Guillermo Lasso está empeñando el escaso capital democrático que le queda. En efecto, haber convocado a la muerte cruzada y, a continuación, haber desistido de participar en la carrera por la reelección presidencial, puede ser leído como dos decisiones totalmente respetuosas de la institucionalidad política.

Sin embargo, con sus intentos por pasar de agache ciertos decretos ejecutivos está borrando con el codo lo que ha hecho con la mano. Estos decretos han sido una jugada precipitada e irresponsable para afinar el proyecto neoliberal que no pudo poner en práctica durante sus dos años de gobierno. Lasso no solo que no admite el naufragio de su gobierno; pretende desconocer que el proyecto empresarial que le ofreció al país fue un completo fracaso. Así de simple y llano. El Ecuador no aceptó unas políticas que agravaron aún más las difíciles condiciones en que vive la mayor parte de la población.

En esencia, Lasso incurre en una abierta negación de la realidad: no está consciente de que dirige un gobierno que está de salida. Y está de salida, entre otros factores, porque una abrumadora mayoría de ecuatorianos le dio la espalda. No solo por el bloqueo legislativo de una oposición igualmente desprestigiada e ilegítima.

En ese sentido, querer pasar decretos al apuro y a última hora constituye un irrespeto al sentir de ese universo de ciudadanos que le retiraron la confianza. En un acto contrario al espíritu democrático que debería guiar los actos del poder político. Es la imagen más triste de la viveza criolla, del mal perdedor.

En el caso del decreto 754, la situación es inclusive más burda, porque detrás de su objetivo final existe una violación flagrante de la ley. Modificar un derecho –a la consulta ambiental y a la consulta previa, libre e informada– mediante un simple decreto, contradice la Constitución. Y todo por allanarles el camino a las empresas mineras.

Porque, en el fondo, a eso se reducen estos juegos jurídicos: a un negocio puro y duro. Al igual que el decreto de creación de zonas francas que, afortunadamente, fue vetado por la Corte Constitucional. Al fin y al cabo, Lasso nunca ha negado su visión ni su condición de banquero. 

Con sus últimas decisiones, el presidente quiere hacer buena letra con las gigantescas corporaciones mineras que están detrás de la extracción frenética de recursos naturales. El decreto 754 está diseñado para facilitar el licenciamiento a las inversiones mineras, en perjuicio de las comunidades y de la naturaleza. Buscan consultas breves y superficiales que reduzcan la información y la participación de la población afectada.

Poco importan los derechos colectivos, el agua, la biodiversidad o la salud de las poblaciones locales. Todo es lucro. Aunque para ello haya que pasarse la ley por el forro.