En la época del neoliberalismo, el Estado fue convertido en un aparato de represión al servicio de los requerimientos de las transnacionales y sus negocios.

Un aparato que operaba exclusivamente para reprimir a las poblaciones que resistían la entrada de las empresas transnacionales a sus territorios. El Estado, ya de suyo débil en cuanto a su papel de garante de los derechos sociales y de gestor del bienestar social, había sido reducido casi a un aparato policial para asegurar los procesos de privatización de los recursos naturales y sociales de las sociedades latinoamericanas.

Fue esta deplorable situación la que planteó en muchos países de Suramérica, y particularmente en Ecuador,  la necesidad de reformar el Estado como órgano de regulación económica de los negocios capitalistas y como órgano de redistribución de la riqueza que viabilice el pago de la deuda social, tan postergada en nuestros países, y así garantice los derechos económicos y sociales para la población. En otras palabras, lo que se quería es construir el anhelado "Estado de Bienestar". Los proyectos progresistas ofrecieron, como parte fundamental de sus programas de gobierno, llevar adelante la recuperación del Estado, en función de cumplir las demandas sociales que se gestaron durante las décadas de lucha social en contra del neoliberalismo.

Así, se suponía que la reconstrucción del Estado  mejoraría las condiciones de vida de las poblaciones, que habían sido extremadamente precarizadas por la aplicación de las políticas económicas emanadas por el Consenso de Washington. Dentro de esta perspectiva, los sectores sociales, muchos de ellos articulados a los movimientos sociales y a la izquierda, decidieron apoyar los proyectos  de los progresismos y  convertirlos en gobiernos.

Siete años después del fin de la larga noche neoliberal, en el Ecuador está en marcha la construcción del Estado Nacional, proyecto históricamente truncado. Es importante decir que no es el anhelado Estado de Bienestar el que se construye en el país, sino el Estado de dominación capitalista. Bien se puede decir que el proyecto estatal que avanza con la Revolución Ciudadana, además de afirmarse como aparato policial de represión de la sociedad y sus luchas de resistencia ante la voracidad del capital, es un aparato de control político, jurídico e ideológico de la población. Es decir, un mecanismo completo de control que no solo que hace posible y garantiza los negocios de las transnacionales, principalmente extractivas, sino que los hace más eficientes. Un aparato de dominación que posibilita la expansión colonizadora del capital sobre los territorios comunitarios y la naturaleza (Yasuní, Intag, Dayuma, Rio Grande, Victoria del Portete, Nabón, Quimsacocha, etc.) Un aparato que ejecuta la recolonización de la conciencia social a través de una agresiva propaganda ideológica (sabatinas, recurrentes cadenas nacionales, sistemática publicidad política) y del control de la comunicación y la información. Un aparato judicial que criminaliza la sociedad, la lucha social, la disidencia política, la diferencia ideológica (dirigentes sociales, estudiantes, periodistas, ciudadanos perseguidos, enjuiciados y encarcelados).

Un aparato político que controla y sanciona  la organización política de la sociedad en todas sus formas (partidos políticos, organizaciones indígenas, campesinas, estudiantiles, organizaciones de mujeres, sindicatos, etc.). En definitiva, un aparato de dominación total que aplasta a la sociedad, un Leviatán del siglo XXI que no permite ningún espacio social autónomo por fuera del marco mercantil capitalista.

La historia enseña que la construcción del Estado como aparato de dominación es factible cuando éste se identifica con el partido en el gobierno, y su poder se proyecta indefinidamente. Es aún peor cuando el Gobierno, proyectado indefinidamente, se identifica con el Caudillo, pues de esta manera se enajena más profundamente el fundamento social del poder.

También la historia nos enseña que allí donde el Estado se erige como aparato de dominación,  usurpando el poder que las  personas y los pueblos tienen para tejer sus destinos comunes, la sociedad queda condenada a su aniquilación como posibilidad de humanización. Esta terrible realidad es la que hoy, lamentablemente, vive México, una sociedad aproximadamente durante 8 décadas ha sido aplastada por un aparato Estatal mimetizado con el gobierno, y éste con el PRI. El poder concentrado e históricamente extendido del Estado priista, ha dejado a la sociedad mexicana a merced de las mafias capitalistas, con quienes colabora. En otras palabras, el Estado como aparato de dominación es un aparato de la dominación capitalista, en este sentido hay una suerte de alianza estado-capital en contra de la vida humana y de la vida natural.

Hay que ser necios para no ver lo que sucede cuando el Estado usurpa el poder de la sociedad. Basta mirar la triste situación de la sociedad mexicana para saber que es nuestra responsabilidad impedir que el Estado-Alianza-País-Rafael-Correa usurpe el poder de la sociedad ecuatoriana y nos despojen de nuestra capacidad de organizarnos para resistir y luchar en contra de la devastación capitalista.