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26 de Septiembre del 2023
Ideas
Lectura: 4 minutos
26 de Septiembre del 2023
Alfredo Espinosa Rodríguez

Magíster en Estudios Latinoamericanos, mención Política y Cultura. Licenciado en Comunicación Social. Analista en temas de comunicación y política.

El Estado versus los ciudadanos
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La observación, inspección y auditoría ciudadana; así como de los organismos de control, no pueden estar supeditadas a la propia discrecionalidad del Estado y su inexistente criterio de autodepuración y autorregulación.

Cobarde y violento, así es el Estado cuando a través de su poder coercitivo intenta amedrentar a todo aquel que problematiza la verdad sacralizada por su aparato de propaganda.

El derecho a la ciudad y a la ciudadanía. El derecho a reivindicar las concentraciones pacíficas de calle y junto con ellas a diluir la impavidez de los individuos. El derecho a fiscalizar e incluso a enjuiciar por acción y omisión a las autoridades y a los altos funcionarios, construye una relación directa entre la ciudadanía y la democracia basada en la rendición de cuentas. Sin embargo, para algunos administradores temporales de la cosa pública, el ejercicio pleno de los derechos civiles se ha convertido en una práctica incomoda y hostil, una afrenta a la ovación prefabricada por un círculo vicioso que repite al unísono —para su morbosa autocomplacencia—: ¡Somos transparentes!, ¡somos honestos!, ¡todo fue un éxito! La premisa de Goebbels y otros amantes del maquiavelismo es clara, “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Pero los ciudadanos, este tipo de ciudadanos que no vive del discurso vacuo de una sociedad civil que es todo y nada a vez, es consciente de que los detentadores de esta premisa —pese a su moralidad y ética profesional devaluadas— son creyentes convencidos de sus propias falacias.

La observación, inspección y auditoría ciudadana; así como de los organismos de control, no pueden estar supeditadas a la propia discrecionalidad del Estado y su inexistente criterio de autodepuración y autorregulación

Por consiguiente, al Estado le incomoda el retorno activo de los ciudadanos, más aún si lo interpelan desde del republicanismo cívico. Cuando esto ocurre, y la capacidad argumental y de control del primero es nula frente a la arremetida de los segundos, el único camino por el cual optan estos émulos institucionales de Kim Jong Un, es etiquetar a cualquiera de “falso” y enviarlo al paredón de los epítetos y la denostación.

¿Cómo no caer en desesperación cuando los mandantes, los ciudadanos, son conscientes de que su voluntad para enrumbar el destino político, económico y social de la nación —con aciertos y desaciertos— puede estar en manos equivocadas? Durante décadas, las élites políticas han sacado provecho de ciudadanías pasivas e incompletas, conformistas y porosas, que guardan silencio pese a las nuevas demandas democráticas. No obstante, hoy en día, pese al malestar emocional de algunos, esa larga tradición de slogans y frases trilladas que apelan a la honestidad es puesta en tela de duda.

¿Por qué? Porque la honestidad, así como la eficiencia de las autoridades de Estado y los servidores públicos, se mide por resultados, es decir por la suma de logros, pero también de excusas y fracasos.
Finalmente, la observación, inspección y auditoría ciudadana; así como de los organismos de control, no pueden estar supeditadas a la propia discrecionalidad del Estado y su inexistente criterio de autodepuración y autorregulación, pues la historia de los acontecimientos ha demostrado que estos esfuerzos caen sobre saco roto ante modelos institucionales limitados y una legislación poco eficiente laureada por la ignorancia de sus administradores.

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