En un proceso penal que se lleva de manera ética y profesional, la acusación y la defensa buscan establecer la verdad, es decir, probar la existencia o no de un delito y, de existir este, determinar el grado de participación y responsabilidad del acusado en el hecho que se le imputa.

La verdad establecida durante el proceso debe ser el fundamento de las decisiones de los jueces. Tomar decisiones con base en la verdad es hacer justicia.

Una de las dimensiones del hacer justicia es la pertinencia de la pena: su adecuación al delito y al daño social causado. Una pena demasiado baja para un delito que causa gran conmoción social puede terminar rehabilitando al criminal ante los ojos de los ciudadanos. 

Esto ocurrió con la reciente suspensión condicional de la pena del legislador correísta Yofre Poma, culpable de haber participado, en calidad de cómplice, en la paralización del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), durante el estado de excepción decretado en octubre del año pasado. Hecho, este último, que constituye un agravante del delito cometido.

La pena simbólica que los jueces impusieron a Poma, a quien liberaron, además, del pago de los daños ocasionados a Petroecuador, nos dice: “Sí, el Sr. Poma hizo algo incorrecto, algo que le costó al país cientos de miles de dólares. Pero no es para tanto. Ni que, como un ladrón cualquiera, hubiera robado un celular”.

Como suspendieron el cumplimiento de su pena, Poma, cual fénix renacido de sus verdes cenizas, pretende volver a ocupar su puesto en la Asamblea. Él perjudicó seriamente los intereses de los ecuatorianos. Y, aun así, insiste en mantener su representación. ¡Falta de lógica! ¡Falta de ética! ¡Desvergüenza en tono mayor!

Los jueces que liberaron a Poma no consideraron, en su decisión, el gran daño moral y económico que sus acciones delictivas irrogaron al país, en una situación de conflicto social tan grave, que llevó al Gobierno a declarar el estado de excepción. Al contrario, enviaron a la ciudadanía el mensaje de que “el crimen sí paga”. Sobre todo, si el criminal es un alto dignatario.

Decisiones como esta muestran, con claridad, que los ecuatorianos somos desiguales ante la ley. Y que algunos delincuentes, en lugar de ser castigados, pueden ser premiados por sus jueces. Convertidos, por ellos, en víctimas y héroes.

Poma no siente ninguna vergüenza por el delito cometido. Se siente un héroe. Por eso, Pabel Muñoz y otros legisladores correístas celebraron, como si de un héroe se tratara, el regreso de un delincuente. Cubiertos con los símbolos de la pureza. Ángeles y guardias pretorianos al mismo tiempo, intentaron reinstalar a Poma en la Asamblea; en el lugar que, no solo legalmente, sino por decencia, ya no debería ocupar. Con su intento, los correístas violentaron las seguridades de la legislatura e incurrieron, probablemente, en un acto de apología del delito.

En fin. Así están las cosas. El Diablo tiene, en Ecuador, sus propios jueces y abogados. Y en este país, al parecer, el Diablo siempre gana y el crimen siempre paga.