Desde que se quedó sin plata, el Gobierno mete las patas con mayor frecuencia. Pone en evidencia su incapacidad política. No solo recula y rectifica, sino que propone iniciativas abiertamente enigmáticas. Más bien dicho, absurdas. Como la consulta para la reelección de Correa. Sus efectos serán tan contraproducentes para el régimen que uno se pregunta si habrá algún propósito secreto que la justifique. Porque lo que se percibe a primera vista son, mayormente, efectos adversos.

En primer lugar, la consulta desafía la sensibilidad ciudadana frente a la crisis. La gente rechaza un gasto innecesario en medio de tanta penuria fiscal. ¿Por qué no dejaron la enmienda tal como estaba en un inicio si pensaban terminar en lo mismo?, se preguntan los electores. ¿Es responsable dilapidar 20 o 25 millones de dólares en un capricho político? ¿Es ético continuar con el despilfarro irresponsable de estos diez años?

La sospecha engorda cuando las encuestas revelan un deterioro progresivo e irreversible de la popularidad de Correa. Lo ha admitido el propio Presidente. La consulta no solamente anticipa una derrota del oficialismo en las urnas; peor aún, podría generar una coincidencia generalizada de la gran mayoría de votantes en contra del Gobierno. Un rechazo masivo a la reelección implicaría el sepelio del correísmo.

En segundo lugar, el proceso está alimentando la suspicacia de la ciudadanía. La celeridad en el proceso indigna a quienes constatan que se mide con una vara diferente a unos y otros. El vía crucis de los Yasunidos para alcanzar la consulta popular contrasta con la facilidad con que transita el colectivo Rafael contigo siempre.

No solo eso: los correístas anuncian que conseguirán un millón de firmas válidas en 45 días; como soplar y hacer botellas. Además, se dan el lujo de prescindir de la capacitación en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué máquina maravillosa inventaron para lograr semejante proeza? La sensación de ventajismo y amarre que queda es inevitable.

En tercer lugar, todos nos preguntamos quién correrá con la cuenta de los 7.000 recolectores de firmas. Porque luego del episodio por el aporte solidario para los damnificados del terremoto, ya sabemos que los bolsillos de los militantes de Alianza País están más agarrados que puño de trapecista. ¿Les pagarán con dinero electrónico?

Demasiados factores en contra como para encontrar una justificación a la consulta… a menos que, desde una perspectiva más vulgar y utilitaria, a lo único que apunten es a aceitar un aparato electoral eficiente para 2017. Los 7.000 jóvenes “sacrificados” podrían conformar un excelente equipo de campaña, manejado personal y directamente por Correa. Con ese recurso podría prescindir de negociar con las autoridades locales y con los viejos feudos al interior de Alianza País la campaña de 2017. Además de gran elector, podría convertirse en jefe de facto de la próxima campaña. Nada desdeñable desde la lógica caudillista que busca perpetuar.

En tales circunstancias, la consulta no iría. Definitivamente. Pero debo admitir, no obstante, que en medio de tanta irracionalidad cualquier análisis se queda en el plano especulativo.