Back to top
14 de Mayo del 2020
Ideas
Lectura: 5 minutos
14 de Mayo del 2020
Giovanni Carrión Cevallos

Economista y Magister en Estudios Latinoamericanos.
@giovannicarrion

El día después…
0
Resulta difícil pensar que un organismo como la Secretaría Anticorrupción, que es obsecuente al Gobierno, pueda realizar un eficiente trabajo, si carece de independencia y autonomía financiera, presupuestaria y organizativa, que son, precisamente, condiciones esenciales que debe reunir todo órgano encargado de velar por la transparencia y el control.

La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República está contra las cuerdas. La propia Fiscal General Diana Salazar, en carta dirigida al Primer Mandatario, no solo le recordó que ‘…las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente…’ esto a propósito del errático accionar del funcionario José de la Gasca, sino además le sugirió abiertamente que en el marco de la austeridad y restricción del gasto público, se analice si conviene a los intereses superiores, seguir financiando a esa Secretaría, en otras palabras, si el Ejecutivo, más bien, debe desconectar del biberón presupuestario a una dependencia pública que no trasciende  ni incide en la lucha contra la corrupción. A ese cuestionamiento, ahora se unen voces como la del Contralor General del Estado y del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Lo cierto es que resulta difícil pensar que un organismo como la Secretaría Anticorrupción, que es obsecuente al Gobierno, pueda realizar un eficiente trabajo, si carece de independencia y autonomía financiera, presupuestaria y organizativa, que son, precisamente, condiciones esenciales que debe reunir todo órgano encargado de velar por la transparencia y el control.

Resulta difícil pensar que un organismo como la Secretaría Anticorrupción, que es obsecuente al Gobierno, pueda realizar un eficiente trabajo, si carece de independencia y autonomía financiera.

Así, esa línea de reflexión, si el Art. 204 de la Constitución, determina que la Función de Transparencia y Control Social, integrada por el CPCCS, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y Superintendencias, están encargadas de promover e impulsar ‘…el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción…’, ¿qué sentido tiene mantener abierta una Secretaría Anticorrupción sumisa al poder? La respuesta es obvia: ninguno, salvo alimentar a una insaciable burocracia dorada, repleta de egos, discursos vacíos y poses.

En este país del escándalo permanente, la corrupción -desgraciadamente- se extiende como metástasis por todo el tejido social y con ello arranca a dentelladas el capital social, es decir, debilita las redes y relaciones sociales tan necesarias para crear confianza y reciprocidad entre la agente, además de afectar aquellos valores y normas que conducen irremediablemente a las personas a cooperar entre sí.

Por tanto, un país sin capital social se torna inviable en el tiempo, pues las instituciones y la propia democracia se corroen en sus cimientos y son cooptadas por mafias enquistadas en el sector público y privado, que actúan en función de sus oscuros intereses, en detrimento del bienestar común y, desde luego, con el convencimiento que la justicia, ya sin velo, mirará en su momento para otro lado.

La corrupción, en el campo económico, desvía recursos, siempre limitados, que deberían estar dirigidos a atender las crecientes demandas ciudadanas ya en el campo de la educación, salud, vivienda, infraestructura, empleo, etc.

Al no existir confianza entre los actores económicos debido a la presencia de esta plaga, los costes de transacción se elevan, encareciendo con ello el valor de las obras y servicios. Se trata de un círculo vicioso que despedaza el futuro de un país a costa del enriquecimiento injustificado de unos cuantos.

Mientras el índice de percepción de la corrupción crezca cada año, se comprometen las expectativas del país en tanto la actitud y el comportamiento de la propia gente comienza a mostrar valoraciones preocupantes. Por ejemplo, en el estudio de Latinobarómetro 2018, al preguntarse a los ecuatorianos ¿se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se solucionen los problemas del país?, un 44% de los entrevistados contestó afirmativamente. A la final la autoridad ‘…roba, pero hace obra…’ Triste y desalentador panorama…

Sin duda, en lo posterior, en el día después, será la educación de calidad uno de los pilares que permita combatir a esta peste. Confiamos que así sea.

@giovannicarrion

[PANAL DE IDEAS]

Rodrigo Tenorio Ambrossi
Paolo Vega López
María Amelia Espinosa Cordero
Carlos Rivera
Rubén Darío Buitrón
Gabriel Hidalgo Andrade
Julian Estrella López
Alfredo Espinosa Rodríguez
Fernando López Milán
Patricio Moncayo

[RELA CIONA DAS]

Un alcalde bajo sospecha
Rodrigo Tenorio Ambrossi
Ándate a Cuba
Gabriel Hidalgo Andrade
Para su defensa, no se justifican ni el allanamiento ni la imputación de Pablo Celi
Redacción Plan V
Ética política y pandemia moral
Rodrigo Tenorio Ambrossi
El cargamontón contra Fabricio Villamar
Redacción Plan V
GALERÍA
El día después…
 
1


[CO MEN TA RIOS]

[LEA TAM BIÉN]

Derechos humanos: la otra deuda que deja Lenín Moreno
Redacción Plan V
La descorreización fue la gran maniobra política de Moreno
Fermín Vaca Santacruz
La falsa lista del Gabinete de Lasso sorprendió a los mencionados
Redacción Plan V
Para su defensa, no se justifican ni el allanamiento ni la imputación de Pablo Celi
Redacción Plan V

[MÁS LEÍ DAS]

Mientras Correa "pide cacao", el correísmo prepara el contraataque
Redacción Plan V
El contralor Pablo Celi, detenido por la trama de sobornos en Petroecuador
Redacción Plan V
Así se lavan en Miami los sobornos del 10% que circulan en Petroecuador
Redacción Plan V
La peor tragedia del correísmo no es haber perdido las elecciones, sino su futuro
Ramiro J. García Falconí