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3 de Noviembre del 2015
Ideas
Lectura: 7 minutos
3 de Noviembre del 2015
Patricio Moncayo

PhD. Sociólogo. Catedratico universitario y autor de numerosos estudios políticos.

El déficit político no entró al debate
Ni a los economistas ortodoxos, social demócratas ni izquierdistas, se les ocurrió ofrecer más democracia ahí donde escasean los recursos económicos; para profundizar en la democracia es necesario distribuir mejor el poder entre los ciudadanos; lo cual implica no solo revitalizar la democracia representativa sino dar a los representados mayor poder, esto es mayor gobernabilidad sobre sus propios problemas.

El debate entre economistas gira en torno  a la economía, a la crisis, a la desaceleración, la recesión o como se la quiera llamar. Se examinan las causas externas e internas, los modelos económicos, las ideologías en las que se asientan. Curiosamente para la izquierda y la derecha estos temas marcan la línea divisoria entre ellas. La derecha aboga por la producción,  el ahorro, la austeridad, la seguridad jurídica, el achicamiento del tamaño del Estado, la inversión privada y extranjera. Los principales problemas derivados de este enfoque son: el elevado gasto público, el endeudamiento externo, el déficit fiscal, el déficit comercial, la caída de depósitos, la política económica del gobierno que no precautela los grandes equilibrios.

La izquierda adhiere a tesis como la acumulación interna de capital por la vía estatal, la distribución de la riqueza y del ingreso, un Estado regulador capaz de subordinar los intereses del gran capital a los intereses del pueblo, de las clases subalternas sujetas a la opresión del sistema capitalista. Los principales problemas que este enfoque destaca conciernen a la desigualdad social, el desempleo, la marginalidad,  los derechos sociales, los monopolios, la lógica del mercado. A la izquierda le preocupan más las raíces estructurales de la crisis, por tanto, su perspectiva es de mediano y largo plazo.

Para la derecha el gobierno es el principal responsable de la crisis por haberse excedido en la capacidad de gasto: la inversión pública está bien pero si sobrepasa la capacidad de la economía se incurre en un grave error. La izquierda sostiene que el gobierno ha impulsado la modernización del capitalismo, inscribiéndose en “las lógicas dominantes de la globalización”. Para la derecha, el gobierno deberá profundizar el “ajuste estructural” poniéndole en la línea del neoliberalismo. Para la izquierda el gobierno estaría cediendo a las presiones de los sectores empresariales, como lo revelaría la ley de Asociaciones Público-Privadas.

Desde este prisma ideológico se vuelve difícil entender lo que se ventiló en el debate entre el presidente Correa y los exponentes del pensamiento económico ortodoxo: Alberto Dahik y Mauricio Pozo, y una voz más bien social demócrata, expresada por Ramiro González. Para el oficialismo, Correa salió triunfante al enarbolar el proyecto ideológico de la revolución ciudadana y poner en evidencia a los exponentes históricos “de la consolidación del modelo empresarial neoliberal en Ecuador”. Para amplios sectores de opinión, Pozo y Dahik dieron cátedra, demostraron solvencia técnica y refutaron al presidente en su obcecación por tapar el sol con un dedo; para la izquierda el debate fue un sainete, los invitados fueron ex funcionarios de un “pasado oprobioso” frente a los cuales Correa fungió como izquierdista.

En todo caso, tras nueve años de resistirse a debatir con sus adversarios, Correa dio la cara, lo cual es una expresión de cómo han cambiado los vientos desde que los movimientos sociales se hicieron presentes en calles y plazas.  

¿Por qué el debate?

Sin duda, el gobierno se siente acorralado por una coyuntura que se le vuelve muy difícil de manejar. Paradójicamente, un gobierno que se autodefinió como de izquierda, se ve compelido a tomar medidas muy similares a las que en coyunturas parecidas tomaron los gobiernos de Sixto Durán Ballén y de Lucio Gutiérrez. Hasta un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se descarta.

Lo que ciertamente estuvo fuera del debate fue el tema del déficit político, del déficit de poder que sufre la población.

La crisis económica alude a la carencia de recursos económicos, por lo que se hace indispensable reducir  el gasto público; pero ocurre que no solamente los recursos económicos están mal repartidos y administrados. También los recursos de poder, lo están. La concentración de poder en el Ejecutivo, la merma de gobernabilidad en los gobiernos municipales y provinciales, el debilitamiento de la descentralización, configuran un cuadro de déficit político que no puede resolverse solo por la vía electoral.

Ni bajo el neoliberalismo ni bajo la “revolución ciudadana” ha habido una transferencia de poder hacia las juntas parroquiales, las organizaciones de la sociedad civil, de los barrios, comunas, cooperativas. Los modelos económicos que discuten tan apasionadamente los economistas del gobierno y de fuera de él, no incluyen este ángulo de la crisis.

Para el neoliberalismo es suficiente que haya libertad de empresa y de mercado; para el socialismo estatista, es al Estado al que le compete administrar la riqueza en función de los intereses del conglomerado social más empobrecido. Pero igual que para los neoliberales, no son los ciudadanos los protagonistas del enfrentamiento de sus problemas, sino el Estado; para los unos, el mercado, para los otros, el Estado. El pueblo solo se hace presente en las elecciones, subiéndoles bien a los unos o bien a los otros, de acuerdo al péndulo electoral, pero en ambos casos pierde poder, una vez concluidos los sufragios.

Ni a los economistas ortodoxos, social demócratas ni izquierdistas, se les ocurrió ofrecer más democracia ahí donde escasean los recursos económicos; para profundizar en la democracia es necesario distribuir mejor el poder entre los ciudadanos, lo cual implica no solo revitalizar la democracia representativa sino dar a los representados mayor poder, esto es mayor gobernabilidad sobre sus propios problemas.

¿Ello tiene algún costo económico? Ninguno; es algo que puede hacerse en un coyuntura de bonanza, como la que tuvo el gobierno hace nueve años, o en una coyuntura de crisis, como la que ahora ocupa la atención de los economistas.

Sobre esa base, sí cabría pensar en una redefinición de la línea divisoria entre izquierda y derecha, y a lo mejor tendríamos sorpresas, pues no se sabría de antemano quién es más conservador, si los que aún reivindican la izquierda de ayer, de los sesenta, o si los abanderados de un recetario económico que no es de por sí infalible.   

Derecha e izquierda no son clasificaciones inamovibles, son situacionales y cambiantes.

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