El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) definitivo tiene que desaparecer en el menor tiempo posible. Tal como está concebido, ni garantiza la participación social ni ejerce control alguno sobre el poder político. Una instancia de elección individual no tiene posibilidades de representar el interés colectivo.

En una sociedad tan diversa y fragmentada como la ecuatoriana, únicamente la intervención autónoma de las organizaciones sociales a nivel local o regional puede controlar a la administración pública. La centralización del poder es el mejor velo contra la transparencia, porque deja en manos de las élites políticas el manejo de la cosa pública. El anterior CPCCS correísta fracasó precisamente porque fue armado en la trastienda de Carondelet. Fue un simple adminículo del poder Ejecutivo.

Y es que la transparencia, como lo afirmó Julio César Trujillo en una entrevista radial, jamás debe ser considerada una función del Estado, sino una característica del servicio público. La ética pública supone que todo funcionario del Estado debe actuar desde ciertas premisas: honestidad, probidad, solvencia profesional, capacidad, vocación, etc. Pretender colocar un comisario en cada oficina pública consuma el fracaso de la democracia.

El riesgo frente a la próxima elección del CPCCS definitivo radica en la “electorización” de su designación. Es decir, en la posibilidad de que sean justamente los viejos poderes electorales los que impongan a sus candidatos, aquellos grupos que medran de la descomposición política que nos heredó el correato. Su condición de argollas electorales les confiere ventaja sobre las organizaciones sociales. Basta un poco de popularidad y bastante dinero para asegurarse el éxito de en las urnas.

Ya hay anticipos de lo que sucederá en 2019. Hoy asistimos a las más vergonzosas estrategias y alianzas electorales de las que tenemos memoria. Todo vale con tal de acceder a un puesto de representación popular. Y los acuerdos contra natura, a no dudarlo, estarán normados por un reparto adecuado luego del triunfo. No de otra manera se explica que enemigos políticos supuestamente acérrimos integren la misma papeleta electoral.

En esas condiciones, el próximo CPCCS puede terminar expresando esa descomposición y no las aspiraciones éticas y democráticas de la ciudadanía. Partidos deslegitimados podrán encaramarse en cualquier figura farandulera para controlar ese organismo.
Hoy que se cumplen diez años de la Constitución de Montecristi cabe reflexionar sobre aquellos aspectos nodales que deberían ser cambiados. Entre ellos, devolverle a la representación popular, por más imperfecta que sea, la potestad de nombrar a las principales autoridades del Estado. Una Asamblea Nacional mediocre será menos devastadora que un CPCCS de bolsillo.