lleva a la tercera fuente de financiamiento de los derechos: los impuestos. La cosa es muy sencilla, los mejor situados sostienen que deben pagar menos impuestos porque ellos no usan muchos de los servicios públicos que concretan el ejercicio de los derechos. Presionan al Gobierno para que baje los impuestos señalando, además, que eso dinamiza la economía, pues si parte de los impuestos se convierten en ganancias habrá un mayor estímulo para invertir.

También sostienen que los impuestos deben ser destinados preferentemente a generar condiciones favorables al aparato productivo como, por ejemplo, tener y mantener carreteras, puertos y aeropuertos que faciliten la circulación de mercaderías y la prestación de servicios privados; abaratar los costos de la energía destinada a la industria; o establecer líneas de crédito preferencial para emprendedores. Porque si todo esto sucede, entonces se generará empleo y, según los mejor situados, las personas con empleo no tienen que recibir servicios o bienes gratuitos de parte del Estado, ya que pueden pagarlos –al menos en parte– con sus salarios. Lo cual, como hemos visto, no es verdad para la gran mayoría de trabajadores.

Finalmente, los defensores de derechos humanos, los trabajadores de a pie y los humanistas en general, le piden al Estado mantener la carga impositiva, pero esmerarse en optimizar los niveles de eficiencia en la administración de todos los recursos disponibles para financiar el ejercicio cotidiano de los derechos. Pues saben que, de no hacerlo así, los impactos de los recortes los sufriremos todos de un modo u otro, pero primero y con mayor violencia, les afectarán a los desempleados y los trabajadores con salarios bajos o básicos.

En este contexto, es necesario y urgente discutir, desde una perspectiva de derechos, las medidas económicas que de forma inminente tomará el Gobierno Nacional después de la consulta popular de febrero. Con seguridad esto tiene mayor trascendencia para la calidad de vida de los ecuatorianos que cualquier otro asunto, pues nada hay más grave, antidemocrático e ilegítimo que afectar el alcance o la calidad de los derechos humanos que ya disfrutamos.

[PANAL DE IDEAS]

Rodrigo Tenorio Ambrossi
Juan Carlos Calderón
Fernando López Milán
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Gabriel Hidalgo Andrade
Carlos Arcos Cabrera
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