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15 de Abril del 2016
Ideas
Lectura: 7 minutos
15 de Abril del 2016
Consuelo Albornoz Tinajero

Profesora universitaria, investigadora y periodista, con un doctorado por la Universidad Nacional del Cuyo, de Argentina.

El derecho al acceso a la información es de los ciudadanos no de los gobiernos
No es natural que las autoridades de control y los organismos de fiscalización ni se inmuten, ni indaguen y en lugar de rendir cuentas a los mandantes cuestionen, amenacen y hostiguen a quienes tratan de entregar información a la sociedad y a los individuos.

Hacia fines de la década de 1960 e inicios de la de 1970 ocurrieron dos hechos que marcaron el desarrollo del periodismo de investigación.

El uno fue la aprobación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José, en noviembre de 1969, en el transcurso de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos. Ecuador firmó tal instrumento esa misma fecha y lo ratificó en 1977. Se obligó, por tanto, a promover el acceso a la información, conforme lo establece el artículo 13 de la convención Libertad de Pensamiento y de Expresión.

El segundo hecho fue la publicación, el 13 de junio de 1971, en el diario estadounidense The New York Times, de una serie de notas sobre el “Informe del grupo de trabajo en Vietnam de la oficina del Secretario de Defensa”, conocido como los Papeles del Pentágono (The Pentagon Papers). Este documento llegó a manos de un periodista, filtrado a la prensa por uno de los responsables de producirlo.

Ambos acontecimientos se inscriben en la tradición de los muckrakers, aquellos periodistas de investigación “de raza”, como los denomina José Luis Requejo Alemán. Reporteros que “nacieron entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y no dudaron en enfrentarse tanto al poder político como al económico para acometer su labor”. Se caracterizaban por ser persistentes, inconformes y mantener un alto sentido de compromiso social. Esto llevó a que la sociedad reconociera que el trabajo de los muckrakers (rastrilladores de basura o de estiércol) cumplía con el propósito de entregar a los ciudadanos información que aportaba para  comprender las realidades complejas que vivían. En palabras contemporáneas, los pioneros del periodismo de investigación advirtieron que el acceso a la información es un derecho de los ciudadanos, no de los gobiernos, pues favorece la transparencia y evita males mayores como la corrupción, por citar uno de ellos.

Los sucesos a los que me he referido son parte de la reflexión social que desde las primeras décadas del siglo XX surgió en torno a la accountability, entendida como un derecho de los mandantes para vigilar a los mandatarios, pedirles que les rindan cuentas y escrutar su gestión, comportamientos, actitudes, entorno, relaciones y decisiones. Por algo son personajes públicos, con enorme poder público e influencia.

Para enfrentar la creciente opacidad que rodea a las administraciones públicas y a sus tácticas para evitar las inspecciones estatales, Enrique Peruzzotti y Catalina Smulovitz proponen la accountability social, como una forma de renovar el contrato con los representantes de elección popular en América Latina. Ello incluye emprender un conjunto de acciones por parte de los organismos no gubernamentales, los movimientos sociales, las asociaciones civiles y el periodismo independiente. Son iniciativas que buscan contribuir a implantar el buen gobierno, en vinculación directa con “uno de los valores centrales de la democracia: que el gobierno se someta a una  multiplicidad de controles a fin de asegurar el manejo responsable de los asuntos públicos”.

Hoy tenemos un ejemplo global palpable de esta acción de accountability social: el de los Papeles de Panamá que destapa artilugios, omisiones, formas de abuso e incumplimiento de normas por parte de actores políticos y económicos, así como funcionarios públicos en varios puntos del mundo:

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Por lo señalado, no es sorprendente la impugnación de quienes disponen de harto poder político (como los hiperpresidentes o quienes ejercen altos cargos) para intentar desprestigiar este trabajo de escudriñamiento desarrollado por 190 periodistas independientes de distintos diarios, en 65 países. De entre las reacciones destacan por su beligerancia las de los gobiernos de Ecuador

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Tanta hostilidad han destilado ciertos mandos que la organización Fundamedios divulgó una alerta sobre el acoso a los periodistas que intervinieron.

Habrá quien diga que es natural esperar una réplica airada cuando los periodistas desentrañan secretos y confidencias, descubiertos a pesar del celo con el que fueron mantenidos.

Probablemente así sea. Lo que no es natural es que las autoridades de control y los organismos de fiscalización ni se inmuten, ni indaguen y en lugar de rendir cuentas a los mandantes cuestionen a quienes tratan de entregar información a la sociedad y a los individuos.

Por ello, sigue siendo ejemplar el caso del The New York Times, hace más de 40 años, frente a los Papeles del Pentágono y la admirable respuesta institucional del poder judicial. Pues cuando el fiscal John W. Mitchell intentó frenar la publicación de los artículos periodísticos, aduciendo que su develamiento comprometía la seguridad nacional de los Estados Unidos, su Corte Suprema dictaminó que The New York Times y otros periódicos que estaban publicando acerca del mismo tema, tenían derecho a difundir los escritos, sin censura previa. El 30 de junio de 1971 el máximo tribunal optó por la libertad de expresión, por sobre la seguridad nacional. El juez Hugo Black dictaminó que la prescripción contra el periódico constituía una violación flagrante e indefendible de la Primera Enmienda en la cual sus fundadores dieron a la prensa libre protección para cumplir con su papel esencial: servir a los gobernados, no a los gobernantes. Con aquella proclama, declaró Black, quedó abolido el poder del gobierno de censurar a la prensa y se garantizó su derecho a desnudar los misterios y engaños del gobierno e informar de ellos a las audiencias. Black aseguró que la Primera Enmienda buscaba que la prensa libre contara con la posibilidad efectiva de divulgar las artimañas de los gobiernos.

En alusión a la guerra de Vietnam, el juez apuntó que el deber primordial de la prensa era el de prevenir a la gente del riesgo de ser enviada a tierras lejanas a morir, supuestamente para resguardar fracasos diplomáticos y militares. Y en su dictamen cuestionó que en aras de la noción de seguridad nacional se estuviera atentando contra la seguridad de los ciudadanos. Con este alegato denunció los eufemismos, ambigüedades y tanta palabrería con la que desde los estratos de poder pretenden engañar a los ciudadanos. Como aquí, ahora y en otros momentos.

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