Una vez que ha arrancado la campaña de la segunda vuelta electoral el Ecuador tiene por delante la tarea de encontrar un camino viable para enfrentar la crisis. Dicho camino más que con la ideología y con las simpatías circunstanciales, tiene que ver con la capacidad del nuevo presidente para tomar decisiones acertadas y medidas eficientes. 

El debate presidencial del CNE, en la primera vuelta, no logró que los candidatos centraran su atención en ese punto y precisaran cómo pensaban tratar los problemas que abaten al país y deterioran la calidad de vida de los ecuatorianos, en especial de los más pobres. La segunda vuelta demanda otro tipo de análisis y concreción de los finalistas. La competencia electoral más que para ganar votos es una oportunidad para conocer los atributos de los postulantes para ponerse al frente de un barco que se hunde. Ello exige comenzar por el diagnóstico de la realidad, para que sus ideas generales aterricen en el campo operacional de gobierno. Sus propuestas deben incluir compromisos de acción posibles en los distintos ámbitos de la gestión del estado. La demarcación de posiciones, de derecha o de izquierda, pierden relevancia si carecen de sustento político y técnico. El extremismo en la discusión sobre los modelos -neoliberal o estatista- deja de lado su aplicación práctica, cuando los fracasos de uno y de otro se explican por las deficiencias en su implementación, más que por razones ideológicas. Esto queda absolutamente claro en la exitosa vacunación masiva en Chile. Sebastián Piñera, conservador, acertó en la planificación y logró que 5 millones de sus compatriotas se vacunen antes de lo previsto. En Ecuador, el gobierno se vio obligado a pedir disculpas por el colapso digital que retrasó el inicio de la fase 1 del plan de vacunación. 

Este caso ilustra la capacidad de gestión gubernamental frente a un hecho concreto. Son estos aspectos los que dan cuenta de la responsabilidad que recae en un gobernante.

En esta misma línea de reflexión es necesario poner en debate la gestión del gobierno de la “revolución ciudadana”, con ejemplos concretos. El manejo populista de la economía quebró empresas públicas, como la de los ferrocarriles y de los correos. Informaciones de El Comercio revelan que en ambos casos no hubo estudios ni sustentos técnicos para las millonarias inversiones realizadas. Su resultado: pérdidas de 23 millones de dólares al año en los ferrocarriles y de 3,4 millones de dólares en los correos, en los últimos años.  Otro fracaso fue el desmantelamiento del sistema de salud pública. Ecuador perdió su capacidad para producir vacunas en 2012 por la desaparición del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. Este centro, desde su fundación en 1941, fue un referente de la investigación científica en la región.

En cuanto a la corrupción, el periodismo de investigación destapó los entresijos e intereses particulares en juego en el caso Odebrecht , como lo reseñan el investigador colombiano, Jorge González,  y el  periodista ecuatoriano Christian Zurita.  Este es solo un ejemplo del cometimiento de prácticas ilícitas que configuraban la existencia de una organización ideada para delinquir.  Su acción contaminó los procesos de licitación y de contratación de obras, a través de la entrega de sobornos.

Eludir temas como los mencionados equivaldría a disociar el contenido de las propuestas con las prácticas de gobierno. Las altas posiciones de liderazgo abren posibilidades de abuso del poder. Es lo que ocurrió en la década de 2007 a 2017. Escamotear esta discusión sería convertir el debate en un concurso oratorio que examine las habilidades retóricas de los candidatos y no su solvencia ética y sus destrezas administrativas. ¿Cómo enfocan los candidatos los grandes retos que asumirán como gobernantes? No solo para ganar votos, sino para asumirlos y enfrentarlos. ¿Con qué conocimientos cuentan para hacer frente a la crisis? ¿Cuál es la concordancia de sus propuestas con la realidad?

En las condiciones que imperan en la actual coyuntura esta indagación es enteramente pertinente. La escasez de recursos económicos, la fragmentación política, la debilidad institucional reducen el margen de maniobra del futuro gobierno. Esto hace que la competencia para gobernar sea determinante en el enfrentamiento de la crisis. Lo cual, pese a ser evidente, choca con la lógica electoral que valora más la imagen de los candidatos que la eficiencia y eficacia de su gestión gubernamental. Además, el ejecutivo tendrá que contar con el apoyo de la asamblea nacional para llevar adelante sus proyectos. Ello requiere capacidad de negociación que también el debate debe mostrar.    

Aparte de lo señalado, hay un conjunto de propuestas de varios de los candidatos que intervinieron en la primera vuelta, que calaron con fuerza en el electorado. El candidato que triunfe el 11 de abril ¿cómo incorporará esos temas en su agenda de gobierno? Esto también tienen que tratarlo en el debate, no para complacer a quienes lo propusieron y respaldaron, sino para apreciar su discernimiento sobre las condiciones requeridas para acometerlas con éxito.