En democracia, la relación entre gobernantes y gobernados es un proceso complejo en el que se juegan principios, intereses y resultados. Los ciudadanos presionan más sobre el Ejecutivo en demanda de soluciones, antes que sobre la Asamblea. El poder del que dispone el Gobierno es mayor que el del Parlamento. Sin embargo, el presidente de la República no puede atender simultáneamente a todas las necesidades. Y aquí reside una gran contradicción. 

La democracia liberal exalta las libertades individuales y reconoce el derecho a la protesta social, pero quienes ejercen este derecho esperan que el gobierno satisfaga las necesidades materiales de todos, lo cual implicaría la implantación de un autoritarismo estatal que vulneraría tales libertades al concentrar el poder en los gobernantes. Los enemigos de la democracia liberal condenan como opresivo el orden social, pero al impedir el buen funcionamiento del gobierno, lo perpetúan.   

El paso de la democracia de autorización, derivada del sufragio universal, a la democracia de ejercicio, o sea a la práctica del buen gobierno, implica la creación de un código de conducta a ser observado y cumplido tanto por los gobernantes como por los gobernados. Tal código debe sustentarse en el conocimiento de lo que significa gobernar.

El tiempo que toma, por ejemplo, convertir las ideas en proyectos, sustentarlos en estudios técnicos bien hechos para garantizar su sustentabilidad, es parte del ejercicio responsable de gobierno. La evaluación del desempeño de un gobierno no puede hacerse sin basarse en una información documentada que permita medir la aplicación de los actos de gobierno.

Dadas las limitaciones en medio de las que tiene lugar el desempeño de un gobierno, los gobernados no le pueden exigir que haga todo a la vez. Hay problemas que vienen de tiempo atrás. El período de gobierno es corto. En esas condiciones, los males estructurales son una amenaza permanente para la democracia.

De ahí la importancia de la capacidad de gobierno. Esta se dilapida cuando se le toma al descontento social como capital político manejado por la oposición. La angustia popular acumulada por décadas requiere una acción continua de los gobiernos de turno, independientemente de su ideología política. Sean de derecha o de izquierda, los gobernantes son juzgados por los resultados de su gestión, no por la bondad de sus principios ni la racionalidad de sus planteamientos.

Pero la capacidad de gobierno no concierne solo al Presidente y sus ministros. En la Asamblea también se gobierna en áreas específicas, como la legislación y la fiscalización. La administración de la justicia es otro campo de acción que requiere de capacidad de gestión.  Los gobernados, para ejercer sus derechos, precisan de capacidades. En los movimientos sociales también se gobierna.  ¿Cómo se gobiernan los sindicatos, las centrales sindicales, no sólo a nivel de las denuncias y demandas, sino a nivel de las acciones orientadas a cumplir con sus atribuciones? Ser actor social también es una responsabilidad, sus dirigentes están obligados a responder por sus actos.

Igual con el movimiento indígena. Las movilizaciones realizadas en estos días ¿cómo han sido dirigidas? ¿Era o es la violencia el único camino posible? ¿No hay otras formas de reclamo? ¿Cuál es el costo económico, social, político y cultural de la protesta en la forma cómo fue ejecutada? El vandalismo ¿legitima las reivindicaciones indígenas? Los afectados por la obstrucción de las vías-pequeños comerciantes, agricultores, pequeñas y medianas empresas, maestros, estudiantes, hospitales, trabajadores-¿no reaccionarán con indignación y con sentimientos racistas?  

También los gobernantes deben conocer mejor a los gobernados. Éstos no sólo deben ser cuantificados en función de su edad, la circunscripción territorial, la identidad de género, étnica o de clase. Los gobernantes deben conocer más de ellos: sus condiciones de vida, sus necesidades, sus demandas, su imaginario. De esa manera, la toma de decisiones dejará de ser arbitraria y se sustentará no sólo en consideraciones técnicas, sino de consenso.

El Presidente de la República en el informe del primer año de su mandato mostró sus realizaciones más importantes, con datos precisos.  La reactivación económica está en marcha, gracias al éxito de la campaña de vacunación. Expertos, sin embargo, señalan inconsistencias en el sector agrícola, petrolero, salud, educación, obras públicas, seguridad, entre otras.  

El frente social y político, muestra falencias. La Asamblea sigue siendo un foco de desestabilización. Desistir de la muerte cruzada ha tenido un costo. Hay mucho espacio para la demagogia y la capitalización del descontento popular por esa manada de partidos políticos, que en rigor no son propiamente tales. La crisis de la institucionalidad derivada de la Constitución del 2008 sigue vigente.      

Las prioridades se sitúan en el equilibrio macroeconómico y en la generación de plazas de trabajo. Los mayores ingresos con que cuenta el estado deben orientarse a programas sociales bien delineados, sin caer en el clientelismo y en el populismo.   

  El país ha sido sacudido por una aguda crisis social con el desate de las bandas constituidas en torno al narcotráfico. El tema de la seguridad es hoy tan lacerante como lo fue el de la pandemia. Ello plantea un serio reto no solo al gobierno actual sino al estado. No es un problema solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo.

El abandono de la planificación y del desarrollo nos está pasando factura. La violencia criminal no está desligada de la violencia social. Ésta tiene raíces profundas que exigen formular un plan para encararla de manera integral en la que se tiene que conjugar la acción centralizada del gobierno con la de los gobiernos descentralizados.