El año anterior se alcanzaron tres records históricos en Ecuador: la mayor tasa de homicidios (26.6), la canasta básica más cara (USD 763,44) y las mayores utilidades de la banca privada (USD 663,7 millones). Cifras que retratan la (in)acción gubernamental. Nada indica que esto se revierta en el 2023. Al contrario, es previsible un incremento en los tres indicadores.

 

Las políticas de «mano dura» en América Latina siempre han tenido un destino siniestro. Convierten los barrios marginales en cementerios populares, mientras los grupos económicos y financieros amasan fortunas. Con un agravante histórico: todos los gobiernos que han impulsado políticas de «mano dura» en América Latina terminaron inmiscuidos en corrupción y crimen organizado.

 

Alberto Fujimori en el Perú; Álvaro Uribe en Colombia; Francisco Flores, Antonio Sea y Mauricio Funes en El Salvador; Felipe Calderón en México; Otto Pérez Molina y Jimmy Morales en Guatemala; Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa en Honduras y Rafael Correa en Ecuador.

 

Guillermo Lasso va por el mismo camino. A la política de «mano dura» que viene aplicando desde el año anterior, se suman las denuncias de crimen organizado contra el Presidente de la República y su círculo más cercano.

 

La dinámica es conocida. Mientras todos miran con desconcierto a los criminales que protagonizan

la violencia y atraen los reflectores de los grandes medios; desde el gobierno se producen y reproducen redes criminales para saquear al Estad y silenciar a los descontentos. Los que hoy son héroes mañana serán villanos. Esto sucede así porque convergen cuatro condiciones.

 

Primero, la ciudadanía demanda «mano dura» de los gobernantes. A corto plazo es electoralmente rentable ofrecer más garrote.

 

Segundo, las políticas de «mano dura» combinan populismo penal, reforma judicial y engordan los

aparatos de seguridad. Los cambios atraen la atención mediática porque venden buenos titulares.

 

 

Tercero, las políticas de «mano dura» quiebran reglas democráticas y alimentos el despotismo. Entonces, persiguiendo criminales terminan neutralizando periodistas incómodos, disidentes y

opositores.

 

Cuarto, el terreno queda libre de estorbos para iniciar un nuevo ciclo de latrocinio

público.

 

La reciente aprobación de la “Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales y la Seguridad Integral”, propuesta por el Ejecutivo, acelera esta dinámica. Demos dos

ejemplos.

 

Se reforma el literal a) del Art. 11 de la Ley Orgánica de Seguridad Pública y del Estado, modificando el ámbito de la «Defensa Nacional». Se disuelve la frontera entre seguridad (interna) y defensa (externa) y se habilita para que Fuerzas Armadas tomen «acciones para recuperar o mantener la soberanía en aquellas zonas en las que por condiciones extraordinarias de seguridad el Estado ha disminuido la capacidad de ejercer sus atribuciones, lo que incluye acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales en el territorio nacional debidamente coordinadas con las instituciones competentes y de conformidad con la Constitución y la Ley».

 

Se crea la figura del “Agente encubierto informático” en el Código Ogánico Integral Penal (como Art. 483.1), con el siguiente alcance: «La o el fiscal podrá autorizar al personal del Sistema Especializado Integral de Investigación de Medicina Legal y Ciencias Forenses, realizar tareas de gestión investigativas ocultando su verdadera identidad, asumiendo identidad supuesta, para lo cual deberán realizar patrullajes o acciones digitales en el ciberespacio, penetrándose e infiltrándose en plataformas informáticas como foros, grupos de comunicación o fuentes cerradas de información o comunicación, con la finalidad de descubrir, investigar o esclarecer hechos delictivos cometidos o que puedan cometerse con el uso o en contra de las tecnologías de la información y comunicación, esto es ciberdelitos puros o replicas o cualquier otro tipo de delito…».

 

Así las cosas, el Estado policíaco empieza a tomar forma. No porque se pretenda investigar los ciberdelitos, algo razonable y necesario; sino porque con ese pretexto se está autorizando el ciberespionaje con fines políticos. Para esto sirve Pegasus, una sofisticada herramienta de spywar creada por la empresa israelí NSO Group y que solo se vende a gobiernos de otros países.

 

Pronto sabremos si entre las adquisiciones que pactó el gobierno nacional con Israel, en noviembre del año anterior, consta Pegasus. Mientras tanto, seguiremos viendo al Secretario de Seguridad Pública, Diego Ordóñez, contando muertos y droga decomisada para batir un nuevo record en 2023.