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8 de Julio del 2020
Ideas
Lectura: 10 minutos
8 de Julio del 2020
Mauricio Alarcón Salvador

Abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo

El discreto manejo de los gastos reservados
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¿Otro caso de corrupción que terminó en impunidad? ¿Quiénes se beneficiaron de los gastos reservados? El espacio de esta columna es insuficiente para abordar el caso con todo el detalle que se merece. La historia de la caída de Alberto Dahik.

Cuenta la historia que la noche del 5 de junio de 1995, el vicepresidente Alberto Dahik Garzozi convocó a un grupo de periodistas a una reunión, en la que reveló que diputados exigieron dinero al gobierno para aprobar leyes, y magistrados de la Corte Suprema pidieron dinero a cambio de sus fallos. Entre los periodistas asistentes se encontraba Jorge Vivanco Mendieta, entonces subdirector del diario Expreso, quien días más tarde hizo públicas las denuncias a través de su columna de opinión.

Con base en las denuncias de Vivanco, en julio, un grupo de diputados liderados por Santiago Bucaram y Óscar Célleri (PRE), y Juan José Castelló (MPD) presentaron un pedido de juicio político contra Dahik, acusándolo de atentar al honor nacional y de cohecho (entregar o recibir beneficios para hacer o no hacer algo relativo a las funciones que se ejerce). En respuesta, el presidente Sixto Durán Ballén ordenó el levantamiento del sigilo bancario de las cuentas personales de su equipo de gobierno. Dahik negó haber cometido cohecho y justificó su acción afirmando que el gobierno pudo haber cedido a presiones políticas para no poner en peligro el sistema democrático del país.

El 15 de agosto, los diputados Xavier Neira y Rafael Cuesta (PSC) denunciaron ante la Corte Suprema que los secretarios de Dahik, Juan Mario Crespo Burgos y Gladys Merchán Merchán, depositaron en cuentas privadas 1.100 millones de sucres (unos 400 mil dólares de la época) provenientes de la cuenta de gastos reservados de la Vicepresidencia. En respuesta, Dahik acusó a los diputados Lino Sánchez y Juan José Castelló (MPD), Santiago Bucaram (PRE) y Eduardo Villaquirán (PSC) de exigir dinero, y a los diputados Xavier Neira y Simón Bustamante (PSC) de gestionar partidas presupuestarias y cargos públicos, a cambio de sus votos.

Pero, ¿qué eran los gastos reservados? “Gastos en que se incurre para asegurar la estabilidad del Estado o del Gobierno” según una resolución de 1984 emitida por Pedro Pinto, ministro de Finanzas del gobierno de Osvaldo Hurtado. Además, incluían “los gastos que el presidente y vicepresidente de la República y el ministro de Gobierno ordenen cubrir con este rubro, así como el resto de ministros de Estado, previa autorización del Contralor General del Estado”. En 1993, el ministro de Finanzas del gobierno de Durán Ballén, Mario Ribadeneira, incorporó los gastos reservados a la partida presupuestaria de imprevistos.

El 16 de agosto el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Macías Hurtado, inició proceso penal contra el vicepresidente y sus secretarios, acusándolos de prevaricato, cohecho, soborno, uso doloso de fondos públicos, concusión, peculado y enriquecimiento ilícito. Dahik se negó a comparecer ante la Corte y optó por acudir al Congreso Nacional a presentar sus descargos. Macías dictó orden de prisión preventiva contra Crespo y Merchán, quienes ya se encontraban fuera del país, pues coincidencialmente el vicepresidente les había otorgado un mes de vacaciones.

A su vez, el radiodifusor Gonzalo Rosero, de Radio Democracia, denunció que el excanciller y asesor presidencial Diego Paredes Peña, negoció la compra de su emisora con fondos que sospechaba provenían de los gastos reservados. El cheque de anticipo por 66 millones de sucres (unos 25 mil dólares de la época), provenía de una cuenta particular en Banco del Pacífico, cuya titular era Gladys Merchán. Paredes negó su participación en la negociación y solicitó ser vinculado al proceso penal afirmando que el pago era por servicios de comunicación prestados durante el conflicto con Perú.

Para cerrar agosto, el Congreso Nacional censuró y destituyó al presidente de la Corte Suprema. El magistrado Carlos Solórzano Constantine se posesionó como nuevo presidente, ratificó lo actuado por su antecesor y continuó con el proceso.

A mediados de septiembre, Dahik compareció ante la Corte Suprema. Días más tarde lo hizo Gonzalo Rosero, quien afirmó que la radio no estuvo al aire durante el conflicto con Perú. Solicitó que se recoja la versión de testigos, entre los que estaban, Carlos Julián Trueba, asesor jurídico de la Presidencia, quien habría redactado la minuta de compra venta de la emisora. En su declaración, Trueba ratificó ser autor de la minuta, por lo que el presidente de la Corte Suprema dictó orden de prisión preventiva contra Diego Paredes, quien salió inmediatamente del país.

A finales de ese mismo mes, a través de una cadena nacional, el presidente Sixto Durán Ballén solicitó la renuncia a Dahik “para que con total libertad y amplitud pueda ejercer el legítimo derecho a defenderse de las acusaciones levantadas en su contra”. Dahik se limitó a publicar un comunicado asegurando que “frente al pedido de renuncia (…) responderá ante el Congreso Nacional” dentro del juicio político en su contra.

El juicio político se desarrolló entre el 2 y el 6 de octubre. Tras la respectiva deliberación, Dahik no fue censurado ni destituido, pues solo se obtuvo 39 votos a favor de la destitución, de los 52 necesarios. Si bien salió bien librado de lo político, no logró librarse de lo judicial. El 11 de octubre, el presidente de la Corte Suprema dictó orden de prisión preventiva contra Dahik por el manejo y destino fraudulento de fondos públicos de los gastos reservados de la vicepresidencia. Se afirmó que el monto de fondos manejados irregularmente ascendía a 19.580 millones de sucres, alrededor de 7.8 millones de dólares de la época. Se dispuso la movilización de la fuerza pública para hacer efectiva la orden de prisión. No obstante, el 12 de octubre, Dahik presentó su renuncia y, a bordo de una avioneta privada, salió del país con rumbo a Costa Rica, en donde solicita asilo declarándose perseguido político.

Dahik regresó a Ecuador y pocas semanas después se anularon las acciones judiciales argumentando que el proceso no contó con la autorización previa del Congreso Nacional. El Fiscal General apeló la decisión, sin éxito, y el caso se archivó de forma definitiva.

El proceso continuó y en enero de 1996, el presidente de la Corte levantó la reserva de los microfilmes que evidenciaban el manejo de recursos en las cuentas bancarias de la vicepresidencia, e hizo público una lista de 242 nombres de personas naturales y jurídicas que se beneficiaron de los fondos, entre otros, diputados, sacerdotes, restaurantes de lujo y empresas encuestadoras. Se ratificó el perjuicio en más de 19.500 millones de sucres, y solo se pudo justificar una tercera parte de ellos. Con la publicación de la lista, varios beneficiarios devolvieron al Estado el dinero recibido.

En septiembre de 1998 se dictó sentencia de primera instancia en este caso, declarando la culpabilidad de Diego Paredes y la inocencia del contralor Juan Carlos Faidutti, del ministro de Finanzas Mauricio Pinto y del superintendente Ricardo Muñoz Chávez. El proceso contra Dahik, Merchán y Crespo, no continuó bajo el principio de que nadie puede ser juzgado y condenado en ausencia.

En 2005 vino la Pichi Corte (de la que hablamos en el artículo de la semana pasada), y su presidente Guillermo Castro Dáger anuló el juicio contra Dahik, quien volvió al país de inmediato. El retorno duró apenas 4 días, pues la resolución de Castro fue revocada. En 2008, el asambleísta constituyente Eduardo Maruri presentó un pedido de amnistía para Dahik que no prosperó. En 2010 el pedido estuvo a cargo del presidente Rafael Correa Delgado, con iguales resultados.

Finalmente, en diciembre de 2011 el juez nacional Hernán Ulloa Parada, levantó la orden de prisión preventiva que pesaba sobre Dahik desde 1995 y ordenó su presentación periódica ante los jueces. A criterio de Ulloa se violaron “en forma reiterada e insubsanable, las disposiciones legales, constitucionales y de los Tratados de los Derechos Humanos, en el proceso.” Dahik regresó a Ecuador y pocas semanas después se anularon las acciones judiciales argumentando que el proceso no contó con la autorización previa del Congreso Nacional. El Fiscal General apeló la decisión, sin éxito, y el caso se archivó de forma definitiva.

¿Otro caso de corrupción que terminó en impunidad? ¿Quiénes se beneficiaron de los gastos reservados? El espacio de esta columna es insuficiente para abordar el caso con todo el detalle que se merece. Pero si usted, querido lector, quiere conocer más le sugiero revisar el caso, recogido en el Observatorio Anticorrupción, y si tiene más tiempo, leer la extraordinaria obra de Diego Cornejo Menacho, Crónica de un delito de blancos.

 
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