El poder en una democracia debe ser provisional, limitado y vigilado. Pero en sociedades maltrechas con instituciones precarias suele ocurrir lo contrario. Los gobernantes se pretenden eternos, suponen que el poder es ilimitado y no quieren ser vigilados.      

Guillermo Lasso no es la excepción. En materia de seguridad y comercio exterior está haciendo todo lo posible para evadir la vigilancia democrática y el escrutinio ciudadano. Con un agravante, el secretismo como conducta pública viene acompañado de la producción de ignorancia a través de la “versión oficial” y las teorías de conspiración que propala entre la población, una argucia tan arcaica como efectiva para garantizar la dominación. 

El último episodio ha sido protagonizado por el ministro de Comercio Exterior, Julio José Prado —ex presidente de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador—, quien emitió el acuerdo ministerial MPCEIP-MPCEIP-2022-0001-A, del 18 de mayo, declarando como reservada toda la información relacionada con las negociaciones comerciales.  Así, crean una asimetría de información suficientemente amplia para negociar de espaldas al país.

Es evidente que no quieren repetir el fiasco que ocurrió en la negociación del TLC con México, en donde los intereses de la industria camaronera se vieron comprometidos y bloquearon el acuerdo; impidiendo, por carambola, el ingreso del Ecuador a Alianza del Pacífico. 

Pero lo que tiene entre manos el ministro Prado es mucho más delicado. Las negociaciones comerciales con China ya arrancaron y con los EE.UU. pueden iniciarse si se aprueba la Ley de Asociación Ecuador-EEUU, que está en manos del Senado norteamericano. En esa perspectiva, institucionalizar el secretismo en el Estado es peligroso e irresponsable. A menos que pretendan imponer a sangre y fuego las “nuevas” condiciones socioeconómicas que podrían derivarse de ambas negociaciones.

Tal vez esa sea la intención. No olvidemos que la “Estrategia Integral para la Seguridad y la Paz” que mostró el presidente Lasso en una entrevista, el 3 de octubre de 2022, sigue siendo un secreto. Mientras tanto, para llenar el vacío de información se genera una “versión oficial” y se atizan teorías conspirativas sobre el crimen organizado.

Recordemos cuántas veces el gobierno atribuyó la violencia en las calles y cárceles a una “guerra entre bandas”. O las cuentas alegres del presidente Lasso para calcular el monto de financiamiento del narcotráfico en las movilizaciones de junio. O las reciente declaraciones de guerra con las que defendió el proyecto de enmienda constitucional para normalizar la presencia militar en las calles. En fin, ante la ausencia de una política de seguridad humana y democrática el gobierno ha fomentado una política de la ignorancia.  

El discreto encanto del secreto oficial es que no solo sirve para el embuste sino también para hacer millonarios negocios sin que nadie los cuestione. Ya lo hizo Correa con los chinos en múltiples contratos petroleros y de obras públicas guardados bajo siete llaves. Ahora, Lasso lo hace con los israelitas y los estadounidenses.

El 4 de octubre de 2021, Bolívar Garzón, entonces director de la SNAI, firmó la resolución SNAI-2021-0060-R declarando información reservada todo lo relacionado como los procesos precontractuales y contractuales de adquisición de tecnologías, equipos y dispositivos de seguridad y vigilancia para los centros de privación de libertad.  A fines de noviembre de 2022 se inauguraron dos salas de monitoreo y videovigilancia de 36 centros carcelarios con tecnología de punta. Pero los proveedores, montos e intermediarios quedan en la sombra.

El 7 de noviembre llegó al país una delegación israelí para concretar la adquisición de tecnología, equipamiento y asesoría en seguridad. No se conocen los detalles, pero extraoficialmente se habla que las negociaciones superan los 700 millones de dólares.

En el 2020, la periodista mexicana Peniley Ramírez publicó Los millonarios de la guerra, en el que detalla quiénes y cómo medraron de la guerra contra las drogas durante el gobierno de Felipe Calderón, empezando por el secretario de Seguridad Pública y del Estado: Genaro García Luna. Todo gracias al discreto encanto del secreto oficial.