Que se formen clanes familiares en el ejercicio del poder no es cosa nueva a lo largo de la historia nacional. El fenómeno también ha estado presente durante el último período democrático del país. Jaime Roldós Aguilera (Presidente entre 1979 y 1981) nombró a su hermano León para la Junta Monetaria, a su cuñada Elsa Bucaram como secretaria privada y a su cuñado Abdalá Bucaram como Intendente General de Policía del Guayas.

La historia se repitió cuando Rodrigo Borja tuvo a su hermano Francisco como asesor personal, cuando Sixto Durán Ballén tuvo a su hija Alicia como asistente personal, cuando Abdalá Bucaram entregó ministerios a su hermano Adolfo y a su cuñado Pablo Concha, o cuando Lucio Gutiérrez entregó a su cuñado Napoleón Villa la Presidencia del Directorio del Fondo de Solidaridad.

Basta revisar entre las notas periodísticas de la época para ver que las justificaciones tampoco son cosa nueva. En mi búsqueda he encontrado algunas perlas.

“La designación de parientes y amigos cercanos del presidente en los diferentes cargos públicos depende de la capacidad y de la formación profesional que posean”, mencionó entonces León Roldós.

“Lo importante es que esta persona sea preparada y que tenga buenos antecedentes en la vida privada y pública que permitan asumir una función con experiencia, responsabilidad y no llegar a un puesto por el deseo de figuración”, afirmó en su momento Pablo Concha. Que era necesario “que el Presidente cuente con alguien de confianza” y que sea sus orejas y ojos, justificó Francisco Borja.

En pocas, que no importa el parentesco si hay capacidad. Que tampoco importaba trabajar para tu hermano o tu padre, pues alguien que ostenta el poder necesita tener a su lado alguien de total confianza. Pero la justificación más recurrente ha sido “no hay nepotismo”.

Y claro, nuestra Constitución prohíbe expresamente el nepotismo en el ejercicio del servicio público. La Ley Orgánica de Servicio Público se explaya en el tema, pues “prohíbe a toda autoridad nominadora, designar, nombrar, posesionar y/o contratar en la misma entidad, institución, organismo o persona jurídica, a sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, a su cónyuge o con quien mantenga unión de hecho.” La Ley, además, establece toda suerte de prohibiciones, que si en cuerpos colegiados, que si son directorios, incluso respecto de las misiones diplomáticas.

En las últimas semanas, la historia se repite y el fantasma del nepotismo resurge con tanta fuerza como las excusas de los involucrados. Que si los nombrados son “luchadores por los derechos humanos por mucho tiempo” o fueron abanderados y alumnos estrella cuando estudiantes. Que si están capacitados, el parentesco no importa. Que han demostrado trabajo y no tienen por qué dejar sus cargos. Pero, sobre todo, que no violan la Ley y que no hay nepotismo, porque no han sido nombrados por sus familiares.

Y tienen mucha razón. El nepotismo solo se produciría si hay parentesco con la “autoridad nominadora”, con la persona que firma el contrato. En el servicio exterior, la autoridad nominadora es el Canciller, y ahí, salvo que Irina Moreno fuera hija de José Valencia, o Cristóbal Roldán su hermano, no hay problema legal.

Pero el problema no es legal. El problema es ético. Porque ni el nepotismo ni la ética son asunto de leyes. La integridad y la transparencia son cualidades personales, inherentes a cada uno de nosotros, que no necesitan estar reguladas para funcionar de la manera correcta. La integridad, generalmente, es un asunto de sentido común, como también lo es la incorrección de tener preferencia por familiares en cargos públicos. El nepotismo evidencia falta de cultura democrática y convierte a la autoridad, sea quien sea, en un gestor de espacios para amigos y parientes, en lugar de en un representante al servicio de los ciudadanos.

No hay justificación que valga. Por muchas credenciales académicas o de trayectoria que exhiban, el nepotismo evidencia la incapacidad de ver más allá de un círculo cercano para encontrar personas aptas para un cargo público. Es grave cuando la ciudadanía normaliza la corrupción, pero más grave es cuando las autoridades, con total cinismo, se escudan en leyes para normalizar comportamientos poco éticos.