La aprobación del informe que recomienda el juicio político al presidente Guillermo Lasso por 104 asambleístas revela que el gobierno no apeló a esa vieja práctica del hombre del maletín, del contrato colectivo con los congresos, del reparto de hospitales, de la entrega de cargos y otros muchos medios que históricamente se han utilizado para voltear las votaciones en contra de los gobiernos de turno.

Ese es el modelo de gobernabilidad instaurado con el retorno a la democracia.  Por ello, se veía como algo natural que si Lasso quería tener respaldo en la Asamblea Nacional debía adherir al pacto con los socialcristianos y los correistas. Resultaba incomprensible, para políticos experimentados como Nebot, que la bancada de Creo no votará por Henry Kronfle, candidato de tal acuerdo a la presidencia de la Asamblea.  Estaba, por cierto, en juego el tema de la impunidad, vía la conformación de una comisión de la verdad para que Correa burlara a la justicia. Lasso no se prestó para eso.

También en el debate sobre el proyecto de inversiones enviado por el Ejecutivo a la Asamblea, no faltaron los asambleístas de Pachakutik que condicionaron su voto a que el gobierno satisficiera sus pedidos. El caso del excandidato presidencial Hervas también salió a la luz pública por las mismas razones.

La estabilidad política de los gobiernos deviene, pues, en una ocasión para tergiversar la independencia de la función fiscalizadora del parlamento, cuyo poder se lo ejerce no siempre pensando en el interés público, sino en cálculos oportunistas para el beneficio personal o particular. Así, los asambleístas dejan de representar a sus electores y a los ciudadanos. De ello son en gran medida responsables los llamados partidos políticos que trafican con candidaturas y canonjías.

La política, en esas condiciones, sacrifica la ética y se degrada como una operación de mercado. La compra de votos, las campañas millonarias y las chequeras convierten a las elecciones en un terreno en el que el cálculo mercantil desplaza a la seducción de las ideas y propuestas de gobierno debidamente sustentadas.   Ello trae consigo una erosión de la credibilidad de los órganos del Estado que son administrados de conformidad con esos antecedentes. 

La burocracia se ve infiltrada por el pago de los favores electorales. Los afiliados al partido ganador se creen con derecho a ocupar cargos no con el ánimo de servicio sino con afán de lucro.  Las empresas estatales también caen en ese círculo de negociados que conspiran en contra de la administración transparente y eficiente del Estado.

En los derrocamientos de presidentes y su sustitución han aflorado los apetitos de quienes luego de subirse a la camioneta del golpe se bajaron cuando sus aspiraciones no fueron satisfechas por el nuevo gobernante. Tales los casos, de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez. La salida de los presidentes no se tradujo en un giro en la dirección del gobierno.  A estos reemplazos se les fue igualmente cercando, poniéndoles, condiciones para que duren en su encargo. La gobernabilidad en estas condiciones ya no es solo del presidente de turno sino del sistema democrático en su conjunto.

Pocos han sido los presidentes que se cayeron sin poner en subasta sus cargos o que pudieron terminar sus períodos sin renunciar a sus competencias.

La gobernabilidad democrática no consiste en sortear los embates de la oposición con dádivas indecorosas y fraudulentas. Se sostiene en la legitimidad de la gestión de gobierno y en la capacidad para recuperarla en el marco del respeto a la institucionalidad. Es lo que la población espera del gobierno para cerrar el paso a la intentona golpista que es un salto al vacío.   

El informe aprobado en la Asamblea adolece de vicios de forma y de contenido. Los que votaron por él ni siquiera lo sustentaron jurídicamente. Para ellos se trataba de un requisito formal. Lo que contaba era el número, no el fondo. Demostraron no tener capacidad de discernimiento. Pese a algunos ser críticos terminaron votando como la mayoría para no ser tildados de oficialistas. No parece que les importe corroer los cimientos de la democracia, en la que no creen pero de la que se aprovechan.