La Ley de Comunicación se aprobó como un canto a la libertad de expresión. El 14 de junio de 2013 declararon su aprobación como un día histórico para la patria. Inmediatamente los asambleístas correístas corrieron a abrazarse en medio de sollozos.  Mauro Andino, con una voz destemplada de la emoción, aseguró que la ley regulará la comunicación “sin trampas, dilatorias, ni zancadillas”.

Poco después, el presidente Rafael Correa defendió su aprobación. Afirmó que el derecho a la comunicación debe estar controlado por el Estado porque “la información no es una mercancía” y arremetió en duros términos en contra los empresarios de la comunicación. Los acusó de ser magnates mercantilistas. El mandatario agregó que “los medios privados no son libres ni independientes, sino sometidos al capital de los dueños del medio y el de sus patrocinadores”.

“El negocio consiste no en la calidad de la información, sino en la cantidad de ciudadanos”, dijo Correa y con esto cuestionó el histórico reparto deshonesto de las frecuencias de radio y televisión. Miguel Carvajal, asambleísta correísta, llamó a este hecho como un “festín de frecuencias”. Juraron que eso jamás sucedería otra vez.

Apenas un año después, el correísmo tuvo que tragarse sus palabras. Con un reglamento reformó la Ley para permitir la expansión del imperio comunicacional de Ángel González, apodado “El Fantasma”, un empresario mexicano-guatemalteco, cuyas frecuencias de radio y televisión se extienden por todos los países centroamericanos, con excepción de Honduras y Panamá; por México en centro y Norteamérica y por Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Ecuador en Sudamérica. Se calcula en más de 400 millones de dólares el valor de su red de medios compuesta por 40 canales de televisión y más de 70 estaciones de radio, sin contar con repetidoras.

El Fantasma González está en Ecuador desde 1983 y recientemente consiguió el 94% de las acciones del grupo El Comercio. Se trata de un conglomerado estimado en más de una veintena de medios de comunicación entre impresos, radiodifundidos y digitales, todos con presencia en las redes sociales. A esto debe sumarse sus 87 frecuencias de radio y televisión regadas por todo el país, según lo reporta un reciente informe difundido por Plan V y Fundamedios.

Pero estos privilegios a favor de un extranjero suceden en contra de las leyes ecuatorianas. La ley de comunicación expedida por el gobiernismo reconoce como titulares de los derechos de ésta norma solamente a los ecuatorianos y a los extranjeros residentes en Ecuador, así como ordena la terminación de la concesión de las frecuencias de radio y televisión en los casos de concentración, monopolio y oligopolio, prohibidos por la misma Ley y la Constitución. Todo se encuentra en los artículos 2, 112, 113 de la ley, y 17.3 de la Constitución.

Pero para favorecer a su ahora protegido, reformaron la Ley y la Constitución por la vía de un reglamento expedido en el 2014. En cualquier país moderno una norma inferior no puede reformar a una superior. Con esta jugada arbitraria permitieron a un extranjero no residente en nuestro país concentrar decenas de medios de comunicación y crear un monopolio personal en Ecuador.

El poderío empresarial del magnate mexicano concentra 60 medios en Centroamérica y 42 en Sudamérica, sin tomar en cuenta las repetidoras dispersas por todas partes, que solo en Ecuador son 66, según las mismas cifras de la investigación conjunta de  Plan V y otros portales. Eso da la impresionante suma de más de un centenar de medios con cobertura en todo el subcontinente, lo que convierte al imperio de “El Fantasma” en el oligopolio mediático más grande y poderoso de esta parte del mundo.

Las consecuencias son claras. Para Hans Koberstein, profesor de la Universidad de Münster, la estrategia de González es la misma en todas partes y consiste en “en mantener buenas relaciones con el gobierno de turno. Ordena en los telenoticieros un trato favorable a los candidatos presidenciales con más posibilidades de ganar y ofreciéndoles condiciones especiales para la propaganda política”.

Koberstein agrega sobre González que siempre que cualquier presidente “se mostraba descontento por la emisión de informaciones perjudiciales para el gobierno, González se encargaba de suprimir estas informaciones”.  Así El Fantasma se ratifica como el magnate que convierte a la comunicación en una mercancía y a las audiencias en una mercadería.

Con esta perversión los gobiernistas violaron todo. Lo que juraron en sus discursos y consagraron en su Ley y Constitución no sirvió para nada. Con este monopolio y concentración de medios convirtieron a la información, al derecho a la comunicación y a la libertad de expresión en vulgares mercancías. Sometieron a la información a los caprichos de este nuevo dueño, capitalista y magnate, y a ellos mismos convirtieron en los patrocinadores del negocio.

¿Qué pasó con toda su verborrea sobre la terminación del “festín de las frecuencias”? Durante nueve años este gobierno ha repudiado apasionadamente la concentración y la concesión deshonesta de las frecuencias de radio y televisión entre grupos familiares y políticos. Hoy la realidad sigue siendo la misma. Castas enteras permanecen vinculadas a los mismos monopolios que Correa y sus funcionarios prometieron dar cacería. Hasta el correísmo se apropió de un conglomerado de medios públicos que incluye a los incautados, los que, por supuesto, seguirá utilizando descaradamente a su favor mientras permanezca en el poder. ¿Quién dice algo sobre esta concentración mediática hecha por el correísmo al servicio de sí mismo?

Pero hoy están nerviosos y por eso necesitan de un “Fantasma” como González. Están desesperados y recurren a estas “trampas, dilatorias y zancadillas” como una forma de conseguir algo de inmunidad. A través de este artilugio buscan concentrar medios, blindarse y dificultar la expresión de las voces críticas en un sistema oprobioso donde a muchos no les conviene que se sepa la verdad.

@ghidalgoandrade