¿Hasta qué punto las instituciones del régimen democrático ecuatoriano son lideradas por demócratas?

          Si las personas que circunstancialmente presiden una entidad del Estado (en especial un cuerpo colegiado), sus pares y los grupos de poder que están detrás de ellos (o ellas) gobiernan única y exclusivamente al tenor de mayorías (sólidas o móviles); principios como la fiscalización, el control cruzado, la eficiencia administrativa, la lucha contra la corrupción, la rendición de cuentas y –por ende– la transparencia en cada uno de sus actos, estarían seriamente comprometidos; ya que el diálogo, el debate y la búsqueda de consensos para la aprobación de normativas con incidencia en la vida de múltiples actores políticos y sociales, habrían sido defenestradas al imponer la dictadura del voto por encima de cualquier deliberación o práctica parlamentaria.

¿Qué demuestra esta conducta? La incapacidad que tienen algunos altos funcionarios para administrar democráticamente sus diferencias. Lo cual se puede traducir en la ausencia patológica de un sentido de nación en la gestión pública que incrementa y promueve las insatisfacciones de toda índole.

Por ello, estructurar un proceso sistémico de decisiones en base a una mayoría (la que fuere) en el poder, para legitimar su hegemonía en la institucionalidad del Estado es un acto de complacencia con el autoritarismo, aunque todo lo aprobado –entre risas y halagos– aparente estar apegado a derecho.

Más aún cuando se utiliza el aparato institucional del régimen democrático para perseguir opositores, excluir voces críticas y disidentes, o como mecanismo de transacción (reparto) de quienes pretenden continuar en sus puestos en calidad de autoridades.

Los ecuatorianos deberían preguntarse: ¿Qué significa la democracia para estos altos funcionarios de Estado? ¿Qué tipo de valores democráticos tienen estas personas? ¿Si todas estas autoridades de Estado usan como parte de su léxico la palabra democracia significa que la entienden y que son demócratas por añadidura? Resulta sencillo hablar de democracia cuando esta palabra ha sido vaciada de su esencia conceptual y su historicidad para verse reducida a la mera representación de eventos y jornadas de congratulación en su nombre. Si esto es así. ¿Cómo pretenden celebrar algo que no entienden ni aplican en el desarrollo de su gestión? ¿Será por esto, entre otras razones, que a pesar de vivir pacíficamente nos cuesta tanto celebrar a la democracia? ¿Es posible encender las luces de la democracia sin la presencia activa y protagónica de los partidos y movimientos políticos que, con virtudes y defectos son parte del quehacer nacional?

No se puede llamar demócratas a los simples administradores de la herencia que erigió el autoritarismo durante una década, aunque la existencia política de estas personas se intente remozar en el marketing para promover el olvido colectivo y “tirar tierra” sobre los errores institucionales que se legitimaron en un pasado no muy lejano. Todo al amparo de los resultados electorales de 2021, a la expropiación descarnada de las iniciativas y el trabajo de aquellos a los que boicotearon antes y, en definitiva, a la sobreexposición mediática (al puro estilo de las campañas electorales) de quienes –hace poco menos de un año– fueron objeto de cuestionamiento por la opinión pública.

En este escenario, al conmemorarse el 15 de septiembre el Día Internacional de la Democracia, y ante los escándalos de corrupción de diverso origen que le han costado al país más de USD 70.000 millones, como sostuvo el Presidente de la República, los ciudadanos deben preguntarse: ¿Qué hacen las autoridades de Estado para restaurar las certezas sobre la democracia en la sociedad ecuatoriana? Si no se estimula la democracia por fuera de acciones alegóricas, se trunca el desarrollo de la sociedad, la política y la economía. La historia del Ecuador y el desempeño de varias de sus autoridades dan cuenta de ello.