Sorpresivamente, cuando el asunto parecía saldado desde la última discusión de marzo del 2013, el gobierno de Ecuador —que preside Rafael Correa— volvió a la carga durante la Asamblea General de la OEA que se desarrolló en Asunción (Paraguay), con el inocultable propósito de destruir la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que funciona en la órbita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Correa —ya se sabe— es uno de los principales depredadores de este derecho humano, básico y fundamental, en todo el continente. La Ley Orgánica de Comunicación que hizo aprobar el año pasado por el Congreso que controla absolutamente, constituye uno de los retrocesos más graves de las últimas décadas en materia de libertad de expresión. Esa ley, justamente conocida como “ley mordaza”, ha sido denunciada por los relatores de la OEA y de la ONU y por todas las organizaciones promotoras de los derechos humanos y de esa libertad: desde la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) hasta Reporteros Sin Fronteras (RSF), pasando por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN, por su sigla en inglés), Human Rights Watch (HRW), el Instituto de Prensa Internacional (IPI), el Comité de Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), el Comité Mundial para la Libertad de Prensa (WPFC, por su sigla en inglés), la Federación Internacional de Publicaciones Periódicas (FIPP), IFEX y Artículo 19, entre otras.

Como Correa ya controla el flujo informativo en su país, sometiendo a periodistas y ciudadanos comunes a una férrea censura “legal”, quiere hacer lo mismo pero a escala continental. Su osadía, como se puede apreciar, no tiene límites.

Pero que el gobierno de Ecuador quiera imponer a toda América su concepción totalitaria en materia de libertad de expresión no es lo que más inquieta. Lo más preocupante es que otros gobiernos democráticos de la región estén permanentemente sometidos al chantaje del régimen ecuatoriano. Correa sabe que su posición en esta materia sólo es respaldada por el llamado “eje bolivariano” (Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Argentina, ciertos paisitos caribeños y, aunque no pertenezca a la OEA, la dictadura cubana). Por esa razón, amenaza a los demás como un niño caprichoso y maleducado. “Si no sale esto, me retiro del sistema”, dice, generalmente a los gritos y golpeando la mesa. Y los demás, en procura de que el niño chico y maleducado deje de patalear, transan y lo tratan con un “cariño” que ni siquiera es genuino.

Así, el 27 de mayo, durante una conferencia de los Estados parte del Pacto de San José de Costa Rica desarrollada en Haití, Correa logró imponer una declaración que promovía la intervención directa de los gobiernos en las actividades de las relatorías de la CIDH, contraviniendo el carácter autónomo e independiente de este organismo internacional creado, precisamente, para controlar a los estados.

Ahora, en Asunción, Ecuador quiso implementar esa declaración pero algunos gobiernos —con la notable y lamentable excepción de Brasil— trabajaron para impedirlo. De todos modos, la resolución que estaban a punto de aprobar al cierre de esta edición de Búsqueda contiene un párrafo que deja abierta para una discusión eterna (esto es, para cuando Correa y sus malenseñados ministros quieran) nada menos que la autonomía de la CIDH y, especialmente, de su Relatoría para la Libertad de Expresión.

El martes 3, hablando para el diario El Tiempo de Colombia, el chileno José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, puso los puntos sobre las íes.

“Se está rompiendo el acuerdo que se alcanzó en marzo del 2013 en el marco de una Asamblea Extraordinaria de cancilleres que se citó exclusivamente para cerrar la discusión del llamado proceso de fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que durante años mantuvo en vilo el mandato de la CIDH. Desde ese día, en el que fueron rechazadas las propuestas de Ecuador, todos los Estados del ALBA y otros como Argentina, vienen trabajando para que se renegocie todo lo decidido que no fue del agrado de Ecuador. Su único propósito es el de debilitar a la CIDH y liquidar a su Relatoría para la Libertad de Expresión”, dijo.

“El presidente Correa no está dispuesto a tolerar que haya quedado en pie la Relatoría” y lo que está ocurriendo en Asunción “responde a la obsesión de Ecuador contra la Relatoría de Libertad de Expresión, a la complicidad de sus aliados y a la incapacidad de otros estados de comprender la verdadera dimensión de lo que están acordando”, precisó.

Vivanco resaltó una verdad tan grande como el Estadio Centenario: “La CIDH y su Relatoría para la Libertad de Expresión, al igual que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son lo más rescatable de la OEA y justamente porque han sido efectivos, algunos Estados buscan anularlos”.

Añadió que “el gran objetivo” de Ecuador y sus aliados “es debilitar a las únicas instituciones que no están sometidas a la voluntad de los gobiernos y no rendirle cuentas a nadie. Ya eso lo lograron en el plano interno, donde su poder es casi ilimitado. Y ahora pretenden eliminar los únicos límites al ejercicio del poder que subsisten en el campo internacional, que son los que le ponen la CIDH y la Relatoría. En el caso de Correa, por ejemplo, el único obstáculo frente a la censura contra los medios de comunicación es la Relatoría y eso no está dispuesto a tolerarlo”.

Mientras todo esto acontece en Paraguay, el Instituto de Prensa Internacional (IPI) recordó que este mes se conmemora un año de la aprobación de la “ley mordaza” ecuatoriana, que ya se ha cobrado numerosas víctimas. La Superintendencia de Información y Comunicación (Supercom), creada por esa ley liberticida para monitorear, ejecutar y regular el flujo informativo, ya sancionó, desde marzo pasado, a 14 medios de comunicación y periodistas con multas, órdenes expresas de retractaciones y obligaciones de pronunciar disculpas públicas por informar hechos ciertos o por opinar de modo diverso a Su Majestad, el presidente Correa. El gobierno controla, además, al 90% de los canales de TV.

La Supercom (¡ni a Orwell se le ocurrió este súper nombre en “1984”!) es dirigida por un individuo que responde directamente a Correa. O sea: Correa es el “Gran Editor” del Ecuador. La censura y la autocensura es la regla hoy en el Ecuador de este Presidente, que quiere reformar la Constitución para ser reelegido todas las veces que desee.

Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre Latinoamérica en el Instituto Cato de Washington DC, dijo al IPI que “Correa ha mostrado saña contra la prensa ecuatoriana, a la que ha logrado llevar a una evidente autocensura. (…) En este sentido, Correa ha sido más sutil que Chávez y Maduro en sus ataques contra la libertad de prensa, ya que no ha recurrido sistemáticamente al cierre de medios de comunicación como sí lo han hecho en Venezuela, sino que ha recurrido al matonismo judicial para silenciar a la prensa”.

La directora de la unidad de libertad de prensa del IPI, Barbara Trionfi, alertó que “la actitud hostil de Correa hacia los periodistas y los medios independientes no sólo ha llevado a la creación de una legislación que impone grandes restricciones a la libertad de prensa, sino que ha generado un clima agresivo que legitima las amenazas y los ataques contras periodistas que publican información crítica e independiente”.
El canciller Luis Almagro formula en esta edición de Búsqueda declaraciones tranquilizadoras en esta materia respecto a la posición del gobierno uruguayo. No obstante, no deja de ser perturbador que un pichón de dictador como Correa haga perder tanto tiempo a los países democráticos de América.