Patricia es pequeñita, tiene siete años y varios hermanos. Con dos de ellos tiene que caminar desde su casa en La Tola hasta la Guayaquil y Mejía, donde trabaja su papá. Es 1958. “Dice mi mamá que nos mande para la comida, siquiera unos cinco sucres.” En el camino, Patricia y sus hermanos suelen pasar por una tienda de confites que no pueden comprar. De ahí viene su gusto por los dulces, ahora que puede. Casi siempre, la respuesta de su papá era un “no tengo”. Nunca hubo consecuencias para él, pero sí para sus hijos. Su mamá los maltrataba cuando no volvían con algo. Cuarenta años más tarde, Patricia, que se ha casado y ha tenido hijos, tiene que hacer con su ex esposo lo mismo que hacía con su padre. “Dile a tu papá que mande la mensualidad.” ¿Por cuántos años tendrá que pedir lo que les corresponde por derecho?

A lo largo del siglo XX, las luchas de las mujeres y el uso del derecho les fueron dando mayor amparo a las madres a cargo de sus hijos: pensiones, alimentos, visitas. Eso pensaríamos. Es 2015. Han pasado más de cincuenta años desde que Patricia pasó por la tienda de confites a pedirle cinco sucres a su papá. El siguiente es el testimonio de una médica del hospital del IESS registrado y conocido por la abogada Eli Vásquez: una mujer de 21 años había ido a exigirle a su ex conviviente que aportara dinero para la crianza de sus dos hijas en común. Se armó de valor y se expuso a la humillación como han hecho millones de mujeres por siglos. El padre de sus dos hijas montó en cólera y le clavó el pico de una botella rota en los ojos. En el hospital del IESS, sólo le pudieron vaciar las cuencas. ¿Qué decir ante esto? Un hombre le saca los ojos a una mujer porque demanda su pensión. Esto es real, sucede y se origina en desigualdades tan brutales que pueden terminar llevándose los ojos de una mujer. Llevarse sus ojos. 

Cuando el escándalo del futbolista Enner Valencia, el tema de las pensiones alimentarias y la tabla correspondiente estuvieron en primer plano. Hablaban de las “peloteras”: son guapas, jóvenes, se hacen conocer en círculos de futbolistas, los emborrachan, los seducen y les hacen un hijo. Negociazo. Unas putas.

Ante esto, recurro a personas que saben de fútbol...y de preservativos. Josué relata: “Estoy divorciado y tengo dos hijos. Cuando quise ser padre, supe que tenía que confiar en la persona con quien estaba. Si tengo otra parejas, uso preservativos. Si no lo hago, eso significa que tomé una decisión importante cuando eyaculé dentro de una mujer que no conozco. Desde ese momento, puedo ser el padre de alguien, soy corresponsable. No importa si la mujer usa anticoncepción, yo me protejo, es mi responsabilidad. La madre de mis hijos recientemente compró un automóvil mucho mejor. Si mis hijos van en ese carro, van a estar más seguros. Me parece mezquino pedir cuentas. Cuando hemos tenido conflicto, hemos recurrido al sistema de justicia y a nuestro sentido común. Siempre tendremos dos hijos, fue nuestro regalo mutuo, que atesoro. Nos debemos respeto.”

No todas las opiniones son como las de Josué. Al calor del debate público sobre esto, recibo un correo de Mauro Sevilla -si ese es su nombre real- interpelando la posición feminista en este tema. Esta es su preocupación: “tengo dos dramas con familiares políticas que cumplen todos los parámetros para que uno pueda llamarle 're-pucta' a una mujer que se embaraza y busca toda la plata del padre incauto.” A menos que haya robo de semen, cuyo delito no sé si existe, ¿cómo se hace esto sin una mínima participación del dueño de los espermatozoides? A pesar del tono de la carta, le respondo a Sevilla y rechazo su ataque. Cuando accede a hacer públicos sus correos, pues se trata de una reacción a una columna de mi responsabilidad, me dice: “Quiere decir que tienes muchas amigas, conocidas y puede ser que familiares (¡tú misma?) que entran en la descripción y están embarazándose para heredar y sacar mensualmente para sus gastos a costa de hombres igualmente vividores.” Intento comprender más allá de la verborragia: mujeres como yo, yo misma, escribimos, luchamos, educamos, somos educadas, vivimos para el cálculo y para autoalquilarnos el vientre. Este es el fundamento de la demanda de Sevilla.

Él menciona también una propuesta que, afirma, le hizo a la política María Paula Romo cuando fue asambleísta: “que la mujer alimentada-engordada deba adjuntar las facturas de los rubros de alimentación, vivienda y/o educación para justificar la recepción de la próxima pensión. Si no, no la recibirá, y que la pensión nunca jamás supere un salario básico”. El fundamento de su demanda es obcecado y el mecanisno para ponerla en práctica, denigrante: las mujeres deben demostrar que no están robando el dinero de sus propios hijos. Sevilla no menciona el bienestar de la niñez. Su preocupación se reduce el ingreso. En sus “argumentos”, los hombres aparecen ignorantes de recursos tan elementales como los preservativos o la vasectomía. Esto, claro, no suele existir en la cabeza del eyaculador distraído.

Como le respondo a esta persona, si algo sugiere su carta es que hombres como él pretenden hacer del odio una acción organizada con el falso nombre de propuesta. Ninguna propuesta puede servir para denigrar a las mujeres, los hombres, los niños a nadie, quitarles derechos ni responsabilizar a todas las mujeres por las acciones de una sola por medio de una ley. Ningún argumento sobre pensiones alimentarias, tenencia, reorganización de las familias ni paternidad tiene legitimidad si viene antecedido por el odio a las mujeres. Todo argumento que busca legitimarse por medio de la ley y que se sostiene en el desprecio por un grupo o una persona es una expresión de odio. Así han prosperado leyes racistas, misóginas, fascistas, genocidas. Esta demanda se inscribe en esa noción de la ley. Sólo hay que revisar nuestro código penal y lo que dice de las mujeres, la protesta social, los jóvenes.

Entre la posición de Josué y la de Sevilla hay un amplio espectro. Ni el feminismo es una idealización de las mujeres ni pretende obviar la diversidad enorme de casos de separación de familias y redistribución de ingresos. En casos de explotación de los hijos por parte de la madre, secuestro, prohibición de visitas, se debe usar la ley individualmente, en cada situación. Asimismo, en casos en que la madre tenga ingresos más altos. Y hay algo más obvio todavía: la pensión de alimentos no es para la madre, sino para los hijos. Dicho esto, resulta difícil separar las repisas de la refrigeradora, cortar el jabón, dividir el uso de la electricidad, los megas del wifi, demostrar cuánta agua usó cada persona, quién se acabó los rollos de papel higiénico. Parece risible. A eso puede llegar la mezquindad humana de quien exige cuentas, esos son los riesgos de estas “propuestas”.

En cuanto a la medida coercitiva del apremio personal, es decir, prisión por incumplimiento en el pago de alimentos, es una medida dada por la justicia que tenemos. No tenemos otro sistema. El desempleo, la crisis, la pobreza en que vive la mayor parte de la población en Ecuador, no pueden criminalizarse, y la prisión es una manera de perpetuar la descomposición social. Sin embargo, la medida de apremio ha sido el único recurso con que han contado las familias para demandar su derecho, imperfecta, indeseable y compleja como es esa medida. Es urgente tener estadísticas de cuánto se cumple, cómo funciona como advertencia y cuándo se concreta.

La obligación de cumplir con las pensiones de manera justa es algo más complejo que afirmar simplemente que la tabla o la medida de apremio funcionan sólo a favor de las mujeres. Está la humillación cotidiana de tener que pedir dinero. Está la asociación pensión-afecto y el hecho de que los hijos tengan que presenciar su vida entera discusiones que mezclan las dos cosas. Están la negativa de muchos padres a no pagar como castigo y el secuestro de las madres a sus hijos como chantaje. Están las artimañas a las que recurren padres y madres, como poner sus bienes a nombre de terceros o mentir en sus cuentas para no apoyar a sus hijos. Está el castigo económico por resentimiento. El sistema no funciona para nadie, mucho menos cuando la sanción es el único horizonte. Pero las luchas de las mujeres por no ser humilladas al demandar las pensiones no pueden recurrir sino al sistema que tenemos.

Otro argumento para mantener la medida de apremio es el sistema de justicia que tenemos: los jueces reproducen en los procesos su visión personal de las mujeres y del mundo. Como se ha comprobado hasta la saciedad en casos de femicidio, se humilla a las mujeres exponiendo su intimidad y culpabilizándolas cuando los funcionarios del sistema de justicia operan y deciden atravesados por el machismo y la misoginia que tienen interiorizados, que todos tenemos dentro a menos que decidamos romper con sus dictados. En otras palabras, el sistema de justicia ha operado históricamente dentro de los mandatos del patriarcado. Las medidas que han logrado las luchas que se le oponen son para proteger a los grupos vulnerables de las decisiones que se tomen en esos juzgados, en esas cortes. Muchas veces, es necesario proteger a las mujeres de la misma justicia. Sus testimonios en casos de violación, violencia física, alimentos, divorcio, tenencia, en que han sido humilladas y discriminadas por los mismos funcionarios asignados en sus casos demuestra claramente que el sistema de justicia no opera con justicia de género.

Andrés Ortiz Lemos, columnista de este mismo medio, se ha dedicado a este tema en numerosas columnas. Al referirse a las luchas feministas en estos temas, ha llegado a hablar de parafeminismo, de grupos que “reposan en la base ideológica del marxismo cultural”. Contorsiones teóricas como esta que elaboran argumentaciones desorientadoras, aunque quieran parecer sofisticadas, pretenden desprestigiar las distintas posiciones feministas respecto a la tenencia y las pensiones de alimentos. Cabe decir que dentro de los feminismos hay posiciones diversas y opuestas, de ahí le necesidad de debatir con honestidad intelectual, prescindiendo de estas afirmaciones. Amparado en su llamativo neologismo, el articulista afirma: “En las tablas de pensiones se afirma que un padre deberá otorgar, obligatoriamente, alrededor del 45% de sus ingresos como pensión alimenticia, sin embargo,  la verdad es otra. En efecto, durante  dos meses al año el padre es obligado a desembolsar el 90% de sus ingresos, dejándolo con apenas el 10% para subsistir.” Esto es falso. En Ecuador, la tabla de alimentos es proporcional al ingreso y al número de hijos y se puede consultar aquí.

La lucha no es de hombres contra mujeres, como lo hacen aparecer los argumentos de Ortiz Lemos: “organizaciones sexistas siempre dispuestas a defender una ideología según la cual los hombres heterosexuales son seres esencialmente malos”. Es sorprendente leer algo tan elemental en una columna de opinión, me recuerda al “mal” al que apelaba George Bush durante sus épocas oscuras, o a la obsesión con “el enemigo” del señor presidente de la República. Divisiones demasiado básicas. Si bien el Vaticano tuvo éxito en los años noventa al calificar las teorías de género y el pensamiento feminista como “ideología de género”, como lo cita el articulista, sabemos que se trata de algo más complejo y más amplio: una praxis, un campo de estudios y una manera de comprender el mundo para poder interpelar los órdenes que lo organizan. Pongamos al día la discusión, por lo menos en sus términos.

En este contexto, la revisión de la tabla de pensiones, la tenencia, la medida de apremio personal y sobre todo las relaciones entre justicia de género, capital y alimentos merecen un debate más serio y extendido. Los argumentos sesgados, la repetición de fórmulas jurídicas y la obediencia a normas obsoletas no pueden regir en temas tan urgentes. Ni el padre intachable castrado por el feminismo, ni la mujer fatal, ni el proveedor millonario pueden ser los personajes según los cuales se rijan estas leyes, estaríamos cayendo en una verdadera caricatura.