En una posible rueda de prensa, en algún lugar del Ecuador se podría desarrollar el siguiente diálogo entre el actual ministro a cargo de la minería en el Ecuador y algunos periodistas:

Ministro: ¡La minería va porque va!

Periodista: Señor Ministro, la Constitución del Ecuador establece derechos como la consulta previa y la consulta ambiental, ¿Qué pasa si en esos procesos existe una oposición mayoritaria al proyecto minero?

Ministro: ¡La minería va porque va! La consulta no es vinculante, se socializará y se seguirá con la minería.

Mismo Periodista: Señor ministro, pero la jurisprudencia internacional y nacional en materia de derechos humanos y constitucional ha dicho que la consulta debe hacerse de buena fe, no habría eso si lo que se quiere es imponer una decisión pre establecida.

Ministro: ¡La minería va porque va! No se puede subordinar el desarrollo de todo un estado a unos cuantos opositores.

Otro Periodista: Señor Ministro, si bien la consulta previa y ambiental no son necesariamente vinculantes, en Girón, por ejemplo, mediante consulta popular más del 90% de la población se pronunció en contra del proyecto minero. La Constitución en su Art. 106 establece que la decisión de pueblo en consulta popular es obligatoria.

Ministro: ¡La minería va porque va! Las transnacionales nos van a demandar sino continuamos con los proyectos mineros, necesitamos seguridad jurídica.

Otro Periodista: Pero las empresas sabían de las normas preestablecidas en la constitución y en la necesidad de respetar esos derechos. ¿Acaso no es el principal deber del estado respetar y hacer respetar los derechos de las personas?

Ministro: ¡La minería va porque va! ¡No se puede decidir el futuro del país en las provincias!

Mismo periodista: Señor Ministro, Pero el Ecuador es un Estado que se gobierna de manera descentralizada (Art. 1 de la Constitución) ¿Acaso su planificación no debería realizarse de esa manera y garantizar los derechos de las personas, de las comunidades?

Ministro: ¡La minería va porque va! El gobierno nacional no puede ser rehén de grupos, de las minorías, de los extremistas.

Otro periodista: Señor ministro, pero se pretende hacer minería en páramos como los del Cajas o Fierrourco (Loja), en ríos, en selvas, en lugares que son fuentes de agua. ¿Acaso el agua no es más importante que la minería?

Ministro: El Ecuador necesita liquidez de dinero, se hará minería responsable ¡La minería va porque va!

Mismo periodista: Señor Ministro, pero y los diferentes niveles de gobierno, y los derechos de la gente, de los pueblos, de la naturaleza, el agua….

Si bien esto es un diálogo ficticio, los argumentos no lo son. Así dialoga el Ministro del petróleo y las minas. A quienes presentan argumentos, los acusan de extremistas, a quienes imponen su interés, de pragmáticos. Una tiranía sin lógica que pretende sacrificar a los pueblos de provincias marginadas por intereses que buscan enriquecer individuos y financiar proyectos políticos. Los derechos y la Constitución no importan en esta lógica.