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14 de Mayo del 2020
Ideas
Lectura: 5 minutos
14 de Mayo del 2020
Giovanni Carrión Cevallos

Economista y Magister en Estudios Latinoamericanos.
@giovannicarrion

El día después…
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Resulta difícil pensar que un organismo como la Secretaría Anticorrupción, que es obsecuente al Gobierno, pueda realizar un eficiente trabajo, si carece de independencia y autonomía financiera, presupuestaria y organizativa, que son, precisamente, condiciones esenciales que debe reunir todo órgano encargado de velar por la transparencia y el control.

La Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República está contra las cuerdas. La propia Fiscal General Diana Salazar, en carta dirigida al Primer Mandatario, no solo le recordó que ‘…las actuaciones gubernamentales deben permanecer al margen de las competencias que Fiscalía General del Estado posee constitucionalmente…’ esto a propósito del errático accionar del funcionario José de la Gasca, sino además le sugirió abiertamente que en el marco de la austeridad y restricción del gasto público, se analice si conviene a los intereses superiores, seguir financiando a esa Secretaría, en otras palabras, si el Ejecutivo, más bien, debe desconectar del biberón presupuestario a una dependencia pública que no trasciende  ni incide en la lucha contra la corrupción. A ese cuestionamiento, ahora se unen voces como la del Contralor General del Estado y del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Lo cierto es que resulta difícil pensar que un organismo como la Secretaría Anticorrupción, que es obsecuente al Gobierno, pueda realizar un eficiente trabajo, si carece de independencia y autonomía financiera, presupuestaria y organizativa, que son, precisamente, condiciones esenciales que debe reunir todo órgano encargado de velar por la transparencia y el control.

Resulta difícil pensar que un organismo como la Secretaría Anticorrupción, que es obsecuente al Gobierno, pueda realizar un eficiente trabajo, si carece de independencia y autonomía financiera.

Así, esa línea de reflexión, si el Art. 204 de la Constitución, determina que la Función de Transparencia y Control Social, integrada por el CPCCS, Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado y Superintendencias, están encargadas de promover e impulsar ‘…el control de las entidades y organismos del sector público, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que presten servicios o desarrollen actividades de interés público, para que los realicen con responsabilidad, transparencia y equidad; fomentará e incentivará la participación ciudadana; protegerá el ejercicio y cumplimiento de los derechos; y prevendrá y combatirá la corrupción…’, ¿qué sentido tiene mantener abierta una Secretaría Anticorrupción sumisa al poder? La respuesta es obvia: ninguno, salvo alimentar a una insaciable burocracia dorada, repleta de egos, discursos vacíos y poses.

En este país del escándalo permanente, la corrupción -desgraciadamente- se extiende como metástasis por todo el tejido social y con ello arranca a dentelladas el capital social, es decir, debilita las redes y relaciones sociales tan necesarias para crear confianza y reciprocidad entre la agente, además de afectar aquellos valores y normas que conducen irremediablemente a las personas a cooperar entre sí.

Por tanto, un país sin capital social se torna inviable en el tiempo, pues las instituciones y la propia democracia se corroen en sus cimientos y son cooptadas por mafias enquistadas en el sector público y privado, que actúan en función de sus oscuros intereses, en detrimento del bienestar común y, desde luego, con el convencimiento que la justicia, ya sin velo, mirará en su momento para otro lado.

La corrupción, en el campo económico, desvía recursos, siempre limitados, que deberían estar dirigidos a atender las crecientes demandas ciudadanas ya en el campo de la educación, salud, vivienda, infraestructura, empleo, etc.

Al no existir confianza entre los actores económicos debido a la presencia de esta plaga, los costes de transacción se elevan, encareciendo con ello el valor de las obras y servicios. Se trata de un círculo vicioso que despedaza el futuro de un país a costa del enriquecimiento injustificado de unos cuantos.

Mientras el índice de percepción de la corrupción crezca cada año, se comprometen las expectativas del país en tanto la actitud y el comportamiento de la propia gente comienza a mostrar valoraciones preocupantes. Por ejemplo, en el estudio de Latinobarómetro 2018, al preguntarse a los ecuatorianos ¿se puede pagar el precio de cierto grado de corrupción, siempre que se solucionen los problemas del país?, un 44% de los entrevistados contestó afirmativamente. A la final la autoridad ‘…roba, pero hace obra…’ Triste y desalentador panorama…

Sin duda, en lo posterior, en el día después, será la educación de calidad uno de los pilares que permita combatir a esta peste. Confiamos que así sea.

@giovannicarrion

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